Judicial
Abogados denuncian penalmente al exfiscal Raúl Melara por omisión
El apoderado legal del empresario Enrique Rais, Carlos Miranda, presentó en las instalaciones de las oficinas administrativas de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicada en la Sultana del municipio de Antiguo Cuscatlan del departamento de la Libertad, un escrito para pedir que se procese por una grave omisión al exfiscal Gral. de la República, Raúl Melara, ya que no acató una resolución del Grupo de Trabajo la Detención Arbitraria.
El exfiscal Raúl Melara, no acató las medidas de la resolución señaladas por la Orgnizaciòn de las Naciones Unidas (ONU),.
Además se le acusa de cometiendo del delito de omisión y por esa razòn los defensores del Sr. Enrique Rais, presentaron una denuncia demostrando que su representado ha sido procesado y perseguido ilegalmente y su derecho a la libertad.
“Nosotros hemos comprobado que la fiscalía ha tenido una acción tendenciosa para perjudicar el control que nuestro representado tiene sobre la empresa MIDES, durante la administración de Duglas Melendez se fabricaron pruebas y se persiguió ilegalmente a nuestro defendido”. dijo su abogado Carlos Miranda.
El grupo de abogados destacaron que ya se encontraba un caso abierto en el que Rais, ya había sido sobre seguido en el juzgado 14 de paz y dicho caso fue citado en agosto del año 2016, ordenando una captura en que el Sr. Enrique Rais estaba esperando ser atendido por la fiscal del caso quien dicha fiscal del caso tuvo contacto con un ex abogado del Sr. Rais, el cual ha sido denunciado por patrocinio infiel.
En la documentación presentada solicitan al fiscal que revisen las actuaciones llevadas a cabo por la fiscalía y que se demuestre que hubieron intereses económicos que pretendieron despojar ilegalmente al Sr. Enrique Rais.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
