Judicial
Caso «Saqueo Público»: Inicia audiencia y FGR presenta acusación formal contra Vanda Pignato
Este domingo se instaló la audiencia inicial contra los implicados en el caso «Saqueo Público», donde se involucra al expresidente de la República, Mauricio Funes, algunos de sus exfuncionarios, sus exesposas, sus hijos y sus suegros, entre otras personas.
El Juzgado 5o. de Paz inició el proceso alrededor de las 10:30 de la mañana, luego que algunos de señalados fueran llevados hasta los tribunales de la capital.
La Fiscalía confirmó en su cuenta de Twitter que el juez decretó reserva parcial en el caso.
Una de las fiscales asignadas aseguró que fue presentada la acusación formal contra la exprimera dama, Vanda Pignato, tal como se había informado en las últimas horas.
De acuerdo con la funcionaria, son 32 personas las acusadas de supuestamente favorecerse con fondos públicos durante la administración Funes entre los años 2009-2014.
Según la FGR, Funes se valió de su puesto para desviar un aproximado de $351 millones de las arcas del Estado a ocho cuentas bancarias, las cuales fueron vaciadas para beneficio de exfuncionarios, familiares de Funes y allegados.
Por este caso fueron detenidos el empresario Miguel Menéndez, más conocido como «Mecafé», y el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas.
Contra el expresidente de la República, Funes, se ha girado orden de captura con la intención de extraditarlo desde Nicaragua donde se encuentra asilado.
En el caso también está implicada la reconocida artista y exsposa de Funes Regina Cañas, conocida como «Tía Bubu».
Desde el principio, la Fiscalía asegura tener pruebas suficientes sobre los ilícitos cometidos en la presidencia Funes para lo cual se habría creado una compleja red.
Este domingo, luego de instalada la audiencia inicial, la FGR publicó en su cuenta de Twitter que: «Fiscalía sostiene en la audiencia que son 14 inmuebles que se han encontrado en esta primera etapa de investigación. De cada uno hay prueba suficiente para establecer la ilegalidad en su compra o venta. Además, de demostrar que Funes utilizó una compleja red de testaferros».
En la audiencia se espera se confirmen las detenciones, se ordene nuevas capturas y el proceso avance a la etapa de instrucción.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
