Nacionales
El Salvador se coloca a la vanguardia en detección de COVID-19 con caninos entrenados
El Gobierno de la República permanece en la constante implementación de estrategias que contribuyen a prevenir los contagios de COVID-19 y mantener así las bajas cifras de contagios y fallecidos por la enfermedad.
Por ello, caninos de Protección Civil, Bomberos, Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada fueron entrenados y acreditados para salvar vidas gracias a su olfato altamente sensible; cinco de estos ejemplares tienen la capacidad de detectar el virus del COVID–19 en humanos, incluso en condición asintomática.
El Salvador se convierte así en uno de los pocos países de América Latina en contar con perros adiestrados con olfato sensible, que abonarán a salvaguardar vidas mediante la detección temprana de enfermedades.
Los 24 participantes del 57° curso internacional del Método Arcón recibieron su acreditación luego de realizar 500 horas de aprendizaje teórico-práctico en técnicas de detección del COVID-19, además de otras enfermedades como el dengue y cáncer.
Uno de los caninos también se especializó en búsqueda e identificación de personas atrapadas entre escombros. El apoyo de las unidades caninas ha sido clave para las distintas labores de rescate que realizan los equipos de Protección Civil, Bomberos, Policía y la Fuerza Armada.
En la región, El Salvador es el único país que cuenta con caninos entrenados para este fin, con el propósito de detectar oportunamente a personas contagiadas con el virus y los demás padecimientos.
Con este tipo de apuestas, se refuerza a las instituciones de primera respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil, que buscan en todo momento salvaguardar la vida de la población salvadoreña.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
