Judicial
Alumna de cuarto grado de colegio García Flamenco sufrió un intento de estrangulamiento a manos de una compañera
Padres de familia de una estudiante del Colegio García Flamenco, de San Salvador, denunciaron el intento de estrangulamiento que sufrió su hija a manos de una compañera de estudios dentro de la institución, este viernes 17 de agosto.
Los padres detallaron que su hija fue atacada por la espalda por su compañera de estudios cuando se encontraba colocando en su lugar instrumentos musicales tras completar un ensayo.
“Nuestra hija fue atacada por la espalda por una niña de la misma sección frente a sus compañeros, siendo amarrada de los brazos con una cuerda hasta llegar al cuello e intentar ser estrangulada, a lo cual los alumnos que estaban presentes y siendo testigos del ataque procedieron a auxiliar a nuestra hija y llevarla de emergencia a enfermería”, expresó uno de los padres afectas que se comunicó con este periódico.
Los padres afirman que cuando acudieron a la institución tras ser alertados sobre el ataque, las autoridades intentaron hacerles creer que todo se trataba de un “accidente” que ocurrió cuando ambas menores se encontraban “jugando”.
“Al llegar el personal administrativo ya nos estaba esperando y nos hicieron pasar a enfermería en dónde mi hija estaba sentada en un shock emocional y con marcas en brazos y cuello provocados por la cuerda… lo más indignante es que las autoridades del colegio quisieron disfrazar el hecho con reportarnos que ‘las niñas estaban jugando’ cuando habían más de 10 alumnos presentes los cuales mantienen que mi hija fue atacada por la espalda”, enfatiza uno de los padres de familia.
Según el relato de los padres, esta no era la primera vez que su hija era atacada por su compañera de estudios, pues en ocasiones anteriores habían denunciado ante las autoridades del colegio que su hija sufría de “bullying” por parte de la otra menor.
Actitud arrogante y prepotente
Los padres que se comunicaron con este periódico afirman que les pareció indignante la actitud de los padres de la menor agresora, pues cuando acudieron al colegio llegaron con una actitud burlesca.
“Lo más preocupante es que los padres de la menor agresora se presentaron con actitud prepotente y burlesca saludando efusivamente al representante legal del colegio en una actitud de amistad e identificándose como abogado de la República y aeromoza”, afirman.
Los padres de la menor afecta afirman que llegaránr hasta las últimas consecuencias legales para sentar un precedente en la institución. Actualmente, el caso ya se encuentra en manos Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), quienes van a realizar una investigación de lo sucedido.
Escrita por Warner Velásquez
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
