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Cafetalero José Antonio Salaverría denuncia intromisión de embajada Británica a favor de proceso penal contra Davivienda
El empresario y cafetalero, José Antonio Salaverría, denunció a la embajada Británica de intentar interferir en un proceso mercantil contra el Banco Davivienda de El Salvador para tratar de evitar que se cumpla una sentencia en firme del embargo de 49 millones 314 mil 303 dólares por daños que le hicieron con un procedimiento financiero irregular.
“Referencia al estado de este proceso y solicita que se emita una decisión a la mayor brevedad posible en cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo”, requerimiento sobre el que dicho Tribunal, en forma transparente, únicamente dejó constancia, pero omitió hacer pronunciamiento alguno en razón de que “dicha sede diplomática no indica si pretende intervenir en este proceso ni alega un interés legítimo”, es un extracto de la nota emitida por la sede diplomática.
Por lo tanto, José Antonio Salaverría instó a la Embajada Británica en el país para que no continúe con este tipo de intromisiones en asuntos internos, que en sí mismas constituyen un irrespeto palmario a las instituciones del Estado y atentan contra la soberanía nacional.
Además, Salaverría destacó el trabajo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremas de Justicia (CSJ) catalogándolo de imparcial y transparente.
“Ha puesto coto a las injerencias, por parte de la referida legación diplomática acreditada en el país, en los asuntos internos”, indicó el empresario.
Asimismo, hizo un llamado a la sociedad civil a estar atenta y vigilante ante este tipo de actuaciones que atentan no solo contra la independencia judicial de El Salvador, sobre todo contra nuestro sistema democrático.
Anteriormente, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), un aviso penal contra miembros de la junta directiva del Banco Davivienda, por presuntamente haber publicado datos falsos en el balance general correspondiente al mes de julio, donde según Salaverría la entidad financiera deja entrever que obtendrá un fallo favorable en el recurso que interpuso en la Sala de lo Constitucional para evitar pagar una millonaria demanda.
De acuerdo a Salaverría, la acción de la junta directiva del Banco Davivienda fue un «irrespeto al sistema judicial», ya que es un engaño a los depositantes, accionistas y bolsas de valores, ya que el valor del banco no es el que publican; hecho que calificó como «temerario».
“Presentamos una demanda penal contra algunos miembros de la junta directiva del banco Davivienda por haber publicado datos falsos en el balance del 30 de julio preocupa que los depositantes del banco y la bolsa de valores tengan datos publicados en esa situación, está en los periódicos del 31 de julio”, mencionó Salaverría.
Los demandados por Salaverría y que forman parte de la junta directiva de Davivienda son Gerardo Simán, María Eugenia Brizuela, Moíses Castro Maseda y Freddie Frech, más la contadora del banco Ashali Julieta Baños.
Luis Mario Pérez Bennet, abogado del demandante explicó que pidieron al fiscal general de la República, Raúl Melara, que “secuestre” los libros de la junta directiva para corroborar la veracidad de los señalamientos que les imputan en su contra e indagar si existen otros hechos antijurídicos dentro de la junta directiva del banco.
Pérez Bennet agregó que la institución bancaria refleja que “Iba obtener fallo favorable en el recurso de amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional para evitar el pago del embargo de $49.3 millones”.
“El estado financiero en referencia manifiesta que y que una vez que se audita exonera del pago al que fue condenado el banco Davivienda por la Sala de lo Civil, lo cual nos resulta temerario e irresponsable, pero además podría dejar en duda la honorabilidad de los miembros de la Sala de lo Constitucional”, explicó el abogado.
La problemática entre ambas partes data desde hace 11 años, cuando Davivienda antes era HSBC, entidad crediticia a la que Salverría recurrió para adquirir un crédito, del cual se atrasó con una cuota de 160 mil dólares, por lo que el banco le notificó el embargo.
24 horas después de la notificación, Salaverría envió a su entonces abogado, Fabio Castillo, para pagar el monto total del préstamo para librarse de los compromisos, pero el dueño del banco, Gerardo Simán, le dijo que no podrían recibirle el pago y que harían cumplir el embargo de la garantía.
Luego de que esto le generó la quiebra económica y “la muerte civil”, pues no volvió a ser sujeto de crédito de la banca nacional, recurrió a las autoridades correspondientes para poder hacer valer sus derechos.
De acuerdo al proceso legal, Davivienda tiene una deuda con Salaverría de US$47,352.124.00 más el 12 por ciento por costas procesales, daños y perjuicios, que hacen un total de más de US$49 millones.
“El día que nos llamaron para decirnos que todo estaba terminado, nos llamó Gerardo Simán. Ese día, para que veamos las inconsistencias, ese día procesamos 5,200 quintales oro. Y también en esa temporada hicimos 250 mil quintales, un millón de quintales uva, teníamos 7 beneficios operando en el país, 16 puntos de recaptación”, explicó el cafetalero.
Según Salaverría, el banco violó el convenio que se había firmado además con City Bank y Banco Hipotecario. Luego de un año, señaló, preparó su defensa y el 7 de octubre de 2009 inició el proceso para ejercer sus derechos a fin de demandar a HSBC, hoy Davivienda, por daños y prejuicios.
A consecuencia de este proceso, el veredicto resultó a favor del salvadoreño pero la financiera dilató su responsabilidad de resarcir los daños al utilizar recursos legales
Después de todo este tiempo, la Sala de lo Civil ha fallado a su favor de manera unánime, lo que considera “un fallo histórico” y espera se haga efectiva de parte de los nuevos propietarios del banco.
Ese sentido, cuando se trate de embargar empresas mercantiles, se deberá hacerlo de conformidad al inciso segundo del artículo 506 del Código de Comercio, por lo que se previene al ejecutor de que se cerciore de que los bienes objeto de embargo sean propiedad del ejecutado y que en el caso se embarguen vehículos, éstos deben de inscribirse en el registro.
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la presentación del avance del proyecto Ocean Breeze en Mizata, La Libertad Costa, destacando el impacto de la inversión turística en el desarrollo del país. Durante su intervención, Ulloa subrayó que el actual contexto de seguridad ha permitido atraer capital extranjero y dinamizar sectores estratégicos, señalando que “el turismo es ahora la primera fuente de divisas para El Salvador”.
El proyecto, impulsado por Grupo Corven, representa una inversión que ha escalado de $50 millones a $80 millones, consolidándose como uno de los desarrollos turísticos más relevantes en la zona costera.
Ocean Breeze incluye un hotel de 174 habitaciones, áreas recreativas y un componente residencial, además de una oferta de servicios orientados a experiencias exclusivas, fortaleciendo la oferta turística del país.
Por su parte, Marco Zablah destacó que el complejo no solo impulsa el turismo, sino que también genera más de 1,000 empleos y contribuye al crecimiento económico local.
El proyecto se posiciona como parte del impulso de Surf City, estrategia que busca consolidar a El Salvador como un destino turístico competitivo a nivel internacional.
Gracias al trabajo del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, la Generacio n que Florece se amplía. Actualmente, más de 17,000 jóvenes de todo el país provenientes de instituciones educativas pu blicas ya puedan ejercer su derecho a la educacio n superior. Esto significa
una enorme transformacio n de país.
Ahora, la Dirección de Integración continúa sumando soñadores a esta cuenta, ha salido a buscarlos para invitarlos y animarlos a que sigan esforza ndose por alcanzar su meta,volviéndose protagonistas de su propio futuro, el de su familia y el país.
Como parte de este proceso, el presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, brindo una Masterclass del ADN de la Pobreza y la Cultura de la Integración a más de 1,000 estudiantes del último año de bachillerato de instituciones públicas de San Salvador y La Libertad, quienes ya son parte del Proceso Formativo, un paso previo y esencial que les permitira conquistar su suño de cursar una carrera universitaria, técnica o vocacional, en una de las 37 instituciones de educación superior que tiene convenio con la Dirección de Integración.
Como ellos, miles de jóvenes en todo el país han comenzado a sumarse al Proceso Formativo que tiene lugar a lo largo de este an o. Estos constituyen la tercera ola de una generación que, desde que el modelo integración se convirtio en política pública, esta viendo como sus sueñoos de estudiar y florecer en su tierra se convierten en realidad, gracias a las relaciones integradoras que se han creado entre las comunidades y las instituciones pu blicas y privadas.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, supervisó este día el colado de la losa superior en la construcción del nuevo puente en Villa Lourdes, distrito de Colón, en La Libertad Oeste, como parte de los esfuerzos por restablecer la conectividad en la zona afectada por las lluvias de 2025.
La obra de paso, que presenta un avance del 80 %, busca garantizar una infraestructura segura y accesible para más de 10 mil familias, además de beneficiar a comunidades aledañas que utilizan esta vía para movilizarse hacia el departamento de Sonsonate.
«Tenemos un avance del 80 % en la construcción de obra de paso en Villa Lourdes, Colón. Hoy realizamos un colado de la losa del puente donde empezarán a transitar muy pronto los peatones y los conductores», afirmó el funcionario.
El proyecto surge tras el colapso del antiguo puente durante el invierno pasado, situación que dejó incomunicadas a numerosas familias, quienes debieron utilizar rutas alternas más largas.
Como medida inmediata, las autoridades instalaron una pasarela temporal mientras avanzaban las labores de construcción.
«En este caso estamos reconstruyendo una mejor obra de la que estaba para evitar que vuelvan los riesgos que estaban el año pasado», señaló el ministro, al destacar que la intervención forma parte del Plan Nacional de Mitigación.
La nueva infraestructura tendrá una longitud de 30 metros y representa una inversión superior a los 2 millones de dólares.
Según las autoridades, incluirá un paso peatonal seguro y permitirá la circulación tanto de vehículos como de peatones en condiciones adecuadas.
