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Jueces que ahora cuestionan “falta de independencia” fueron autores de las más cuestionables sentencias

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Jueces que pronunciaron resoluciones que favorecieron sectores políticos, económicos o del propio gremio reclaman ahora falta de “independencia judicial”

Un reportaje publicado en el periódico “LA PRENSA GRÁFICA” el jueves 20 de enero del presente año bajo el título “Las Cámara de lo Penal están en la mira por falta de independencia” que pretende cuestionar las actuaciones judiciales de los actuales magistrados que integran las tres Cámaras que tienen la competencia en materia penal en el departamento de San Salvador, como consecuencia de haber emitido resoluciones en contra de ex funcionarios de los gobiernos del FMLN y ARENA.

El medio de prensa citado retoma declaraciones de dos ex magistrados que previamente integraron esos mismos Tribunales de Segunda Instancia, se trata de Juan Antonio “Toni” Durán y Martín Rogel Zepada, ambos recordados por emitir fallos cuestionables que reflejaron actos de impunidad para las personas bajo juzgamiento, en varias ocasiones ex funcionarios públicos o empresarios vinculados al poder durante las administraciones gubernamentales de los dos principales partidos de la izquierda y derecha en el país.

Aunque el discurso que ahora sostienen hace referencia a una presunta defensa de la independencia judicial, este medio ha realizado una investigación periodística que demuestra que en su momento fueron los ex magistrados que ahora reclaman quienes se vieron favorecidos por movimientos “irregulares” que afectaron la estabilidad judicial de otros jueces y magistrados, que fueron desplazados para que tanto Martín Rogel como Toni Durán entre otros tomaron un protagonismo que se convirtió en aplicación de justicia selectiva y dictada conforme a la persona que estuviere enfrentando la justicia.

En esta primera entrega recordaremos los hechos que llevaron al epicentro del “poder” judicial a estos jueces que ahora que ven perdidos sus privilegios reclaman que los nuevos funcionarios encargados de administrar justicia en los Tribunales capitalinos carecen de “independencia judicial” y en próximas entregas iremos resaltando

Los cambios masivos de jueces en la CSJ que nadie cuestionó

El 20 de septiembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desarrolló una sesión la cual quedó documentada en la respectiva Acta en la que se realizaron múltiples movimientos de jueces y magistrados con una larga experiencia y trayectoria dentro de sus judicaturas, principalmente en la capital, siendo en su lugar trasladados a sedes en la periferia o degradados a cargos judiciales menores, el principal motivo de trasfondo de aquellos movimientos fue la petición efectuada por el (entonces) Fiscal General Douglas Meléndez, quien públicamente  y entre líneas manifestó que para “combatir” la corrupción requería jueces que atendieran sin conflicto a las solicitudes de fiscalía.

Al frente de aquella acción que fue denominada “MEDIDAS ADMINISTRATIVAS SOBRE TRASLADOS DE JUECES” estuvieron los ex magistados de CSJ Edward Sidney Blanco y Doris Luz Rivas Galindo, quienes sin tomar en cuenta los derechos de jueces y magistrados a la estabilidad en el cargo y a que sus traslados estuvieren fundados en procedimientos previamente establecidos y debidamente motivados. Consta en el acta que uno de los magistrados de la CSJ que aún se encuentra en funciones, manifestó no compartir las acciones emprendidas, pues enviaban un mensaje dentro del Sistema de Justicia y a la Sociedad Civil que se estaban colocando “jueces a la medida” tal y como lo pretendían los grupos de poder del país.

Consultado al respecto el abogado y exfiscal Sergio Portillo Toruño, manifestó que la gran diferencia en aquella decisión de “mover”jueces y el proceso de transformación del sistema judicial consiste en que: “Actualmente producto de la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, existen criterios objetivos y previamente determinados para realizar la selección o traslados de los jueces y magistrados, que antes se hacía al arbitrario del Presidente de la Corte (Suprema de Justicia) y de otros magistrados que controlaban los nombramientos, llamamientos de jueces suplentes y traslados.”

De hecho, en la citada Acta de Corte Plena, consta el punto décimo por medio del cual se limitó el llamamiento de la magistrada Victoria Domínguez Palacios  y en su lugar se nombró a Martín Rogel Zepeda como suplente en la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.

En su caso, en otra decisión de CSJ, Toni Durán que entonces fungía como juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador fue nombrado para cubrir la Cámara de San Vicente y posteriormente a partir del año 2019 sería designado para ejercer como magistrado suplente en la Cámara Tercera de lo Penal.

El “Supra” magistrado Martín Rogel

Ya este medio, publicó en los meses de marzo y noviembre 2019, reportajes donde se evidenciaba el claro conflicto de interés suscitados a partir que el Ex magistrado Martín Rogel Zepeda se encontraba designado en las tres Cámaras de lo Penal de San Salvador, en una de ellas como propietario y en las otras como suplente o interino, con lo cual controlaba los criterios judiciales de esos tribunales, pese al grave riesgo que esta situación representaba en los derechos de los procesados ante la falta de imparcialidad e independencia judicial. No bastando esta situación resulta que Rogel Zepeda también era en ese mismo periodo magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional.

Martín Rogel Zepeda, hermano de quien fuera militante del partido FMLN y Expresidenta de CONAMYPE, Ileana Rogel, después de ser nombrado como magistrado propietario de la Cámara Tercera de lo Penal, recaló en la Cámara Primera de lo Penal de la capital en el mes de noviembre de 2018, al tiempo que el entonces titular de este último tribunal, Carlos Ernesto Sánchez Escobar era designado como magistrado propietario de la Sala de lo Constitucional.

Rogel Zepeda, estando en la Cámara Primera y junto con el Dr. Guillermo Arévalo Domínguez, adoptaron decisiones tan polémicas como dejar libres de cargo al Magistrado de la Cámara Civil, Eduardo Jaime Escalante bajo el presupuesto que “el tocamiento efectuado a la menor víctima no constituía una agresión sexual”. Hasta la fecha el caso de Escalante sigue sin respuesta para la víctima a la espera se realice nuevamente el juicio. También estos mismos magistrados avalaron las confesiones realizadas bajo coacción por parte de cuatro agentes fiscales y dos empleados de la misma Fiscalía, que fueron presionados por sus propios compañeros para brindar declaraciones falsas y así sustentar imputaciones ilegales en el caso “corruptela”; sobre tales declaraciones que no fueron otorgados con plena voluntad por quienes terminaron convertidos en imputados se confirmaron órdenes de prisión preventiva y se declararon otras a personas que inicialmente habían pasado a fase de instrucción sin ninguna medida cautelar.

Una de sus últimas resoluciones polémicas, fue dictada como magistrado de la Cámara Tercera de lo Penal, juntamente con Nora Montoya, al ordenar la libertad del Ex acalde de San Salvador, a pesar que conforme a le ley no podía gozar de ese beneficio al ya tener medidas cautelares impuestas en otro proceso previo.

“Toni” Durán de juez a activista político

En marzo de 2019, la CSJ nombraba como magistado propietario de la Cámara Tercera de lo Penal a Martin Rogel, quien no asumía el cargo porque en ese mismo tiempo se encontraba nombrado como suplente en la Cámara Primera de lo Penal y eventualmente suplente de la Cámara Segunda, también; por ese motivo en su lugar se nombró al Juan Antonio “Toni” Durán para que ejerciera como suplente de la Cámara Tercera.

Durán, quien se había desempeñado principalmente como juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, es primo hermano de Walter Durán, militante del FMLN, este último ocupó cargos como asesor de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Presidencia en el primer gobierno del partido de izquierda y posteriomente también ejerció diversos cargos diplomáticos por el mundo.

Toni Durán, actualmente se encuentra nombrado como juez de Sentencia de Zacatecoluca y en sus declaraciones brindadas a La Prensa Gráfica manifestó que los funcionarios nombrados en septiembre pasado muestran un “clientelismo político y de lealtades personales”  también agregó que “Las Cámaras han perdido el prestigio y responden a lo que por ahora quiera el régimen del señor Bukele”

Estas palabras a criterio de una fuente judicial consultada y que laboró de cerca con Durán mientras se desempeñó como juez tercero de sentencia, son irónicamente más aplicables a la función que Toni Durán realizó en su estancia en la Cámara Tercera de lo Penal, a donde llegó bajo recomendación del Ex magistrado del Tribunal Constitucional, Carlos Ernesto Sánchez, por ser precisamente muy “leal” y “disciplinado”.

De hecho como magistrado de la citada Cámara, juntamente con la ex magistrada Marta Lidia Peraza, exoneraron de responsabilidad penal al representante legal de la empresa INTRADEX, respecto a una millonaria cifra presuntamente defraudada al Fisco bajo el argumento que “se trataba de un error de aplicación de un formulario por parte de la empresa”, por este hecho inclusive se encuentra denunciado en sede fiscal, ante lo que abogados consultados consideraron un claro Prevaricato.

También resolvieron declarar improcedente la solicitud de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) para que se hiciera efectivo un embargo  sobre bienes de la empresa ASTALDI, en Italia, con los que se prentendía recuperar más de $228 millones de dólares defraudados al Estado Salvadoreño.

Durante su tiempo como magistrado de Cámara, también intentó ser tomado en cuenta para integrar la Comisión encargada de evaluar las reformas constitucionales, lo que no consiguió al hacerse públicos sus comentarios “amenazando” de forma digital al Presidente de la República. Desde entonces se ha presentado en distintos foros de oposición y actividades de las que existen serias presunciones son financiadas por otros países, como una supuesta voz que exige “independencia judicial” misma que en el ejercicio de esos cargos le negó a toda la nación, privilengiando intereses de sectores oligarcas y permitiendo la “impunidad” de sus acciones.

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PNC captura en Chiltiupán a hombre señalado como homeboy de la MS-13 con antecedente por hurto

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La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este sábado la captura de César Jeovanny Duarte Joya en el distrito de Chiltiupán, municipio de La Libertad Costa. De acuerdo con la institución, el detenido está perfilado como homeboy de la Mara Salvatrucha (MS-13) y cuenta con antecedentes por el delito de hurto.

Según el informe policial, la identificación del sospechoso fue posible mediante el sistema ONI, una herramienta utilizada por las autoridades para verificar información y alertas relacionadas con personas intervenidas durante procedimientos de seguridad. Tras confirmar sus datos, los agentes procedieron con la detención en Chiltiupán.

La zona de Chiltiupán y otros distritos de La Libertad Costa ha figurado anteriormente en investigaciones contra estructuras de la MS-13. En julio de 2025, la Fiscalía General de la República informó sobre la condena de 56 integrantes del denominado programa Porteños, entre ellos miembros de la clica Chiltiupanes Locos Salvatruchos, por delitos cometidos en distintos puntos de la costa de La Libertad entre 2015 y 2020.

Las autoridades no detallaron en el reporte inicial si Duarte Joya tenía una orden judicial pendiente adicional ni el delito específico por el que será procesado tras esta captura. La PNC mantiene operativos para localizar a personas señaladas de pertenecer a estructuras de pandillas que aún permanecen en libertad.

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Denuncian presunto envenenamiento de perros en cantón Yomo, Alegría; al menos cuatro animales han muerto

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Habitantes del cantón Yomo, en el distrito de Alegría, Usulután Norte, denunciaron públicamente una serie de casos en los que varios perros habrían sido envenenados. Según el reporte difundido por residentes de la zona, al menos cuatro caninos han sido encontrados sin vida en los últimos días, la mayoría de ellos sobre una misma calle del cantón.

La situación ha generado preocupación entre las familias del sector, quienes temen que continúen apareciendo más animales afectados. Los denunciantes aseguran que los perros habrían ingerido algún tipo de sustancia tóxica, aunque hasta el momento no existe un informe oficial que determine qué producto fue utilizado ni quién estaría detrás de los hechos. Los vecinos han pedido la intervención de las autoridades para investigar lo ocurrido y evitar nuevos casos.

En El Salvador, la protección de los animales de compañía está respaldada por la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal, que reconoce a los animales como seres sintientes y otorga al Instituto de Bienestar Animal facultades para investigar, rescatar y dar seguimiento a denuncias de maltrato. Además, el Código Penal contempla penas de entre dos y cuatro años de prisión para quien provoque lesiones, sufrimiento o daño a animales de compañía, sanciones que pueden incrementarse en determinadas circunstancias.

Mientras se esclarece lo ocurrido, los residentes del cantón Yomo solicitan una investigación que permita determinar si las muertes están relacionadas entre sí y establecer responsabilidades en caso de comprobarse un envenenamiento deliberado. El llamado principal de la comunidad es prevenir que más animales resulten afectados y garantizar la seguridad de las mascotas que permanecen en la zona.

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Motociclista muere tras impactar contra separador de carriles en carretera a Sonsonate, en Izalco

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Un motociclista perdió la vida la mañana de este sábado 12 de septiembre tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera que conduce hacia Sonsonate, a la altura del sector conocido como Piedras Pachas, en el distrito de Izalco, municipio de Sonsonate Este. De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima impactó contra el separador de carriles mientras se desplazaba por la zona.

Personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudió al lugar para atender la emergencia; sin embargo, al llegar confirmó que el motociclista ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento no se ha informado públicamente la identidad de la víctima ni se ha detallado si hubo otros vehículos involucrados en el percance.

Las autoridades realizaron la inspección correspondiente en la escena para tratar de establecer qué provocó el accidente. El reporte inicial no atribuye el hecho a exceso de velocidad, distracción u otra causa específica, por lo que será la investigación la que determine las circunstancias exactas del siniestro.

El hecho se registra en medio de una elevada siniestralidad vial en El Salvador. Los últimos datos disponibles del Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabilizaban 15,609 siniestros, 10,974 personas lesionadas y 1,003 fallecidas entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2026.

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