Judicial
Cliente de prostíbulo intenta robarle el teléfono a una trabajadora y termina asesinado por pandilleros
El Tribunal 2° de Sentencia de Santa Ana envió a la cárcel a dos pandilleros al ser encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado y homicidio tentado en perjuicio de dos clientes de un prostíbulo en las inmediaciones del parque de Colón, de la ciudad santaneca.
Los condenados son Wilfredo Adonay Raymundo, de 22 años, y Erick Ernesto G., de 32.
El orden de los hechos indica que el 17 de enero de 2018 “Medellín”, testigo en régimen de protección, vio en un prostíbulo y cantina a tres personas (que también eran clientes del antro, ubicado en las cercanías de un parque de Colón), entre ellos Kevin Omar Morales Martínez.
Los tres estaban consumiendo bebidas alcohólicas cuando uno de ellos intentó quitarle el teléfono celular a una trabajadora del lugar y al no lograr su cometido los tres decidieron irse del sitio. Uno de los amigos y Kevin Omar se fueron a una Despensa Económica, mientras que el tercero se quedó en un parque.
Kevin Omar y su amigo iban caminando por la calle cuando una camioneta se paró y de ella se bajaron dos pandilleros y obligaron a los tres hombres a entrar al carro, donde los estaban otros mareros.
Mientras el vehículo iba en movimiento los terroristas comenzaron a golpear a las víctimas hasta que llegaron al tope de una calle donde bajaron del vehículo a Kevin Omar.
Mientras le daban una golpiza a la víctima, Wilfredo Adonay y Erick Ernesto (los ahora condenados) sacaron navajas y lo hirieron del rostro hasta que murió desangrando.
El tercer amigo reaccionó a tiempo y empujó a uno que lo tenía sujetado y se fue huyendo en dirección a un hospedaje donde pasó la noche.
A la mañana siguiente salió y se dirigió a una caseta policial para contar a los agentes lo que había sucedido, al tiempo que ellos recibieron una llamada del hallazgo de un cadáver por lo que relacionaron el relato del testigo con la localización del fallecido.
Un testigo ayudó a las autoridades a la identificación de la víctima y de dos de los culpables, que fueron capturados a las 3:30 de la tarde del día siguiente entre la 14ª. Avenida Sur y 11ª. Calle Poniente, de Santa Ana.
Los arrestados fueron acusados ante el sistema judicial donde el Tribunal 2° de Sentencia validó las pruebas recolectadas en la investigación y el relato del testigo y los encontró culpables.
Se les impuso una pena cárcel de 20 años por el asesinato de Kevin y 10 años por el intento de homicidio, totalizando 30 años tras las rejas.
Por: El Salvador Times.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
