Judicial
9 pandilleros son condenados a 35 años de prisión por matar a joven en bartolina policial de La Unión
Fiscales de la Unidad de Vida de la oficina de La Unión lograron demostrar que nueve miembros de la pandilla 18 sureños, vapulearon a un joven de 20 años al interior de una celda de las bartolinas de la delegación de la Policía Nacional Civil de La Unión que le causó la muerte.
Los terroristas integrantes de un grupo identificado como Flores Locos Sureños se mantenían recluidos en la cárcel, cuando el 9 de febrero del año 2020, la víctima Josué Porfirio Fuentes Melara de 20 años, ingresó después de ser detenido por el delito de Resistencia.
El joven manifestó pertenecer a la pandilla 18 por eso fue llevado a esa celda. Sin embargo, el grupo de condenados lo desconocieron y aproximadamente a las 7:00 de la noche lo comenzaron a vapulear.
Posteriormente, el grupo de pandilleros gritaban que había un recluso enfermo. La víctima se encontraba inconsciente y fue trasladado al hospital nacional de La Unión, donde falleció.
Las investigaciones a través de las pericias forenses determinaron que la causa de muerte de Fuentes Molina fue por “trauma cerrado de abdomen, tipo contuso”, por los golpes recibidos.
En el juicio en el Juzgado de Sentencia de La Unión, con base a las diferentes pruebas, se les impuso una pena de 35 años, a cada uno de los pandilleros por el delito de Homicidio Agravado.
Los sentenciados fueron identificados como: José Aníbal Hernández Pérez, Kevin Alexander Bonilla Maldonado, Enzo Antonio Fernán Escobar, Agustín Alberto Jiménez Granados, Antonio José Hernández Turcios, Alexander Josué Guevara Sagastizado, José Aldair Alvarado Bonilla, Steven Noé Reyes Mejía, y Edwin Josué Canales Castro.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
