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Ministerio de Cultura recibe premio en los Disability Awards 2023
La institución cultural fue galardonada por “crear formatos accesibles para personas con discapacidad visual y porque desarrolla programas de inclusión musical para la niñez y adolescencia con discapacidad auditiva, autismo y discapacidad intelectual”, indicaron los organizadores.
El viceministro de Cultura, Eric Doradea, acompañó la entrega de premios Disability Awards 2023, que la Embajada Británica en El Salvador otorgó este 1 de marzo a 31 organizaciones, empresas e instituciones aliadas por la inclusión, entre las cuales figura el Ministerio de Cultura.
“Como institución de gobierno nos dedicamos a trabajar por la cultura y el arte en el país, reconociendo el acceso a ello como un derecho humano. Por eso, desde nuestra administración trabajamos constantemente por aumentar el acceso de los distintos grupos poblacionales a las diversas manifestaciones artísticas y culturales, y para lograrlo hay que ser inclusivos”, indicó el viceministro Doradea, quien recibió el premio en compañía del coro de manos Sonidos de Esperanza.
El ensamble, que forma parte el Sistema de Coros y Orquestas Juveniles del Ministerio de Cultura, se presentó en el acto bajo la dirección de la maestra Carolina Rodríguez, con las piezas “Eres El Salvador” y “De Centroamérica yo soy”, de la compositora salvadoreña Olga Solórzano.
El coro está formado por infantes desde 8 años, hasta jóvenes y adultos de 35 con discapacidad auditiva que se comunican en Lengua de Señas Salvadoreña (LESSA).
“Hicimos el compromiso por parte de la Embajada Británica hace un año, durante la primera premiación en 2022, de organizar una segunda entrega de los Desability Awards. Nuestra idea era alzar el perfil del tema y compartir buenas prácticas para inspirar a otras organizaciones y empresas a hacer más en este ámbito”, dijo el embajador británico David Lelliott.
Entre las entidades reconocidas hay empresas, organismos internacionales, instituciones deportivas, educativas y públicas, como el Ministerio de Cultura.
Disability Awards es una iniciativa creada por la Embajada Británica en El Salvador, junto con la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS), Índice de Inclusión, Joni&Friends y el diputado del Parlamento Centroamericano David Reyes.
El objetivo de los premios es reconocer buenas prácticas y así inspirar a otras organizaciones a hacer más para incluir personas con discapacidades, tanto por facilitarles el acceso a sus servicios como por contratación.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
