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Judicial

Sujetos acusados de quitarle la vida a dos repartidores de comida rápida son enviados a juicio

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Pandilleros acusados de la desaparición y asesinato de Diego Miguel de León Sibrián y Wilmer Vladimir Escalante, dos repartidores de comida rápida, fueron enviados a juicio.

Los imputados fueron perfilados como miembros activos de la pandilla Barrio 18, y operaban en el sector de la Residencial Nuevo Lourdes, en el municipio de Colón, departamento de La Libertad. El crimen se cometió en ese lugar en el año 2020.

Luis Eduardo Cruz, Raúl Erasmo Alfaro Pérez, Fernando Antonio Guillén, Sergio Alcides Reyes y Robin Antonio Bonilla enfrentarán el juicio por la desaparición y posterior asesinato de dos trabajadores de una empresa de comida rápida.

Durante la segunda audiencia, el fiscal del caso aportó suficientes elementos probatorios al Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla, entre documentos, pericias y el testimonio de un testigo criteriado, que establecen que los acusados fueron los encargados de llevar a Diego y Wilmer hasta una cancha de baloncesto ubicada en la zona de donde los desaparecieron el 27 de noviembre de 2020, y cuyos cuerpos fueron ubicados y exhumados el 22 de enero de 2021, en medio de unos cafetales en la zona rural.

Cabe destacar que dos imputados más -quienes fueron detenidos durante el régimen de excepción- enfrentarán aparte audiencia preliminar.

El caso denominado “China Wok” cobró mucha connotación en su momento por la forma en que las víctimas fueron desaparecidas y asesinadas, pues se trataba de dos jóvenes a quienes se les truncó su futuro por el simple hecho de no aceptar ser parte de esos grupos delincuenciales que operaban en la zona en mención.

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Imponen 50 años de prisión a sujeto por homicidio agravado

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Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron contundentes para condenar a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán, por el delito de homicidio agravado derivado del maltato infantil contra su hijo de cinco meses.

El 20 de noviembre de 2024, el imputado quedó a cargo del cuido de su hijo, mientras su compañera de vida y su hijo mayor salieron de la casa de habitación a visitar a un familiar cercano.

Minutos después de haberse ido, el sujeto llamó por teléfono a su compañera de vida para reportarle que el niño presentaba complicaciones de salud y era necesario llevarlo a pasar consulta a la Unidad de Salud de Rosario de Mora, jurisdicción donde ellos residían.

El niño fue atendido en esa clínica, pero a causa de su cuadro clínico fue referido de emergencia al Hospital Nacional Saldaña, lugar donde murió el mismo 20 de noviembre.

De acuerdo con el reporte fiscal, la causa de la muerte fue un trauma cráneo-encefálico de tipo contuso, compatible con maltrato infantil, lesiones que fueron ocasionadas por su padre.

Por estos hechos, el sujeto fue capturado, procesado y condenado con base a la prueba documental, pericial y testimonial.

Los 50 años de prisión fueron establecidos en Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en presencia del imputado.

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FGR habilita primera fase para devolución de dinero a afectados por CREDICASH

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Con el fiel compromiso de velar por los intereses de la población honrada, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, anunció en conferencia de prensa que se iniciará con la devolución de dinero al primer grupo de afectados por el esquema de captación ilegal de fondos que implementó CREDICASH, a través de Gerson Adriel Orellana Ayala.

Según el funcionario, en este primer grupo hay 212 personas que fueron engañadas y depositaron entre un dólar hasta cinco mil dólares. Las víctimas ya presentaron la respectiva denuncia y todos los documentos relacionados al origen lícito de los fondos. El monto a devolver sobrepasa el millón de dólares y se prevé que este proceso se realice durante diez días hábiles.

Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 8 mil 654 denuncias y desde el centro de levantamiento de datos se seguirá trabajando para dar una respuesta seria y transparente a los afectados, siempre y cuando demuestre la legalidad de los fondos depositados.

De acuerdo al Fiscal General, al iniciar el proceso, se recibían entre 20 y 30 denuncias diarias, pero al saber que el proceso era ordenado y confiable, las víctimas se fueron acercando a la institución y se llegaron a atender entre 300 y 400 personas al día, con tendencia a la alta. «Es una forma positiva en que la Fiscalía ha hecho llegar el mensaje a las personas afectadas, este es claro y transparente», precisó el funcionario.

Finalmente, el Fiscal General dirigió un mensaje a las víctimas e indicó: «Tengan por seguro que los afectados serán llamados de manera ordenada por los canales oficiales de nuestra institución; lo haremos de una manera personalizada porque las víctimas son lo más importante, a quienes nos debemos y tenemos que atender».

Del proceso y esquema de defraudación

Por orden de la Fiscalía se capturó a Gerson Adriel Orellana Ayala, en marzo de este año, por los delitos de defraudación a la economía pública, bajo la modalidad de captación ilegal de fondos, así como lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.

En la investigación se estableció que la estructura captaba a las víctimas a través de redes sociales y mediante recomendaciones de otras personas, ofreciendo supuestas ganancias.

«El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos inversionistas para cumplir obligaciones con quienes habían confiado su patrimonio previamente. Esta dinámica permitió que miles de personas fueran engañadas», mencionó el fiscal.

Asimismo precisó en que CREDICASH no cumplió con ninguna de las regulaciones establecidas para este tipo de empresa. «Si no hubiéramos intervenido a tiempo, se hubiera dado un colapso y todas las víctimas hubieran perdido su dinero», recordó el fiscal Delgado.

El total de lo inmovilizado en las cuentas del imputado fue de $11,023,972.49 y el dinero encontrado en efectivo fue de $27,550,750.20 dólares.

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FGR acusa a más de 560 pandilleros de la «18» por miles de crímenes

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El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.

Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.

Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.

La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.

Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.

Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.

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