Judicial
Mujer se aprovechó de la amistad de su hija con una niña para privarla de libertad y llevarla a una fiesta con pandilleros
Una mujer se aprovechó de la amistad que tenía su hija pequeña para presuntamente privar de libertad a una niña para luego llevarla a una fiesta con pandilleros en una colonia del municipio de Apopa, en San Salvador.
Margarita (nombre cambiado protección), de 36 años de edad, vive con su hijo y su hija Camila (identidad cambiada por seguridad), a quienes los había matriculado en un pequeña escuela privada de la zona. Su relación con los vecinos era buena y era socia de una organización comunal, donde gozaba de buena reputación. Sin embargo, una serie de hechos tiempo después la llevaron a que muchas personas cambiaran de opinión sobre ella.
Una de ella era Sonia (nombre cambiado por seguridad) que le tenía tanta confianza que hasta dejaba que su hija, Sabrina -de 10 de edad-, la visitara por la amistad que mantenía con Camila.
Sabrina y Camila compartían no solo las caminatas hacia la escuela sino que eran compañeras del mismo salón. En un inicio eran tímidas, pero con el paso del tiempo se hicieron amigas sin saber que Margarita utilizaría ese recurso para tratar de privar de libertad a Sabrina y entregarla a pandilleros.
Según el expediente judicial, fue la mañana del 29 de mayo de 2017 en el salón de clases cuando Sabrina comenzó a notar una actitud extraña en su amiga, estaba distante y a penas le dirigía la palabra. Sin embargo, fue hasta más tarde que Camila la invitó a su casa porque iban a realizarle una fiesta sorpresa preparada por su mamá.
Ella le respondió extrañada que no iría a la fiesta porque no había ninguna ocasión especial para celebrar y se negó a ir. Ante esto la niña le volvió a decir que su mamá necesitaba hablar con ella.
– ¿Para qué? -le preguntó.
– No sé, ella me dijo que te dijera pero que te tiene preparada una fiesta sorpresa -le contestó con cierto nerviosismo.
A pesar de la presión de su amiga, prefirió alejarse por un momento. En una de las pláticas del recreo, Camila le contó que a su casa llegaban sujetos con apariencia de pandilleros que la aterraban y que le parecía extraña su permanencia ahí, pero que ya se estaba acostumbrando.
La nota
Aunque Sabrina se negó a llegar a la fiesta, ni Camila ni su madre se dieron por vencido. En la tarde, llegaron a buscar a la niña a su casa.
Esa tarde la menor se encontraba sola en la casa porque minutos antes la persona encargada de cuidarla había salido a realizar comprar al mercado mientras ella se quedaba haciendo los quehaceres del hogar.
“Quiero que vayas a hacer una tarea a la casa. Andá a traer tu cuaderno disimuladamente”, le exigió la mujer con un semblante amenazador.
“No han dejado tareas”, le contestó Sabrina. “Andá a traer el cuaderno sino ya vas a ver”, le respondió la mujer. Con mucho miedo la niña entró a su casa a traer el cuaderno ya que debía de escribir, según las indicaciones de Margarita, una nota para su familia donde explicara que debía de irse de la casa.
La mujer le indicó que escribiera en la nota que se iba porque sus papás la maltrataban y que no la buscaran. Sin embargo, Sabrina se negaba a realizar dicha acción, ya que no era lo que sentía. Al ver que no obedecía su petición, le arrebató el cuaderno de sus manos y se lo tiró en la cara. No tuvo otra opción que obedecerla.
Cuando Sabrina escribía la nota, a Camila, que estaba a lado de su mamá, se le comenzaron llenar los ojos de lágrimas. Se le acercó y dio un abrazo fuerte mientras le decía: “Lo siento”, sin entender lo que realmente pasaría ese día.
“Estoy cerca porque estoy en la colonia y me voy con alguien que es una persona educada. No se aflijan volveré muy pronto. Los amo”, rezaba en la primera anotación.
En una segunda página les escribió: “No llamen a la policía porque estoy bien. El día que llegue a sus vidas ya seré toda una profesional”, palabras que eran dictadas por Margarita. Puso la nota sobre una mesa y salieron de la casa rumbo hacia la residencia de la mujer.
El rescate
Margarita entró a las niñas a la casa y las encerró, les dijo que “iría a traer a los bichos”. Se habían quedado solas junto con el hermano mayor de Camila.
Sabrina le reclamó por qué la había llevado ahí y que quería regresar a su vivienda, pero esta no la dejó salir. Para tranquilizarla le mostró collares y pulseras que tenía guardados. En ese momento, ella trató de decirle lo que estaba pasando, pero su hermano no la dejó hablar.
Minutos después entró Margarita con tres sujetos con apariencia de pandilleros, quienes se le quedaron observando a Sabrina. Ella se sintió intimidada y se imaginaba que algo terrible estaría a punto de pasar. Sin embargo, de pronto, alguien tocó la puerta.
Era la mamá de Sabrina, quien inmediatamente tomó a su hija y le preguntó por la persona que la había llevado hasta ese lugar señalando a Margarita. Ambas se fueron del lugar hasta la delegación a interponer la denuncia en su contra.
Dos semanas antes de los hechos, se realizaron los intramuros en el colegio, donde la niña participó como cachiporra y durante el recorrido Margarita se mostró interesada en atenderla dándole agua y tomándole fotos. La niña contó a las autoridades que en ese lapso la mujer se comunicaba con tres pandilleros, los mismo que estaban ese día en la casa.
La Policía Nacional Civil (PNC) arrestó a la mujer bajo el delito de privación de libertar y una de las líneas de investigación es que la menor iba a ser entregada a pandilleros.
Las personas de la comunidad que conocían a la detenida decidieron hacer una recolecta de firmas para sacarla en libertad y lograron darle medidas sustitutivas con la obligación de no acercase a la niña.
No obstante, la mujer enfrentará un juicio en su contra por este hecho. Será el Tribunal Quinto de sentencia de San Salvador quien determinara a partir de las pruebas la responsabilidad penal de Margarita, en la vista pública en los próximos días.
Por: Yéssica Hompanera/ El Salvador Times
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
