La Dirección General de Aduanas de El Salvador firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional con el objetivo de fortalecer el compromiso con la protección de los derechos de las personas en situación de movilidad.

Esta iniciativa que busca proteger a los derechos de las personas en situación de movilidad se desarrolla con el apoyo de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (UNHCR, por sus siglas en inglés).

El acuerdo fue firmado por la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, y el director general de Aduanas, Benjamín Mayorga.

«Este instrumento busca oficializar la utilización de las instalaciones de Aduanas, en los diferentes puntos fronterizos para atender a personas en condición de refugio», detalló la viceministra Portal.

La Dirección General de Aduanas de El Salvador dispone sus instalaciones para implementar iniciativas que beneficien a la comunidad internacional, a fin de ejecutar acciones como compromiso de país, según indicó Mayorga.

Las autoridades mexicanas tratan de identificar dos cadáveres hallados en el río Bravo esta semana, en la frontera con Estados Unidos, incluyendo uno que fue detectado en la barrera de boyas flotantes que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó instalar recientemente cerca de Eagle Pass.

Tanto México como Estados Unidos informaron de las dos muertes como episodios separados y ahora es la fiscalía del estado de Coahuila la encargada de los procesos de identificación de los cadáveres, presuntamente migrantes que perdieron la vida al intentar cruzar irregularmente el río que hace frontera entre ambos países. La causa de las muertes tampoco no ha sido determinada oficialmente todavía.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas dijo en un comunicado el jueves que había recibido un informe el miércoles de “una posible víctima ahogada flotando río arriba” de la barrera de boyas y que notificó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y al consulado de México. La agencia indicó que, más tarde pero el mismo miércoles, se encontró un segundo cuerpo en la barrera flotante.

“La información preliminar sugiere que este individuo se ahogó río arriba de la barrera marina y flotó hacia las boyas”, dijo Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública. “Hay personal apostado en la barrera marina en todo momento en caso de que algún migrante intente cruzar”.

Isabel Turcios, religiosa que dirige la Casa del Migrante de Piedras Negras, indicó que los migrantes siguen cruzando aunque las autoridades estadounidenses pusieron alambre de púas en la zona bajo el puente fronterizo que separa esa localidad de Eagle Pass. En otro punto un poco más distante río abajo, colocaron los 300 metros de boyas.

Normalmente, explicó, lo hacen por una zona cercana al puente, que es donde hay menos agua, y luego caminan río abajo hasta que encuentran algún espacio donde no haya alambre de púas.

Turcios dijo desconocer si hay personas que intentan hacerlo también por la zona de las boyas y mencionó que había notado un aumento en el cauce del río, probablemente porque habían abierto las compuertas de la presa situada aguas arriba.

Los migrantes siguen llegando a montones”, afirmó. “Anoche durmieron unas 200 personas, esta mañana han entrado más de 50 al albergue». Señaló que unos llegan ya con la cita de la aplicación CBPOne pero otros se desesperan, sobre todo madres con hijos. «Se bañan, descansan (en el albergue) y luego van y se lanzan al río» para entregarse del otro lado donde generalmente las procesan.

México había advertido sobre los riesgos que representan las enormes boyas anaranjadas que se extienden unos 305 metros en el río Bravo, que en Estados Unidos se llama río Grande. La barrera que se instaló en julio y tiene la extensión equivalente a tres campos de fútbol, está diseñada para dificultar que los migrantes trepen o naden por debajo de las boyas.

La cancillería recordó el miércoles que México había advertido sobre los riesgos y que la barrera viola tratados sobre el uso del río y la soberanía mexicana. “Externamos nuestra preocupación sobre el impacto a los derechos humanos y seguridad de los migrantes que tendrán estas políticas estatales”, señaló su comunicado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha demandado a Abbott por el muro flotante. La demanda presentada el lunes pide a un tribunal que obligue a Texas a quitarla porque, de acuerdo al gobierno de Joe Biden, problemas humanitarios y medioambientales.

Las boyas son la escalada más reciente en la campaña de Texas por reforzar la frontera, que incluye además el despliegue de alambres cortantes y el arresto de migrantes para acusarlos de invasión de propiedad privada.

Los ahogamientos de migrantes son frecuentes en el río Bravo. El fin de semana del 4 de julio, antes de la instalación de las boyas, cuatro personas, entre ellas un menor de edad, se ahogaron en el río cerca de Eagle Pass.

Los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos han visto una caída del 50 % en la cantidad de migrantes que cruzan la frontera desde que el Título 42 expiró la medianoche del jueves, dijo este domingo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en el programa «Estado de la Unión» de CNN.

“En los últimos dos días, la Patrulla Fronteriza ha experimentado una caída del 50 % en la cantidad de encuentros, en comparación con lo que estábamos experimentando a principios de la semana antes de la terminación del Título 42”, explicó Mayorkas.

Sin embargo, dijo que “todavía es temprano” para una evaluación más sostenida. “Estamos en el tercer día, pero hemos estado planeando esta transición durante meses y meses».

El secretario informó que los agentes de la Patrulla Fronteriza tuvieron alrededor de 6.300 encuentros con personas que cruzaron la frontera el viernes y otros 4.200 el sábado, en comparación con más de 10.000 poco antes de la expiración del Título 42.

El viernes y el sábado, la frontera estuvo relativamente tranquila y hubo pocas señales del caos que se temía de una oleada de migrantes ansiosos por cruzar a territorio estadounidense antes del fin de las restricciones relacionadas con la pandemia del coronavirus.

“No vimos ningún aumento sustancial en cuanto a inmigración esta mañana”, declaró el viernes Blas Nunez-Neto, subsecretario para políticas fronterizas y de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional.

El gobierno de Biden ha asegurado que el nuevo sistema está diseñado para reducir los cruces no autorizados y ofrecer una nueva vía legal para los inmigrantes que pagan miles de dólares a los traficantes de personas para que los lleven a Estados Unidos.

Ahora, Estados Unidos prácticamente prohíbe a los inmigrantes solicitar asilo en el país si no lo tramitaron antes en línea o si no buscaron protección primero en los países por los que viajaron.

Las familias a las que se les permita entrar serán sometidas a toques de queda y monitoreo por GPS mientras avanzan sus casos.

Las vías legales promovidas por el gobierno estadounidense consisten en un programa que permite la entrada de hasta 30.000 personas al mes procedentes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela si presentan una solicitud en línea, cuentan con un patrocinador financiero y llegan por vía aérea.

Se abrirán alrededor de 100 centros de procesamiento en Guatemala, Colombia y otros lugares para que los migrantes soliciten permiso para ingresar a Estados Unidos, España o Canadá. Cerca de 1.000 personas pueden entrar a diario por cruces terrestres desde México, siempre y cuando consigan una cita mediante la aplicación.

Si funciona, el sistema podría alterar fundamentalmente la forma en que los migrantes llegan a Estados Unidos.

Pero Biden, que se postula para la reelección, es objeto de críticas tanto de defensores de los inmigrantes —quienes aseguran que el presidente está abandonando métodos más humanitarios— como de los republicanos, que afirman que está adoptando una postura blanda respecto a la seguridad en la frontera.

El Título 42 estuvo en vigor desde marzo de 2020 y permitía a los agentes fronterizos devolver rápidamente a los solicitantes de asilo a través de la frontera con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19. EEUU declaró el fin de la emergencia nacional, poniendo fin a las restricciones.

Pero aunque el Título 42 impidió a muchos pedir asilo, no acarreaba consecuencias legales, lo que alentaba los intentos reiterados de cruzar la frontera. Después del jueves, quienes crucen de manera ilegal enfrentan la posibilidad de que se les prohíba entrar al país hasta por cinco años, así como posibles cargos penales.