Internacionales
Alabama ejecuta a un preso con gas nitrógeno, un método nunca antes probado
Alabama ejecutó el jueves 25 de enero a Kenneth Smith asfixiándolo con gas nitrógeno, la primera vez que se usa este método de pena capital y que ese estado del sur de Estados Unidos defiende como una alternativa más simple a las inyecciones letales.
Smith fue ejecutado con este procedimiento luego de que en noviembre de 2022 hubiese un intento fallido, dado que el verdugo no logró insertar una aguja de vía intravenosa en su cuerpo. Como parte de un acuerdo posterior, Alabama se comprometió a no intentar matarlo de nuevo con inyección letal.
Smith, condenado a muerte por asesinar a una mujer por encargo en 1988, fue declarado muerto a las 20.25 hora local (02.25 GMT del viernes) tras haber inhalado el gas nitrógeno a través de una máscara y haberse quedado sin oxígeno.
Sus últimas palabras, ya con la máscara puesta, fueron:
«Esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Gracias por apoyarme. Los amo a todos».
Periodistas que fueron testigos oculares de la ejecución relataron que, después de que el gas comenzase a fluir, Smith se estuvo retorciendo durante un par de minutos y luego se le vio con respiración agitada durante varios minutos más.
El director del Departamento Correccional de Alabama, John Hamm, dijo en rueda de prensa posterior que las sacudidas del reo fueron «involuntarias», pero nada fuera de lo esperado.
«Parecía que Smith estaba conteniendo la respiración tanto como podía», dijo Hamm, cuando se le preguntó en una conferencia de prensa si se esperaba que se retorciera. «Luchó un poco contra las ataduras, pero fue un movimiento involuntario y una respiración agónica. Así que eso era todo lo que se esperaba».
El gas nitrógeno fluyó durante unos 15 minutos.
Rechazo de organismos de derechos humanos
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó minutos antes de la ejecución el último recurso que la defensa del preso había presentado este mismo jueves por 6 votos a 3, dando así luz verde al inicio del procedimiento.
La progresista Sonia Sotomayor, una de las tres juezas que votaron por detener la ejecución, argumentó:
«al no haber podido matar a Smith en su primer intento, Alabama lo ha elegido como su ‘conejillo de indias’ para probar un método de ejecución nunca antes usado».
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, y Human Rights Watch habían pedido a Estados Unidos que no permitiera la ejecución.
Smith estaba en el corredor de la muerte por haber asesinado en 1988 a Elizabeth Sennett, por encargo de su marido, Charles Sennett, quien pretendía cobrar una indemnización. Smith y su cómplice, John Forrest Parker, recibieron 1.000 dólares cada uno.
Charles Sennett se suicidó una semana después del asesinato, cuando se dio cuenta de que las autoridades le consideraban sospechoso, mientras que Parker también fue condenado a muerte y fue ejecutado en 2010 con una inyección letal.
«A las tres personas implicadas hace años, las hemos perdonado», aseguró también en rueda de prensa Mike Sennett junto a sus dos hermanos, los hijos de la asesinada, después de presenciar la ejecución del último de los involucrados, una sensación que describieron como «agridulce».
«Los actos malvados tienen consecuencias», añadieron.
Todos los ojos estaban puestos sobre Alabama y su nuevo método de ejecución, el primero desarrollado desde que en 1982 se introdujo la inyección letal, que ha sido mayoritario durante las últimas cuatro décadas en el país, desplazando a la silla eléctrica.
Alabama decidió probar con la asfixia con gas nitrógeno ante la dificultad que han enfrentado en los últimos años los estados que aún usan la pena capital para adquirir fármacos letales por la negativa de las farmacéuticas a que sean usados con este propósito.
Además, las complicaciones surgidas en varias ejecuciones desde 2014 -algunas en Alabama- han hecho que se cuestione el método por inhumano y que haya sido objeto de disputas legales durante años.
Otros estados estaban muy pendientes de la ejecución en Alabama, para introducir también el método de asfixia con nitrógeno. Oklahoma y Misisipi, de hecho, ya han aprobado el método, pero aún no han desarrollado un protocolo para usarlo ni construido las instalaciones.
Desde que el Tribunal Supremo reintrodujo la pena de muerte en 1976, han sido ejecutados en Estados Unidos 1.583 presos, 73 de ellos en Alabama.
Al menos seis personas resultaron muertas y otras 15 están desaparecidas luego de un ataque ucraniano con drones contra el Colegio Starobelsk, afiliado a la Universidad Pedagógica de Lugansk, afirmaron el viernes autoridades rusas, aunque Kiev afirmó que era el cuartel general de una unidad militar rusa.
Según fuentes rusas, 86 jóvenes de entre 14 y 18 años se encontraban en un dormitorio de varios pisos, que se derrumbó tras un ataque llevado a cabo durante la noche en Starobelsk, una ciudad de unos 16,000 habitantes.
«En estos momentos sabemos que seis personas han perdido la vida, que 39 han resultado heridas y 15 están desaparecidas, ya que continúa la remoción de los escombros», declaró el presidente Vladímir Putin tras un minuto de silencio retransmitido por televisión.
De acuerdo con Putin, el ataque «no fue accidental» y se desarrolló «en tres oleadas, con 16 drones dirigidos al mismo lugar».
«No había ningún objetivo de carácter militar, ni instalaciones pertenecientes a los servicios de inteligencia o a servicios afines» en las inmediaciones, aseguró el presidente ruso, quien prometió una respuesta de su ejército.
En tanto, la cancillería rusa mencionó un «ataque deliberado contra la población civil» y denunció la asistencia de países occidentales, que «proporcionan información a las fuerzas armadas ucranianas y las ayudan a dirigir sus ataques».
El gobernador de la región de Lugansk, Leonid Pasetchnik, había difundido previamente en redes sociales fotos de edificios gravemente dañados: uno en llamas y parcialmente derrumbado, y otro con las paredes calcinadas y las ventanas destrozadas.
«Es un crimen monstruoso […] del régimen de Kiev», acotó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
De su lado, el Estado Mayor ucraniano afirmó que sus fuerzas habían bombardeado el «cuartel general» de una unidad militar rusa en la región ocupada.
Tulsi Gabbard renunció como directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, según confirmó este viernes a través de una carta dirigida al presidente Donald Trump. La salida, efectiva el 30 de junio de 2026, se produce tras el diagnóstico de cáncer de hueso de su esposo, Abraham Williams, y convierte a Gabbard en la cuarta secretaria de gabinete —todas mujeres— en abandonar la administración Trump durante su segundo mandato.
“Mi esposo ha sido diagnosticado recientemente con una forma extremadamente rara de cáncer de hueso”, escribió Gabbard en la carta, que también publicó en X. “No puedo en buena conciencia pedirle que enfrente esta batalla solo mientras continúo en este cargo tan exigente”.
Gabbard, de 45 años, veterana de la guerra de Irak y oficial en reserva del Ejército, describió a Williams como su “roca” durante los 11 años de matrimonio. Señaló que su fortaleza la sostuvo a lo largo de despliegues militares, campañas electorales y su paso por la administración Trump. La directora notificó su decisión al presidente durante una reunión en el Despacho Oval.
Tras la renuncia, Trump elogió a Gabbard: “Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la echaremos de menos”, dijo Trump en su red social Truth, y añadió que su adjunto, Aaron Lukas, asumiría el cargo de director interino de Inteligencia Nacional.
La salida de Gabbard se da en un momento en que Estados Unidos atraviesa un estancamiento en su guerra contra Irán, conflicto que desencadenó una crisis energética global tras el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán, la vía que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo. Con un historial de oposición a las intervenciones militares estadounidenses en el exterior —incluidas las guerras de Irak y Afganistán—, Gabbard quedó en una posición incómoda tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.
En una audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado en marzo, sus respuestas esquivaron de forma reiterada las preguntas sobre si la Casa Blanca había sido advertida de las posibles consecuencias del conflicto. Gabbard declaró por escrito que Irán no había intentado reconstruir su capacidad nuclear tras los ataques estadounidenses, afirmación que contradijo directamente a Trump. El presidente respondió: “No me importa lo que ella dijo. Creo que estaban muy cerca de tener una”.
La directora sostuvo que “no es responsabilidad de la comunidad de inteligencia determinar qué constituye o no una amenaza inminente”. Esa postura, junto con su tibia respuesta ante la decisión de atacar Irán, alimentó durante semanas la especulación sobre su permanencia en el cargo.
Según informó NBC News, Gabbard nunca logró integrarse al entorno más cercano del presidente. En momentos decisivos —cuando Trump deliberaba sobre acciones militares o seguía en tiempo real las operaciones en Irán y Venezuela— Gabbard frecuentemente no estaba en la sala. Mantuvo fricciones con su par en la CIA, John Ratcliffe, y con otros funcionarios de la administración.
En agosto, Gabbard sorprendió a la agencia al revelar el nombre de un agente encubierto de la CIA en una lista de personas a quienes retiró credenciales de seguridad, según reportó NBC News. También desclasificó un documento sobre interferencia electoral rusa con escasas redacciones, lo que generó alarma en la sede de la agencia. El portavoz de Gabbard negó que hubiera omitido consultar a la CIA en ambos casos.
Su confirmación como directora de Inteligencia Nacional había sido aprobada por 52 votos contra 48, con el senador republicano Mitch McConnell como único voto en contra de su propio partido. Casi 100 exfuncionarios de diplomacia, seguridad nacional e inteligencia —con experiencia bajo administraciones de ambos partidos— habían escrito a los líderes del Senado para expresar su preocupación por la nominación.
Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista y uno de los principales asesores de Gabbard, había renunciado en marzo alegando que “no podía en buena conciencia” respaldar la guerra, y sostuvo en una carta pública que Israel indujo a Trump a creer que Irán representaba una amenaza inminente. Kent y Gabbard compartían una visión crítica de las intervenciones militares externas, forjada en sus trayectorias como veteranos.
Las otras tres salidas del gabinete incluyeron a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, removida por Trump a fines de marzo en medio de críticas por su gestión de la política migratoria y la respuesta a desastres naturales; a la fiscal general Pam Bondi, quien renunció ante el creciente malestar por el manejo del Departamento de Justicia en relación con los archivos de Jeffrey Epstein; y a la secretaria de Trabajo Lori Chavez-DeRemer, que dejó el cargo en abril tras ser objeto de diversas investigaciones por conducta indebida.
Honduras volvió a estremecerse luego de conocerse nuevos y escalofriantes detalles sobre el asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados y parcialmente quemados en una zona montañosa de Corinto, Omoa, departamento de Cortés.
Los agentes habían desaparecido durante un operativo antidrogas ejecutado en una zona fronteriza con Guatemala, donde presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada al narcotráfico los habrían privado de libertad antes de asesinarlos con extrema violencia.
Las autoridades confirmaron que los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala y señales de tortura, además de haber sido desmembrados y quemados posteriormente por sus atacantes.
La Secretaría de Seguridad confirmó oficialmente la identidad de los policías que murieron durante el operativo en Corinto, Omoa.
Los cinco agentes pertenecían a la Dipampco y habían salido desde Tegucigalpa para participar en una operación contra estructuras criminales dedicadas al tráfico y distribución de drogas en la zona fronteriza.
El caso ha generado una fuerte conmoción nacional debido al nivel de violencia con el que fueron asesinados los uniformados.
De acuerdo con los reportes preliminares, equipos especiales de rescate ingresaron fuertemente armados a una zona montañosa de Omoa luego de recibir información sobre el posible paradero de los agentes desaparecidos.
Las autoridades detallaron que los agentes habrían sido capturados por miembros de una organización criminal durante el operativo antidrogas y posteriormente ejecutados.
El informe preliminar indica que los cuerpos presentaban múltiples heridas de bala y signos de extrema violencia.
Las investigaciones revelaron además que los responsables desmembraron los cuerpos de los agentes, los decapitaron y posteriormente intentaron quemarlos para dificultar su identificación.
Las imágenes y detalles del crimen generaron indignación en distintos sectores del país y reavivaron el debate sobre el avance de estructuras criminales fuertemente armadas en Honduras.
Hasta el momento, las autoridades descartaron bajas civiles relacionadas con el operativo. Sin embargo, se presume que varios miembros de la estructura criminal lograron escapar hacia Guatemala tras el ataque.
Por esa razón, Honduras ya coordinó acciones con autoridades guatemaltecas para intentar ubicar a los sospechosos que cruzaron la frontera.
Las autoridades consideran que existieron fallas operativas que terminaron exponiendo a los agentes asesinados durante el operativo antidrogas.
Mientras tanto, más de 500 policías y 200 militares permanecen desplegados en la zona realizando operaciones de búsqueda, rastreo y aseguramiento del sector.
La ola de violencia ha provocado preocupación nacional e internacional por el deterioro de la seguridad en distintas regiones del país.
