Judicial
Dura condena por violar y agredir sexualmente a menor de edad cuando salían a predicar en Apastepeque
Cruz Sánchez, de 47 años, se aprovechó de la confianza que la familia de un menor de 12 años le tenía por congregarse en la misma iglesia, para agredirlo y violarlo sexualmente cuando salían a predicar al área rural del municipio de Apastepeque.
La ingenuidad y curiosidad del menor lo convirtieron en víctima del imputado, que en junio y julio del año 2014 recibió tocamientos eróticos en misiones religiosas en varias fechas y lugares rurales y desolados.
Después de esos actos sexuales previos se concretó posteriormente el acceso carnal vía anal.
La Fiscal del caso de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia de la oficina de San Vicente, logró que fuera condenado a 19 años de prisión por los delitos de Violación en Menor e Incapaz y Agresión Sexual en Menor e Incapaz.
El proceso penal enfrentó controversias jurídicas entre los jueces y el fiscal porque desde un inicio la representación fiscal ordenó la detención administrativa del imputado por la violación y la agresión sexual.
Sin embargo, en junio del año 2018, cuando el caso llegó a vista pública, el juez de sentencia unipersonal de San Vicente decidió juzgarlo únicamente por la violación al considerar que la agresión sexual era subsumida por el primer delito.
En ese momento, el 15 de junio del año 2018, Sánchez fue condenado a 14 años por la violación. El Fiscal del caso apeló ante la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección del Centro el sobreseimiento por la agresión.
Posteriormente, el tribunal superior le dio la razón a la representación fiscal y ordenó un nuevo juicio por el delito de agresión sexual que se desarrolló ayer, en el que el imputado solicitó un proceso abreviado en el que aceptó haber realizado previamente a la violación en diferentes fechas y lugares tocamientos eróticos en el menor.
En este segundo juicio se le impuso 5 años más por la agresión sexual, sumado a los 14 por la violación hacen un total de 19 años de prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
