Política
Exdiputada Cristina López acusa al PCN de nepotismo reiterado, asegura que no es «la única» dentro del partido
La exdiputada Cristina López, investigada por cobro de salario sin trabajar en Asamblea Legislativa, salió al paso de las críticas sobre el tema de favoritismo en cargos y empleos en el Estado.
López recurrió a su cuenta personal de Twitter para “aclarar”, según ella que no es “la única” dentro del Partido de Concertación Nacional (PCN) beneficiada por la práctica de nepotismo, y justificó que cobró desde EEUU su salario como asesora del partido porque “mi vida corría peligro” en El Salvador.
López quien abrió una declaración en Twitter, colgó 14 mensajes en los que señaló que el “coordinador de grupo parlamentario”, fue “quien me solicitó que no llegara a la Asamblea, y a quien responsabilizó de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia en El Salvador”, escribió. Actualmente el coordinador del grupo parlamentario del PCN es el coronel Antonio Almendariz.
En recientes declaraciones a medios locales, el diputado Almendáriz, reconoció que Cristina López cobró un salario de $2,000 con el cargo de “colaboradora administrativa” por al menos ocho meses, hasta septiembre de 2019.
El diputado aseguró que López asesoraba a la bancada del PCN en “temas de deportes”, pero que al darse cuenta de que no estaba en el país, decidieron suspender su plaza en la Asamblea.
En el hilo de las publicaciones de Twitter, Cristina López señala que “dentro de la fracción (del partido) no soy la única que recibió salario sin llegar, hay muchos más”, y puntualizó sobre cuatro nombres a los que liga a casos de nepotismo que deben ser investigados, menciona al coronel Roberto Leiva, a los exdiputados Elizardo González Lovo, Dagoberto Marroquín y Rafael Machuca.
También acusa al actual presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, de reiterar el nepotismo en el partido con la contratación de Hilda Jiménez, madre de la niña Katya Miranda, quien dice “recibió por dos años salario de Asamblea” pese a que Jiménez se encuentra asilada en EEUU.
“Cuando escucharon rumores de una auditoría, la eliminaron de la planilla, pero en su lugar contrataron a un primo de ella, quien nunca puso un pie más que para firmar contrato, y eso estaba autorizado por el diputado Ponce, quien era coordinador de grupo parlamentario”, detalla López.
En un siguiente mensaje acusa al secretario general del PCN, Manuel Rodríguez, de favorecer a Hilda Jiménez, porque dice “doña Hilda Jiménez es prima de doña Sonia de Rodríguez, esposa del secretario general del PCN por lo que en su contra tal parece que no hay nada”.
Insiste en pedir a la prensa salvadoreña a que investigar la fracción de PCN y asegura “se llevarán muchas sorpresas” en una clara alusión a más casos de favorecimiento de parientes o amigos en cargos dentro de la Asamblea.
López concluyó sus mensajes reconociendo que estas aclaraciones y denuncias “no me exime de culpas ni limpia mis errores” que por ahora la mantiene bajo investigación de la Fiscalía Generala de la República.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
