Judicial
«Tengo 30 demonios adentro de mi… no me arrepiento de haberlos matado» dijo el pandillero implicado en el doble homicidio de la zona rosa en enero
La Fiscalía General de la República (FGR) de San Salvador acusó formalmente esta mañana a los pandilleros acusados de haber cometido un doble homicidio en la colonia San Benito, de San Salvador.
Los pandilleros identificados como Oscar Edgardo Archila Chita, alias “Mc Donald”, palabrero de la 18 y Hellen Flores Laínez, alias “Chuky”; fueron acusados por la Fiscalía en el Juzgado 3º de Paz.
El doble homicidio fue cometido el primero de enero de 2019, en la calle Las Palmas de la colonia San Benito, cuando una pareja de jóvenes salían de un bar de la Zona Rosa, de San Salvador.
En su defensa, el implicado en el doble homicidio aseguró que cuando el crimen ocurrió él se encontraba hospitalizado porque días anteriores fue ingresado por haber recibido tres impactos de bala, de un arma calibre 45 mm.
“Yo no sé nada de lo que me acusan, yo tranquilo andaba en mi colonia, no se por qué me ponen que andaba ahí… Ni conozco el lugar donde dicen que fue”, aseguró durante su presentación a los medios de comunicación esta mañana.
Oscar Edgardo Archila Chita, alias “Mc Donald”, palabrero de la 18
Además de asegurar que no cometió el crimen, dijo a los medios de comunicación que tenían en su cuerpo 30 demonios.
Ambos serán llevados hacia bartolinas policiales mientras la investigación en su contra continúa.
La fiesta terminó en tragedia
Las cámaras ubicadas en diferentes ángulos de la calle La Reforma, muestran el trayecto que recorrió la pareja que fue asesinada a balazos a tempranas horas del pasado 1 de enero en la colonia San Benito
León Gámez, 21 años, y Tatiana Lisseth Abarca Rodríguez, de 20, salieron de un bar de la zona y caminaron hacia el pasaje Las Palmas, lugar donde estarían con vida por última.
Antes de sus muertes, se puede ver en el video de las cámaras que tanto León Gálvez y Abarca Rodríguez en el trayecto de la calle fueron acompañados al parecer de un hombre y una mujer.
El primero de ellos, era hombre de naturaleza robusta, con camisa manga larga y con un bolso negro. La otra era una mujer delgada y vestía un suéter negro.
En el video se observa que los dos sujetos iban hablando con las dos víctimas, como alegando o discutiendo y sin que les prestaran mucha atención. Momentos después se escucharon varios disparos y se generó el caos entre los testigos, a eso de las 6:33 de la mañana del 1 de enero.
Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil (PNC), explicó que “existe una línea de investigación sobre las relaciones interpersonales que tuvo la pareja con otros individuos”.
¿Qué pudo generar la muerte de ambos?
Investigadores de la PNC detallaron que al parecer León Gálvez y Abarca Rodríguez tuvieron una discusión con varios sujetos en el interior de un bar situado varios metros de distancia donde fueron asesinados.
Agregaron que al momento del ataque, León intentó defenderse con dos envases de cerveza que tenía en la mano. Otro más quedó en el vehículo.
Los detectives agregaron que los asesinos robaron las pertenencias de la pareja como celulares y otras prendas.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
