ENTREGA ESPECIAL
“Ningún violador merece perdón ni olvido”: el calvario de la esclava sexual de un hombre que lleva 20 años protegido por el estado venezolano
“Yo tenía 18 años”, repite insistentemente Linda Loaiza López Soto, como si quisiera asegurarse de que era demasiado joven para el horror que vivió. De hablar sereno, pero firme. Responde a las preguntas con el cuidado de quien no quiere olvidar lo importante. Veinte años del dolor que apenas menciona, del que no quiere profundizar, quizá porque como dijo al final de la entrevista “cuando es necesario, lloro” y a veces lo que entendemos es el refugio más importante hay que administrar mejor.
Durante cuatro meses, 112 días exactamente, desde que fue secuestrada en marzo 2001, su victimario Luis Antonio Carrera Almoina, a quienes en la prensa llamaron el “Monstruo de los Palos Grandes”, la violó, la mutiló y la convirtió en esclava sexual, hasta el 19 de julio cuando fue rescatada. Y ahí empezó el otro crimen: con el que lleva 20 años luchando, el de la impunidad. De la entrevista que en exclusiva le concede a Infobae, se revela que tiene muchas cicatrices, pero la herida de la justicia aun sangra, deforme y atroz. Y no solo para ella sino para varias mujeres abusadas por el hombre que sigue en libertad. López no fue la primera y tampoco ha sido la última de víctima del monstruo.
Desde que la rescatan hasta que la llevan a prestarle atención médica pasaron cinco horas. “Lo había perdido todo, mi familia estaba desmoronada, yo en cualquier momento podía fallecer, aparte de todo el tiempo que estuve en cautiverio, mi vida estuvo en peligro. Tengo 15 operaciones muy comprometedoras, dos del páncreas, son de gran envergadura para una persona, yo tenía 18 años”.
“Desde el momento en que mi hermana me rescató, no ocurre nada, las instituciones del Estado no dictaron las medidas de protección que debían, desde allí comienza la falla”, dice la ahora abogada Linda Loaiza López Soto.
El apellido de quien la secuestró, violó y torturó, Luis Antonio Carrera Almoina, no es cualquiera, es parte de una familia reconocida en el mundo académico venezolano. Su padre es el destacado escritor, miembro de la Academia Venezolana de Letras y ex rector de la Universidad Nacional Abierta, doctor Gustavo Luis Carrera Damas. Y sus tíos son el historiador Germán Carrera Damas, colaborador de la Unesco y presidente del Comité Internacional de Redacción de la Historia General de América Latina y Jerónimo Carrera Damas, quien al morir en el 2013 era el presidente del Partido Comunista de Venezuela.
Para que se realizara el juicio Linda Loaiza, a secas, como todos la llaman, tuvo que hacer una huelga de hambre durante 13 días. “Eso me llevó unas 6 o 7 semanas de un proceso de juicio, audiencias, ofensas, atropellos, donde no se valoró mi testimonio”.
En octubre del 2004 la juez Rosa Cádiz absolvió a Carrera Almoina de todos los cargos. Él dijo que la joven había llegado golpeada a su casa y que no denunció porque ella no quería implicar a personas allegadas. En un nuevo juicio el individuo fue sentenciado por lesiones gravísimas y privación de libertad, por lo que estuvo preso durante seis años. Siguen pendientes los delitos de violación e intento de homicidio.
Por su parte, hoy en día, Linda Loaiza subraya que recibe mucha solidaridad a través de mensajes, “Algunas personas piden perdón por no haber actuado efectiva ni activamente desde el año 2001 hasta ahora”.
Necesaria justicia
Recientemente en Venezuela se viralizó el “yo sí te creo”, al estilo de “me too”, para apoyar a las víctimas de acoso o violencia sexual, que revelaron entre otros al escritor Willy McKey, nombre verdadero Willy Joseph Madrid Lira, quien se suicidó luego de las denuncias de abuso sexual, de las cuales el Ministerio Público inició una investigación sobre él y Alejandro Sojo y Tony Maestracci, por los presuntos delitos de violencia y abuso sexual.
Ante eso, Linda Loaiza escribió un hilo a través de Twitter dirigido al fiscal Tarek William Saab, recordándole la sentencia de la CIDH. “Yo simplemente escribí ese tweet esperando una respuesta que no he conseguido aún”.
-¿La impunidad en su caso es un aliciente para que los depredadores sexuales, los violadores, sientan que en Venezuela pueden cometer este tipo de delitos y no pagar por ellos?
-Sí, por supuesto, porque si hace 20 años atrás, el Estado, las instituciones, el sistema de justicia hubieran dado un mensaje diferente a los agresores, a los violadores, pero al no brindarme justicia, al no emitir una sentencia de justicia ejemplarizante en favor de las mujeres, el mensaje que le sigue brindando el Estado a la sociedad es que a los hombres que cometen delitos, no los vamos a sancionar. Ese es el mensaje que le ha enviado la Justicia a la sociedad venezolana desde hace 20 años. Ellos tienen la oportunidad de reconocer, rectificar y sancionar a cualquier hombre que comete estos delitos.
-¿No consiguió a funcionarios que se identificaran con su causa o interés en hacer justicia?
-Sí. Encontré gente interesada y también indignada con mi causa, se veía, pero también hay gente temerosa, una sociedad de cómplices que prefieren callar y avanzar sin apoyar a otros.
-¿Cree que fue intencional para proteger al victimario o solo que a usted no le creyeron?
-Cuando se trata de delitos contra la mujer, básicamente no nos creen. Mi hermana fue varias veces a denunciar mi desaparición y no le tomaron la denuncia, hasta que ella recibió amenazas por parte de la persona que me tenía en cautiverio a mí. ¿Puedes imaginar la incredulidad?
-Quizá no creyeron tal horror o el cinismo por parte de Carrera Almoina.
-Yo estaba en riesgo de muerte, como lo certifican los informes médicos, peritaje, policía, y según lo registran las actas policiales, desde el rescate estuve de 10 de la noche, que pudieron transcribir un acta procesal, hasta las 3 y media de la mañana cuando ingreso a un hospital. El chofer de la ambulancia consultó con la fiscal si colocaba la sirena.
-¿Quién era la fiscal?
-Rodríguez González (Capaya Rodríguez González, actual Viceministra del régimen venezolano para Asia, Medio Oriente y Oceanía)
-¿Cuál fue el argumento para denegarle justicia?
El ciudadano Luis Carrera es hijo del ex Rector de la Universidad Nacional Abierta y ese era su carnet de presentación para lograr impunidad ante los delitos que cometió en mi contra. Las instituciones no han hecho nada por lograr justicia, ni a mí ni a tantas víctimas.

-Me avergüenza que ese atroz crimen esté impune, porque hemos tenido mujeres en cargos relevantes: la fiscal Luisa Ortega Díaz, la presidente de la Asamblea Nacional Cilia Flores, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estela Morales Lamuño y Gladys María Gutiérrez Alvarado. Uno creería que por condición de género hubiese interés en que haya justicia en un caso como el suyo.
-Que haya mujeres en cargos reconocidos no indica que se garanticen los derechos de la mujer. En esos cargos, con mujeres, lo que he visto es una figura utilizada. Con respecto a los derechos de la mujer, no hay garantías. No hay protección a nuestros derechos, y si alguien tiene dudas, que lea el libro que recientemente he publicado, vea las veces que he acudido al sistema de justicia. No he recibido una respuesta durante 20 años. Recientemente salió el testimonio de la señora Zuleima Yamilet Arráiz, otra víctima de Carrera Almoina y no se ha abierto una investigación, no se ha procedido a brindar justicia a las víctimas.
-Lo que usted cuenta me lleva a concluir que somos muy vulnerables en una sociedad que se preciaba de ser democrática. En su caso no hay dudas o sospechas, porque los daños físicos son demasiado evidentes. ¿Quiénes son los fiscales y jueces que han tenido su caso?
-Sería un reto a la memoria recordar el nombre de cada uno de ellos, pero puedo decirte que hay más de 90 jueces y 10 fiscales en este país, que conocieron mi caso. El expediente pasó por recusaciones y no se garantizó justicia, por lo que acudí, en el año 2007, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en el año 2018 condena al estado venezolano por las diversas violaciones a los DDHH en mi contra y en contra de mi familia. La CIDH categorizó que los delitos cometidos en mi contra fueron esclavitud sexual y tortura cometidos por un particular favorecidos por el Estado. El Estado venezolano no ha cumplido la sentencia de la Corte Interamericana y he luchado por obtener normativas de protección a las mujeres, niñas y adolescentes; mientras el Estado no cumpla yo seguiré mi lucha.
Defensora de mujeres
En esta conversación con Infobae, Linda Loaiza reitera, “yo continúo buscando justicia para mí y por supuesto, para todas las mujeres a nivel nacional e internacional, sobre todo en la cultura de las nuevas generaciones, porque es muy importante la formación de personas con valores, con equidad, con justicia. Por eso continúo”.
-¿Cómo pudo pasar de ser una víctima a ser una defensora de los Derechos Humanos de las mujeres?
-Fue una sobrevivencia en todos los sentidos, desde varios ángulos y frentes: luchar por la parte médica, mi recuperación, luchar para mantenerme socialmente, intentar la parte legal. Fue una lucha bárbara por resistir, por buscar justicia; creo en mí misma y en la lucha que he dado. Desde el momento de mi rescate, el 19 de julio de 2001, atravieso por un sinfín de atropellos, incluso durante el traslado en ambulancia hasta el hospital.
-¿Qué ha hecho Linda Loaiza en estos 20 años, además de exigir justicia y tratar de sanar mental, física y emocionalmente?
-Además de luchar por justicia, en el camino decidí estudiar Derecho, me gradué de abogada e hice una Especialización en Derechos Humanos de las Mujeres; me dedicó a asesoría en estos temas.
-Y personalmente, ¿cómo se rehace la confianza en la gente después de lo que le sucedió?
-(silencio corto) Para sobrevivientes de delitos relacionados con la sexualidad, como la violación, es muy difícil relacionarse y enfrentar la sociedad, es un gran reto. Durante estos 20 años he estado acompañada por terapeutas, tanto psicológica como psiquiatra y en algunas oportunidades he estado medicada, cuando ha sido necesario; he contado con el apoyo de mis padres y de mis hermanas y hermanos, he buscado especialistas en el tema. He hecho un esfuerzo, he mantenido la perseverancia, la constancia para alcanzar la justicia, con disciplina. Las víctimas y sobrevivientes requieren, para su desarrollo en la sociedad, lograr justicia.
-Es un capítulo no cerrado, entonces.
-Sí, porque todavía mi caso permanece en la impunidad. Junto a Luisa Kislinger publicamos el libro “Doble Crimen”, sobre este caso y la lucha que hemos tenido. Está a la venta en todo el país, también en Alemania, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Italia y Japón, además de Amazon. Este libro es mi testimonio, el reflejo de lo que ocurre en Venezuela, y que deben conocer las futuras generaciones.
-¿Qué les diría a las jovencitas de hoy a la vista de la amarga experiencia que vivió?
-Que ante cualquier delito de violencia, deben denunciar. Es importante informar a las autoridades y buscar ayuda de cualquier institución, organización, de cualquier profesional, a fin de protegerse, hay que formalizar las denuncias, acudir a las instituciones correspondientes, al Ministerio Público, obviamente, y denunciar cualquier delito que pudiera estar sufriendo una mujer, una adolescente, también perseverar y buscar justicia. Es un camino largo, duro.
-¿Cómo se supera?
En mi experiencia, pienso que esto no se supera, este sufrimiento, esta afectación. Este tipo de delito no se supera, se aprende a convivir con ese dolor, y es allí donde alcanzar la justicia se vuelve una necesidad para la sobreviviente. Eso es indispensable para cualquier sobreviviente, al menos para continuar la vida, para cerrar un capítulo y seguir.
-¿Cree que eso sea suficiente?
Bueno, hay una frase con la que pedí terminara mi libro Doble Crimen; “Nada se parece tanto a la injusticia que la justicia tardía”. Yo sigo en mi lucha y sigo esperando respuesta de las instituciones que profanan la garantía, el respeto a los DD.HH., de la justicia y de todos estos derechos que deben ser garantizados.

-Sí, doble crimen
-En el libro “Doble Crimen, Tortura, esclavitud sexual e impunidad”, publicado por la Editorial Dahbar, está su testimonio, está la historia, pero no solo del horror que padeció como víctima de Carrera Almoina sino de los largos 20 años de no desfallecer en búsqueda de la justicia.
-¿Por qué el libro se llama Doble Crimen?
-Un crimen el que cometió Luis Carrera en mi contra y el otro crimen el que sigue cometiendo el Estado al no garantizarme justicia. Es Doble Crimen, es tortura y esclavitud sexual, los que mencionó la Corte Interamericana en la sentencia condenatoria contra el Estado y la palabra impunidad, porque estos 20 años no he tenido justicia por parte del estado venezolano.
-Antes de que sucediera este hecho atroz, ¿qué planes tenía en su vida?
-Bueno, quiero decirte que amo los animales y estudié durante ocho años Zootecnia, yo me gradué a mis 17 años de Técnico Medio en Producción Animal. Realmente, lo que deseaba era ser Médico Veterinario, pero tuve que direccionar mi vida, por los hechos a los cuales sobreviví, aunado a la necesidad de justicia, a lo que vi y oi en los pasillos del sistema de justicia, los testimonios que escuché de mucha gente y el temor a seguir en una sociedad que no garantice los derechos de la mujer.
-¿Pudo volver a confiar en algún hombre en su vida?
-Hay una frase que mi papá me dijo antes de salir del hospital, “recuerda que no todos los hombres son iguales”. Yo sé que mi papá y mis hermanos tienen respeto por las mujeres. Esa frase la llevo tatuada en mi mente, aprendí a no juzgar a todos por una persona en específico. Con eso aprendí que no todos los hombres son malos.
-Usted resume en que Carrera Almoina es malo. ¿Puede alguien así ser perdonado?
-Ningún agresor, ningún torturador, ningún violador, merece perdón ni olvido. Lo que ellos merecen es sanciones, ser condenados, ser apresados, ser privados de libertad para evitar que otras mujeres, otras niñas, otras adolescentes, corran peligro.
No soy la única víctima
Hoy tiene 38 años, pero cuando el horror tocó a su vida, apenas era una jovencita de 18 años, que había egresado como Técnico Medio en Zootecnia, vivía en el andino estado Mérida, junto con sus padres, oriundos de Colombia, Viajó a Caracas, la capital del país, para ‘salir adelante’. Razona en que no tenía una posición social reconocida. “Venía saliendo de la adolescencia”.
-Hay casos simbólicos a nivel mundial y se hace justicia, aunque a veces tarda. Insisto en una pregunta del principio, ¿por qué cree que hasta ahora su victimario Luis Carrera Almoina ha logrado salir impune?
-Porque tiene una sociedad de cómplices que sigue cubriendo, que sigue permitiendo este tipo de delitos, ahí tienen “las vacas sagradas” y hay instituciones, específicamente, las del sistema de justicia, que permiten y facilitan, que dejan que este tipo de delitos se sigan cometiendo sin sancionar.
-Lo pregunto, no desde la generalidad, sino desde la particularidad. ¿Por qué él logra salir impune, y en otros casos no ha ocurrido así?
-Porque Luis Antonio Carrera Almoina, quien es el agresor, violador y torturador en mi caso, y en el caso de otras víctimas de delitos que no se han sancionado, es el hijo del señor Luis Gustavo Carrera Damas, quien era para el 2001 el Rector de la Universidad Nacional Abierta, hermano del famoso Luis Carrera Damas, que uno era del Partido Comunista, el otro a los escritores. En fin, era un grupo de intelectuales que tocan cualquier puerta, piden cualquier favor y es allí donde yo lo llamo sociedad de cómplices al permitir que estos crímenes se sigan manteniendo impunes y no sancionados.
-Esa familia ha permitido que un integrante, no sé si hay otros, pero al menos Carrera Almoina, sea el victimario de un crimen atroz sin castigo.
-Yo no soy la única víctima de Luis Antonio Carrera Almoina. Hay varias víctimas y el sistema de justicia lo sabe y las tiene identificadas; él ha tenido denuncias antes de mi caso. Ya antes había víctimas que han huido porque las amenazas de la familia Carrera las aterra. Sin duda, hay un patrón establecido, no solamente de conducta sexual desviada.

-¿Se han cuantificado las víctimas de ese individuo?
Más de media docena.
-Durante el transcurso de esta entrevista, siempre se ha referido a Luis Antonio Carrera Almoina como “ciudadano”, lo hace con serenidad y no expresa ira ni odio, ¿Qué siente hoy después de 20 años de lo ocurrido?
-Mi objetivo y mi intención al acudir a las instituciones, es lograr justicia, no tengo intenciones de venganza, mi única lucha ha sido por la justicia, será que por eso nota mi serenidad. No lo sé.
-¿Aún siente miedo? ¿Llora?
-El miedo es un sentimiento que nunca debe desaparecer, porque en algún momento lo vamos a necesitar, hasta por defensa propia. Tengo mucho cuidado, y bueno, llorar también es necesario para sanar el alma, y para lavar los ojos.
-Insisto en la pregunta, ¿tiene miedo? ¿llora?
Tengo cuidado y cuando es necesario, lloro.
ENTREGA ESPECIAL
¡De caminar entre lodo a recibir una respuesta de Bukele! MOP inicia obras en calle donde niños sufren para llegar a la escuela
Lo que comenzó como una denuncia ciudadana en redes sociales terminó provocando una respuesta del presidente Nayib Bukele y la intervención del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Habitantes del caserío Catarina, cantón Paratao, distrito de Victoria, en Cabañas, expusieron las difíciles condiciones del camino que utilizan diariamente los estudiantes para llegar a su centro educativo. Las imágenes mostraron una vía deteriorada, con abundante lodo y charcos que complican el desplazamiento de los menores, especialmente durante la temporada de lluvias.
@christianguevarasv El Presidente @Nayib Bukele respondió a madre de familia y niños que solicitan que arreglen la calle que caminan a diario hacia su escuela. Muy pronto tendrán su calle bonita 🥹 Poco a poco 🙏 #respuesta #nayibbukele #elsalvador #escuelas #calles ♬ sonido original – Diputado Christian Guevara
La denuncia se volvió viral por el testimonio de una mujer de la comunidad, quien pidió ayuda al mandatario para reparar la calle. La habitante explicó que los niños deben atravesar tramos llenos de agua y lodo para asistir a clases, pese a que en la escuela se les exige presentarse con los zapatos limpios. La situación evidenció una dificultad que afecta a las familias de la zona rural, donde llegar al centro escolar puede convertirse en un desafío cotidiano.

El presidente Bukele respondió públicamente a la petición el pasado 10 de octubre y aseguró que el Gobierno atendería la necesidad de la comunidad. El mandatario expresó: «Con mucho gusto llegaremos a arreglar el camino a la escuela de esos hermosos niños que son el futuro de nuestro país». También reconoció que existen numerosas comunidades con necesidades de infraestructura acumuladas durante décadas y señaló que las intervenciones continuarán de manera progresiva.

Tras la respuesta presidencial, el Ministerio de Obras Públicas anunció el inicio de la intervención en el caserío Catarina, con el propósito de mejorar las condiciones del camino y facilitar la movilidad de estudiantes, docentes y habitantes. La actuación representa un primer paso para atender la solicitud que alcanzó difusión nacional. Sin embargo, todavía no se han precisado públicamente la extensión total del tramo que será mejorado, el presupuesto destinado ni la fecha prevista para concluir los trabajos.

La problemática vial de Paratao no es reciente. Una investigación periodística publicada anteriormente documentó las dificultades que enfrentan habitantes de esta zona de Cabañas para desplazarse hacia escuelas, hospitales y otros servicios esenciales. El reportaje describió una carretera de aproximadamente 36 kilómetros entre Victoria y el caserío Papalón, de los cuales solo una pequeña parte contaba con pavimento o empedrado. Aunque no se ha establecido que toda esa ruta forme parte de la intervención anunciada, el antecedente demuestra que el deterioro de los caminos rurales ha sido una preocupación persistente para las comunidades del sector.
Ahora, la atención se concentra en que los trabajos anunciados se traduzcan en una solución duradera para las familias de Catarina. El caso también refleja cómo una denuncia difundida en redes sociales puede llevar una necesidad comunitaria hasta las autoridades nacionales. Para los estudiantes, la expectativa es sencilla: contar con un camino transitable que les permita llegar a sus clases sin tener que atravesar el lodo cada vez que llueve.
ENTREGA ESPECIAL
A 40 años del terremoto de 1986: los 10 segundos que devastaron San Salvador y dejaron más de 1,500 muertos
Este sábado 10 de octubre de 2026, El Salvador recuerda una de las tragedias más dolorosas de su historia. Hace exactamente 40 años, a las 11:49 de la mañana del viernes 10 de octubre de 1986, un terremoto de magnitud 5.7 sacudió violentamente San Salvador y convirtió en escombros edificios, viviendas y centros de trabajo. Bastaron aproximadamente 10 segundos para cambiar la vida de miles de familias y dejar una profunda huella en la memoria colectiva de los salvadoreños.

El movimiento telúrico tuvo su origen en fallas geológicas locales, a poca profundidad y muy cerca de la capital, factores que explican su enorme capacidad destructiva. La tragedia dejó aproximadamente 1,530 personas fallecidas, 10,000 heridas y alrededor de 200,000 damnificados, según estimaciones históricas. Las pérdidas materiales alcanzaron unos 1,031 millones de dólares, una cifra devastadora para un país que, además, atravesaba uno de los períodos más difíciles del conflicto armado.

Uno de los episodios más dolorosos ocurrió en el edificio Rubén Darío, ubicado en el centro de San Salvador, cuya estructura colapsó y sepultó a cientos de personas. También resultaron gravemente afectados el Gran Hotel San Salvador, el edificio Dueñas, el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom y numerosas construcciones históricas. La escuela Santa Catalina, en el barrio San Jacinto, fue otro de los escenarios de la tragedia. Incluso el Monumento al Divino Salvador del Mundo sufrió daños cuando la imagen cayó de su pedestal, convirtiéndose en una de las fotografías más recordadas de aquel desastre.

En medio del caos, los gritos de auxilio y las calles cubiertas de escombros, surgieron innumerables historias de solidaridad. Socorristas, bomberos, voluntarios y ciudadanos trabajaron durante horas y días para rescatar sobrevivientes, utilizando herramientas improvisadas y, en muchos casos, sus propias manos. Equipos de emergencia de Guatemala se sumaron a las labores de búsqueda, mientras cientos de familias permanecían en las calles por temor a nuevas sacudidas. Durante los cuatro días posteriores se registraron centenares de réplicas que prolongaron la angustia de una población golpeada por la pérdida de sus seres queridos.

Cuatro décadas después, el terremoto del 10 de octubre de 1986 sigue siendo una herida abierta en la historia salvadoreña, pero también un recordatorio de la importancia de la prevención, las construcciones seguras y la preparación ante emergencias. Aunque San Salvador ha cambiado su paisaje urbano y muchas de las estructuras destruidas desaparecieron, los recuerdos permanecen entre quienes sobrevivieron a aquella mañana. Hoy, el país honra a las víctimas, reconoce la valentía de los rescatistas y recuerda que, en apenas 10 segundos, una ciudad entera puede cambiar para siempre.
ENTREGA ESPECIAL
Abogados denuncian presunta injerencia de juez de EE. UU. en proceso penal de El Salvador
Representantes legales vinculados a Terra Towers y TBS Management solicitaron la intervención de la Fiscalía y Cancillería ante decisiones del juez federal Lewis A. Kaplan que, según sostienen, han producido efectos sobre actuaciones judiciales y bienes relacionados con un proceso penal abierto en territorio salvadoreño.
Abogados acuden a Fiscalía y Cancillería
Dos abogados salvadoreños acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar la intervención de ambas instituciones frente a una serie de decisiones adoptadas por el juez federal estadounidense Lewis A. Kaplan, del Distrito Sur de Nueva York.
Los representantes legales de Terra Towers Corp. y TBS Management plantearon mediante escritos formales lo que consideran una injerencia en la jurisdicción salvadoreña, al sostener que determinadas resoluciones dictadas en Estados Unidos han terminado repercutiendo sobre procedimientos judiciales que se desarrollan en El Salvador.

La controversia forma parte de una prolongada disputa empresarial por el control y eventual venta de Continental Towers Latam Holdings Limited, compañía dedicada al desarrollo y operación de infraestructura de telecomunicaciones en varios países de América Latina.
Documentos del tribunal federal estadounidense identifican a Terra Towers y TBS Management como accionistas mayoritarios de Continental, mientras que Telecom Business Solution y Latam Towers —vinculadas a Peppertree— y AMLQ Holdings figuran entre los inversionistas minoritarios. El mismo expediente señala que AMLQ es una afiliada de Goldman Sachs.
Una disputa empresarial que llegó a los tribunales
El conflicto entre los socios terminó trasladándose a un arbitraje en Nueva York y posteriormente a los tribunales estadounidenses. Desde entonces, las partes han protagonizado una extensa batalla jurídica que ha producido laudos arbitrales, órdenes judiciales, sanciones por desacato y decisiones relacionadas con el control y las acciones de Continental Towers.
La protesta presentada en El Salvador sostiene que las consecuencias de algunas de esas decisiones habrían trascendido la controversia estadounidense y alcanzado a sociedades y procedimientos sometidos a la jurisdicción salvadoreña.

Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con una resolución emitida en abril de 2025. Según los escritos de los abogados, Kaplan dispuso el desistimiento de un amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, además de la revocación de un arbitraje iniciado ante la Cámara de Comercio e Industria del país.
La medida contemplaba multas coercitivas que comenzaban en $10,000 diarios y podían incrementarse cada 14 días mientras persistiera el incumplimiento. Los representantes legales salvadoreños sostienen que esa presión económica llevó a la representante de Continental Towers El Salvador a desistir del proceso constitucional.

El traspaso de las acciones eleva la controversia
El conflicto escaló nuevamente en 2026.
De acuerdo con la documentación presentada por los abogados, el 21 de enero de 2026 se produjo una nueva decisión relacionada con la entrega de las acciones que Terra Towers y TBS Management mantenían en Continental Towers Latam Holdings.
Posteriormente, el 7 de mayo, Kaplan declaró en desacato a las sociedades y estableció un plazo para concretar el traspaso. Ante el incumplimiento de la orden, el secretario del tribunal estadounidense quedó facultado para ejecutar los documentos necesarios para efectuar la transferencia.
Esta parte del conflicto también consta en el expediente federal de Nueva York. La resolución del 7 de mayo señala que Terra Towers y TBS Management habían incumplido una orden que exigía transferir sus acciones como satisfacción total o parcial de una sentencia superior a $300 millones a favor de los peticionarios. El tribunal estadounidense sostiene que las sociedades habían desobedecido reiteradamente resoluciones anteriores.
Esta última precisión resulta relevante porque muestra las dos posiciones enfrentadas: mientras los representantes salvadoreños cuestionan los efectos que las decisiones estadounidenses habrían producido sobre asuntos sometidos a la justicia de El Salvador, el tribunal de Nueva York sostiene que sus actuaciones forman parte de la ejecución de laudos arbitrales y sentencias previamente dictadas dentro de esa controversia.
Denunciantes señalan efectos sobre un proceso penal salvadoreño
Para los abogados que acudieron a la FGR y Cancillería, el problema adquiere una dimensión mayor porque el traspaso de las acciones habría generado consecuencias sobre bienes relacionados con un proceso penal que permanece activo en El Salvador.
El expediente es conocido por el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador e incluye señalamientos por los delitos de estafa agravada, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas contra cinco personas relacionadas con la disputa empresarial, según la documentación proporcionada por los denunciantes.
Los representantes legales afirman que existen órdenes de arresto contra los procesados y señalan que entre ellos figuran tres ejecutivos estadounidenses relacionados con Peppertree, a quienes describen como fugitivos. Asimismo, indican que esperan la tramitación de una difusión roja de INTERPOL para su localización y detención. La documentación base no señala que esa difusión roja ya haya sido emitida.
Terra Towers, TBS Management y las subsidiarias salvadoreñas aparecen, de acuerdo con los escritos, como víctimas reconocidas dentro de esa causa penal.
Piden valorar una protesta diplomática
Ante este escenario, los abogados solicitaron que las autoridades salvadoreñas informen al Gobierno de Estados Unidos sobre las actuaciones que cuestionan y que se valore la presentación de una protesta diplomática.
El argumento central de los denunciantes es que las resoluciones adoptadas por el tribunal de Nueva York podrían reducir la eficacia práctica de medidas dictadas por la justicia salvadoreña, especialmente aquellas relacionadas con consecuencias patrimoniales dentro del proceso penal.
El caso abre así un nuevo capítulo en una disputa corporativa que dejó de limitarse hace tiempo a un desacuerdo entre accionistas. El conflicto involucra ahora arbitraje internacional, resoluciones de una corte federal estadounidense, procedimientos judiciales en El Salvador y cuestionamientos sobre hasta dónde pueden extenderse los efectos de decisiones adoptadas en una jurisdicción extranjera.
Por ahora, la calificación de estas actuaciones como una “injerencia” corresponde a los abogados que presentaron los escritos ante las autoridades salvadoreñas. En paralelo, el expediente estadounidense muestra que el tribunal de Kaplan considera sus decisiones parte de la ejecución de obligaciones contractuales, laudos arbitrales y sentencias que ha confirmado durante el litigio. En junio de 2026, el mismo tribunal confirmó el laudo arbitral final y rechazó la solicitud presentada para anularlo.






