Judicial
Estrecha colaboración entre Fiscalía y EE.UU. concreta extradición de pandillero
Un coordinado trabajo entre la Fiscalía General de la República y las autoridades judiciales de los Estados Unidos llevaron recientemente a feliz término el proceso de extradición de Eduardo Portillo, pandillero de la MS acusado de asesinar a Javier Castillo, de 15 años; hecho ocurrido en Long Island en el año 2016.
Seth D. DuCharme, Fiscal de los Estados Unidos en funciones para el Distrito Este de Nueva York, destacó el trabajo coordinado que se tuvo con las autoridades locales, principalmente con la Fiscalía General de República para agilizar este caso y llevar ante la justicia estadounidense al imputado.
“Deseo agradecer a la Fiscalía General de la República de El Salvador por su crucial asistencia durante el presente proceso de extradición”, destacó DuCharme.
Las investigaciones establecen que el 10 de octubre de 2016 el imputado Eduardo Portillo junto a otros pandilleros más convencieron a Castillo, que vivía en Central Islip, de ir con ellos a Freeport, aproximadamente a 30 millas de distancia a un área aislada de pantanos en Cow Meadow Park, Freeport, donde lo atacaron y lo mataron, turnándose para cortarlo con un machete. Posteriormente cavaron un hoyo y enterraron el cuerpo que no fue recuperado sino hasta un año después de ocurrido el hecho, en octubre de 2017.
Posterior al homicidio el imputado viajó a El Salvador siendo arrestado en el municipio de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, el 23 de febrero de 2019; y extraditado el pasado jueves 5 de noviembre del presente año.
“La extradición del acusado Portillo demuestra la determinación de las fuerzas del orden de llevar ante la justicia a todos los pandilleros que cometen crímenes violentos en nuestro distrito, sin importar en qué parte del mundo puedan correr y tratar de esconderse”, declaró el Fiscal DuCharme.
Además del asesinato del joven Javier Castillo, Portillo enfrenta 89 cargos más junto con otros 22 miembros de la MS-13 por delitos de crimen organizado, asesinato y tráfico de drogas.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
