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Arquitecto Mauricio Arrieta denunciará al abogado Mario Calderón y las fiscales Noris Marlene Flores y Giovvana Jiménez por falso testimonio, fraude procesal y falsedad documental agravada
Los abogados del arquitecto, Mauricio Arrieta, interpondrán una denuncia en contra del abogado, Mario Calderón y las fiscales Noris Marlene Flores y Giovvana Jiménez por los delitos de falso testimonio, fraude procesal, falsedad documental agravada y atentado relativo al derecho de defensa.
De acuerdo a un comunicado señalan que Calderón, en colaboración con la fiscal Flores, que es comadre del ex fiscal general Douglas Meléndez Ruiz, y la fiscal Jiménez involucraron al arquitecto Arrieta en una denuncia interpuesta por el canadiense Matteo Pasquale.
Los abogados señalan que el arquitecto Arrieta tiene una intachable trayectoria. En su hoja de vida se verifica que es graduado de la Universidad de Lausanne en Suiza; además fue profesor en la facultad de arquitectura de la universidad de El Salvador y profesor de arquitectura y asesor de tesis por cuatro años en la Escuela de Arquitectura de la universidad José Matías Delgado. Actualmente es director y presidente de Arrieta Barrientos Consultores.
También fue nominado arquitecto del año en 1996; premiado por la OPAMSS en 1997 por el edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería; director de la Asociación de Arquitectos (1966-1969), de CASALCO (1981-1982); miembro honorario del Colegio de Arquitectos de El Salvador.
Los abogados explicaron que Calderón, con el afán de manchar la honorabilidad de profesionales decentes, dio falsos testimonios para involucrar al arquitecto Arrieta, como una venganza por ser miembro de la Junta Directiva de MIDES.
Además que provechó la colaboración de la fiscal Noris Flores, comadre del exfiscal general Douglas Meléndez, quien fabricó el caso cometiendo delito de falsedad documental, y de la fiscal Giovvana Jiménez, que cometió el delito de atentado relativo al derecho de defensa.
Los juristas señalan que Mario Calderón también amenazó al arquitecto Arrieta, frente a testigos, en un supermercado, afirmando que “vendrían cosas peores”.
Calderón ha sido acusado por los apoderados legales de MIDES de patrocinio infiel, pues fungió como abogado de confianza de la empresa por muchos años, mientras ventilaba información confidencial de su representado Enrique Pais a sus detractores los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti.
Los extranjeros se encuentran huyendo de la justicia. Sobre ellos pesan tres órdenes de captura internacional, con difusión roja, por el delito de extorsión, entre otros.
Según los abogados del arquitecto, todo el caso, en favor de los extranjeros que además son señalados de pertenecer a una mafia Italo-canadiense fue montado por el ex fiscal general Meléndez y su primo Will Walter Ruiz.
Los abogados del arquitecto Arrieta explicaron que cuando el exfiscal Meléndez y su primo “no tenían cómo sostener las falsedades”, fabricaron nuevos delitos.
Además señalan que su representado fue engañado por la fiscal Noris Flores quien le extendió una certificación en favor el arquitecto Arrieta de que «no tenía ninguna investigación»; sin embargo, la fiscal Jiménez estaba «fabricando el caso”, externaron.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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