Internacionales
Alabama ejecuta a un preso con gas nitrógeno, un método nunca antes probado
Alabama ejecutó el jueves 25 de enero a Kenneth Smith asfixiándolo con gas nitrógeno, la primera vez que se usa este método de pena capital y que ese estado del sur de Estados Unidos defiende como una alternativa más simple a las inyecciones letales.
Smith fue ejecutado con este procedimiento luego de que en noviembre de 2022 hubiese un intento fallido, dado que el verdugo no logró insertar una aguja de vía intravenosa en su cuerpo. Como parte de un acuerdo posterior, Alabama se comprometió a no intentar matarlo de nuevo con inyección letal.
Smith, condenado a muerte por asesinar a una mujer por encargo en 1988, fue declarado muerto a las 20.25 hora local (02.25 GMT del viernes) tras haber inhalado el gas nitrógeno a través de una máscara y haberse quedado sin oxígeno.
Sus últimas palabras, ya con la máscara puesta, fueron:
«Esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Gracias por apoyarme. Los amo a todos».
Periodistas que fueron testigos oculares de la ejecución relataron que, después de que el gas comenzase a fluir, Smith se estuvo retorciendo durante un par de minutos y luego se le vio con respiración agitada durante varios minutos más.
El director del Departamento Correccional de Alabama, John Hamm, dijo en rueda de prensa posterior que las sacudidas del reo fueron «involuntarias», pero nada fuera de lo esperado.
«Parecía que Smith estaba conteniendo la respiración tanto como podía», dijo Hamm, cuando se le preguntó en una conferencia de prensa si se esperaba que se retorciera. «Luchó un poco contra las ataduras, pero fue un movimiento involuntario y una respiración agónica. Así que eso era todo lo que se esperaba».
El gas nitrógeno fluyó durante unos 15 minutos.
Rechazo de organismos de derechos humanos
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó minutos antes de la ejecución el último recurso que la defensa del preso había presentado este mismo jueves por 6 votos a 3, dando así luz verde al inicio del procedimiento.
La progresista Sonia Sotomayor, una de las tres juezas que votaron por detener la ejecución, argumentó:
«al no haber podido matar a Smith en su primer intento, Alabama lo ha elegido como su ‘conejillo de indias’ para probar un método de ejecución nunca antes usado».
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, y Human Rights Watch habían pedido a Estados Unidos que no permitiera la ejecución.
Smith estaba en el corredor de la muerte por haber asesinado en 1988 a Elizabeth Sennett, por encargo de su marido, Charles Sennett, quien pretendía cobrar una indemnización. Smith y su cómplice, John Forrest Parker, recibieron 1.000 dólares cada uno.
Charles Sennett se suicidó una semana después del asesinato, cuando se dio cuenta de que las autoridades le consideraban sospechoso, mientras que Parker también fue condenado a muerte y fue ejecutado en 2010 con una inyección letal.
«A las tres personas implicadas hace años, las hemos perdonado», aseguró también en rueda de prensa Mike Sennett junto a sus dos hermanos, los hijos de la asesinada, después de presenciar la ejecución del último de los involucrados, una sensación que describieron como «agridulce».
«Los actos malvados tienen consecuencias», añadieron.
Todos los ojos estaban puestos sobre Alabama y su nuevo método de ejecución, el primero desarrollado desde que en 1982 se introdujo la inyección letal, que ha sido mayoritario durante las últimas cuatro décadas en el país, desplazando a la silla eléctrica.
Alabama decidió probar con la asfixia con gas nitrógeno ante la dificultad que han enfrentado en los últimos años los estados que aún usan la pena capital para adquirir fármacos letales por la negativa de las farmacéuticas a que sean usados con este propósito.
Además, las complicaciones surgidas en varias ejecuciones desde 2014 -algunas en Alabama- han hecho que se cuestione el método por inhumano y que haya sido objeto de disputas legales durante años.
Otros estados estaban muy pendientes de la ejecución en Alabama, para introducir también el método de asfixia con nitrógeno. Oklahoma y Misisipi, de hecho, ya han aprobado el método, pero aún no han desarrollado un protocolo para usarlo ni construido las instalaciones.
Desde que el Tribunal Supremo reintrodujo la pena de muerte en 1976, han sido ejecutados en Estados Unidos 1.583 presos, 73 de ellos en Alabama.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
