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Representante legal del empresario Enrique Rais demandará al ex fiscal general de la República, Douglas Meléndez, ante la Corte Federal de EE.UU.
El abogado estadounidense, Jonathan David, apoderado del empresario Enrique Rais, presentará una demanda penal ante una Corte Federal de los Estados Unidos contra el ex fiscal general de la República, Douglas Meléndez, por una serie de irregularidades en su gestión.
Algunos de los casos que el abogado pretende señalar es que el ex fiscal Meléndez forzó a fiscales auxiliares y empleados administrativos de la Fiscalía General de la República (FGR) a aceptar delitos que no cometieron para involucrarlos en el caso Corruptela en el que fueron obligados a rendir testimonios falsos que fueron presentados como prueba principal.
Por otra parte el jurista señalará que el ex funcionario intervino llamadas telefónicas del señor Enrique Rais, sin autorización judicial, para después editarlas, reflejar delitos y utilizarlas como pruebas.
Además lo acusará de llevar a su representado a una sede de la FGR con engaños para luego detenerlo y después negarle el derecho a ser asistido por más de 48 horas. Asimismo de intentar incriminarlo en otros procesos judiciales sin fundamento.
“Estoy en El Salvador para preparar una demanda contra Douglas Meléndez como ex fiscal de este país, bajo la ley ATS (Estatuto de reclamación por agravios contra extranjeros). Hay casos en el pasado que extranjeros han perseguido a oficiales de otros países después de delitos de injusticia y otros casos, Bajo esta ley la Corte Federal en Estados Unidos tiene jurisdicción de cosas que pasaron fuera del país”, mencionó el abogado de Rais.
Según el abogado en este momento se evidencia lo que su cliente denunció por casi tres años, de que fue víctima de una persecución ilegal y arbitraria por parte de Meléndez.
El experto en leyes señala que los hechos por los que se denuncia al exfiscal general, Meléndez, son sumamente «graves». “Estamos hablando de delitos que han afectado derechos fundamentales de mi cliente, quien por más de dos años, se ha visto perjudicado con dos órdenes de captura que son producto de falsedades y violación de derechos a las telecomunicaciones. Es importante que el Sistema Judicial Salvadoreño también corrija la gravedad de lo que se ha hecho con mi cliente”, añadió.
Según el norteamericano, el ex fiscal Meléndez, también quiso incidir en unas investigaciones en Suiza, que fueron producto de denuncias «infundadas» realizadas por los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacchetti; pero que las autoridades Suizas, después de 18 meses determinaron que el empresario Rais no se cometió ningún delito y se cerró la investigación.
“Ahora, resulta que los mismos canadienses, están acá intentando ya por tercera vez promover la misma acción y todo esto se debe a las acciones penales que ilegal y falsamente montó el exfiscal general, Douglas Meléndez, contra mi cliente, ratificó. Por eso es importante que esto se conozca en los Estados Unidos, donde se podrá demostrar que el señor Meléndez ha violado la ley, abusó de su cargo y violado derechos humanos del señor Enrique Rais”, dijo.
El abogado estadounidense agregó además que está a la espera de determinar en qué lugar de Estados Unidos está el ex fiscal Meléndez para presentar la demanda.
Según las redes sociales el ex funcionario Meléndez se encuentra en Estados Unidos donde ha solicitado protección de asilo bajo el argumento de persecución política.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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