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Judicial

Presentan nueva denuncia penal contra Salume y el alcalde de Santa Teca, Roberto d’Aubuisson por graves delitos

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El abogado Sergio Portillo Toruño interpuso una nueva denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del señor Salume y el alcalde de Santa Tecla Roberto d’Aubuisson por violación a la ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) al continuar la ampliación del botadero de La Libertad, y su uso ilegal, sin los permisos correspondientes.

La acción del abogado ambientalista se deriva luego que al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). le han presentado cuatro Recursos de Revisión y Reconsideración sobre el ilegal funcionamiento del botadero de cielo abierto, los cuales aún están pendientes de resolución. La base de la solicitud son los artículos 91 y 97 de la Ley de Medio Ambiente, por lo que Portillo Toruño considera que de oficio debe iniciarse procedimientos sancionatorios contra los señalados.

En dichos recursos, se pide  dejar sin efecto el permiso de funcionamiento del “Proyecto de ampliación del relleno sanitario de La Libertad”, por incumplimientos, deforestación y depredación de  la flora y fauna y mal funcionamiento.

La alcaldía de Santa Tecla firmó un contrato con el botadero ilegal en la zona costera pese a no contar con los permisos ambientales ni de funcionamiento, según conoció.

Una auditoría hecha pública de Corte de Cuentas de la República en 2019 confirma que cuando se llevó a cabo la negociación ilícita, no tenían los permisos y por lo tanto no podían hacer entre ellos los contratos, lo cual lo convierte en una estafa, pues “utilizaron y malversaron fondos públicos”, detalla.

DENUNCIA A EXMINISTRA DE MARN, LINA POHL.

El abogado ambientalista Portillo Toruño también presentó en la Fiscalía, en junio 2015, una denuncia penal contra la exministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, a quien se pidió se investigue por la contaminación ambiental provocada por el botadero a cielo abierto del señor Salume, 

En la denuncia penal interpuesta por el abogado se pidió al ministerio público que se investigue a Pohl por los delitos de actos arbitrarios y contaminación ambiental en perjuicio de la administración pública, ya que habría concedido permisos de funcionamiento a un botadero de basura propiedad del señor Salume, sin que tuviera la capacidad para procesar todos los desechos que recibe.

De acuerdo con el abogado, la ministra Pohl otorgó un permiso al referido botadero para que recibiera hasta 500 toneladas de basura diarias, ya que esa es su capacidad máxima, pero desde el mes de mayo de 2018 el mencionado botadero está captando a diario 620 toneladas de desechos de la alcaldía de San Salvador, excediendo los límites autorizados.

La situación está poniendo en inminente riesgo a los habitantes de las al menos seis comunidades aledañas al botadero, ya que son más de 1,200 toneladas de basura diarias las que recibe, cuando la capacidad máxima es 500.

Por esta situación el Juzgado Medioambiental con sede en la Libertad impuso medidas cautelares al referido botadero del señor Salume, de modo que el abogado Sergio Ernesto Portillo Toruño solicitó que la FGR deduzca la responsabilidad de la exministra Pohl ya que se le advirtió de esta situación sin que tomara cartas en el asunto

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FGR logra la primera condena de prisión perpetua en la historia del país

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Carlos Arturo Herrera Castro fue condenado a prisión perpetua por los delitos de homicidio agravado y robo en perjuicio de Alexis López Córdova, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la información proporcionada, el día del crimen Herrera Castro atacó a López Córdova con piedras hasta causarle la muerte, con el objetivo de robarle su dinero.

El hecho ocurrió en mayo de 2026, en el cantón Teosinte, en Arcatao, Chalatenango Sur.

La sentencia fue emitida por el Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador y constituye, según la FGR, la primera condena de prisión perpetua en la historia del país.

La Fiscalía señaló que esta condena fue posible tras la reforma al artículo 27 de la Constitución y a las leyes penales secundarias, vigentes desde abril de 2026.

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Judicial

Condenan hasta a 880 años de prisión a 65 mareros

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Un total de 65 pandilleros de la MS fueron condenados a penas que, en conjunto, alcanzan hasta 880 años de prisión, luego de ser encontrados culpables de múltiples delitos cometidos entre 2012 y 2018 en los distritos de Chapeltique, Ciudad Barrios, El Tránsito y San Miguel.

Entre los hechos atribuidos a esta estructura criminal se encuentra el homicidio de una de sus víctimas, quien fue privada de libertad en la colonia Prados de la Ciudad, en San Miguel. Posteriormente, los pandilleros la aislaron, golpearon y apuñalaron hasta causarle la muerte.

Además, los imputados fueron declarados responsables de 22 homicidios, ocho casos de privación de libertad, 13 casos de extorsión agravada, agrupaciones ilícitas y otros delitos.

La Fiscalía General de la República (FGR) continúa obteniendo condenas contra integrantes de esta estructura criminal por los diferentes delitos cometidos en perjuicio de la población.

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43 integrantes de la MS-13 enfrentan juicio por agrupaciones ilícitas en San Miguel

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Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.

Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.

Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.

Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.

Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.

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