Judicial
Pandillero menor de edad asesino a dos personas el mismo día en Atiquizaya
Un menor de edad miembro de la pandilla Barrio 18 identificado como Edmundo N., alias “Pimbe”, de 17 años, fue encontrado culpable de cometer dos asesinatos en el municipio de Atiquizaya, en el departamento de Ahuachapán, ejecutados el mismo día, pero en horas diferentes.
De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la República (FGR), el menor asesinó a César Edgardo López Cabezas, miembros de la MS-13 y a Juan Francisco Rodríguez Damas; ambos hechos ocurridos el 3 de enero de 2016.
El Juez de la causa condenó al menor a 12 años de internamiento por cada homicidio, lo que da un total de 24 años; pero debido a la ley en menores ambas penas se cumplen simultáneamente, por lo que solamente cumplirá 12 años de internamiento.
El reporte de los hechos indica que el primer asesinato ocurrió en el caserío Cruz Verde, de la jurisdicción de Atiquizaya, a las 4:00 de la tarde, en perjuicio de César Edgardo López Cabezas; cuando un grupo de pandilleros lo vieron pasar frente a ellos a bordo de una motocicleta, a quien interceptaron, apuntándole con un arma de fuego, comenzando a darle de patadas y golpes, se lo llevan a un lugar apartado, donde lo siguen golpeando y cuando ya estaba en el suelo le sacan la cartera para revisarle el DUI y poder ver donde vivía.
Al verificando que la víctima residía en un lugar donde opera la MS, los sujetos sacan un cuchillo y una navaja, y lo comienzan a apuñalar en el rostro, en la espalda; uno de los pandilleros le dejó caer una piedra en la cabeza, hasta causarle la muerte.
El segundo homicidio en perjuicio de Juan Francisco Rodríguez Damas fue cometido en horas del mediodía del mismo 3 de enero de 2016, en el final de la 2a calle de la colonia San Juan, del cantón Izcaquilillo de Atiquizaya. Cuando pandilleros del Barrio 18 y MS-13 se enfrentaron a balazos, causándole la muerte de Rodríguez Damas, quien casualmente pasaba por el lugar de los hechos.
Judicial
¡Condena insuficiente en Ciudad Delgado! 25 años de prisión por abusar de una mujer ebria y prenderle fuego en sus genitales
Un juez condenó a 25 años de prisión a Carlos Geovanni Castillo Clavel por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras abusar sexualmente de una mujer en estado de ebriedad y luego rociarla con gasolina para prenderle fuego en Ciudad Delgado, San Salvador.
De acuerdo con la investigación de Centros Judiciales El Salvador (CJES), la víctima y el agresor se conocían desde hacía varios años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de septiembre de 2025, en una vivienda de la colonia San Fernando, donde departían junto a una acompañante.
“Castillo Clavel, aprovechando que la víctima permanecía dormida, abusó de ella. Cuando esta recuperó el conocimiento e intentó retirarse, el agresor la detuvo por la fuerza, la amenazó con quemarla y luego roció gasolina sobre sus piernas y área genital, prendiéndole fuego con un encendedor”, detalló CJES.
La acompañante de la víctima despertó por los gritos, salió de la casa en llamas, pero regresó valientemente para rescatarla. La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en el 25% de su cuerpo, lesiones compatibles con abuso sexual y permaneció hospitalizada más de un mes, con su vida en riesgo, según informes del Instituto de Medicina Legal (IML).
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres de San Salvador consideró en su sentencia que el agresor ejerció violencia previa y violencia simbólica al atacar específicamente el área genital de la víctima. Sin embargo, la intervención oportuna de la tercera persona fue clave para evitar una tragedia fatal.
Esta condena ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas en casos de extrema violencia contra las mujeres en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
