Nacionales
Policía ha capturado a 1,037 extorsionistas durante este año en El Salvador
Los planes ejecutados por el Gabinete de Seguridad para desarticular a estructuras de pandillas han dejado como resultado la captura de 1,037 delincuentes que se dedicaban a extorsionar a empresarios y pequeños comerciantes.
Estas detenciones se efectuaron durante el período del 1.º de enero al 31 de octubre de 2022. Según los registros del Ministerio de Justicia y Seguridad, los equipos de investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) que forman parte de la División Antiextorsiones recibieron un estimado de 1,456 denuncias relacionadas con extorsión, las cuales permitieron a las autoridades identificar a cada delincuente para luego arrestarlo.
Los datos policiales consignan que 142 detenciones se lograron en período de flagrancia, mientras que 594 fueron por orden administrativa emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) y 301 por orden judicial.
La más reciente captura por extorsión fue reportada ayer por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien se refirió a la detención de Rosa Margarita Méndez Flores, alias Chele, de quien informó que está vinculada con grupos criminales que delinquen en la zona del mercado La Tiendona, situado al oriente de la capital.
El funcionario detalló que la Policía decomisó a Méndez Flores un vehículo, $460 en efectivo, un celular y cuatro tarjetas de débito, las cuales había obtenido «producto de las extorsiones que esta terrorista ejecutaba».
Fuentes oficiales revelaron que, gracias a la colaboración de la población para denunciar ante la Policía a los extorsionistas, se ha logrado reducir hasta 95 % ese delito; mucho de este esfuerzo tiene que ver con las acciones contempladas en el Plan Control Territorial, que permitieron ubicar a extorsionistas que en su mayoría están perfilados como mareros.
Con el régimen de excepción, tanto la Policía como la Fiscalía han logrado desarticular a varias estructuras dedicadas a exigir dinero, como la intervenida en el puerto de La Libertad que delinquía en los comercios de la ciudad.
Empresarios del transporte también han dado fe de la efectividad de los planes de seguridad que llevado a la cárcel a más de 56,000 delincuentes.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
