Política
Con 82 votos diputados acuerda quitar fuero a magistrado Jaime Escalante Díaz
Anoche en sesión plenaria extraordinaria los diputados de la Asamblea Legislativa votaron este lunes a favor del desafuero del magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil Eduardo Jaime Escalante Díaz para que enfrente la justicia como un ciudadano común, sin ningún privilegio.
Con 82 votos a favor y ninguno en contra, el primer Órgano del Estado terminó el proceso que le siguió a Escalante Díaz, y a partir de este lunes queda en manos de la justicia salvadoreña para enfrentar el delito del que se le acusa.
El viernes 1 de marzo, la comisión especial de antejuicio conformada por diputados de la Asamblea Legislativa acordó quitar el fuero al magistrado, quien ese día se hizo presente a la reunión celebrada en el Palacio Legislativo junto a su defensora, la abogada Ana Concepción Urías Lozano.
El dictamen se dio siete días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la solicitud de antejuicio a la Asamblea Legislativa, y luego de más de una semana de que se conoció el caso.
Urías Lozano presentó una solicitud de allanamiento voluntario para que el magistrado fuera desaforado sin cumplir con el proceso, pero se le explicó que no era posible. El diputado René Portillo Cuadra explicó: «El magistrado no puede renunciar al fuero, porque el fuero es inminente al cargo y no a la persona. Para ello debe renunciar a su puesto como magistrado y solo así estaría renunciando al fuero».
Fue así que el pleno de la Asamblea determinó la noche del lunes por unanimidad que la denuncia está fundamentada y que debe ser conocida en una sede judicial. Luego de la última etapa ejecutada este lunes en la Asamblea Legislativa, el caso queda en manos de la justicia salvadoreña, quien determinará la culpabilidad o inocencia del ahora imputado.
Resumen de los hechos
El resumen de los hechos señalan que el día lunes 18 de febrero, la niña agredida se encontraba jugando con un amigo en las cercanías de su casa, cuando vieron un hombre desconocido que tiró unas monedas al suelo. Al ver eso la niña trató de huir del lugar, pero al querer correr, fue tomada por el hombre, quien, luego, la tocó con su mano en su parte genital.
Según el reporte redactado en la Asamblea Legislativa, el hecho fue observado por una vecina, quien le gritó a la madre de la misma de lo que estaba sucediendo.
Al observar lo que estaba pasando, Escalante Díaz abandonó el lugar, huyendo por unos pasajes de la colonia. Después de eso, una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) se hizo presente al lugar para comenzar con la investigación y recabar información de la víctima y de testigos del hecho.
Después de eso, el vehículo del magistrado fue ubicado por elementos de la PNC. Se trataba de un vehículo color gris, marca Nissa Tiida placas P734-006, que es propiedad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el cual se le había asignado desde el año 2017.
Dentro del vehículo gris se encontró ropa, zapatos y un cincho, así como una pistola calibre 40 con un tiro en recámara, más un cargador con seis cartuchos más y un cargador extra. La PNC se comunicó con Escalante Díaz, y al preguntarle si quería ir al lugar a retirar el automóvil, dijo que no, que lo llevaran a la CSJ y que solo le llevaran las llaves a su casa.
Durante las declaraciones, el ahora desaforado dijo que se había perdido, que por error del Waze fue a dar a la colonia. Sin embargo, luego de las investigaciones se ha determinado la ruta que siguió para llegar al lugar, así como seguimiento por medio de cámaras y fotografías, las cuales han sido incluidas en un álbum.
El analista de informática de la CSJ también verificó que el teléfono asignado al magistrado fue activado en diferentes puntos de la parte nororiente de la capital, en varias colonias cercanas a la colonia Altavista, lugar donde se dieron los hechos.
Además, la víctima, así como la progenitora de la niña han identificado al ahora señalado por medio de fotografías que están en manos de las autoridades.
La defensora del magistrado tomó la palabra en la sesión de este lunes, algo que le permitía el proceso celebrado en la Asamblea Legislativa. Explicó que el caso no debía ventilarse de forma pública, en un lugar público y con transmisión nacional.
A pesar de no negar los hecho, hizo un resumen de la forma y errores que según ella se ha cometido en el proceso que se le ha seguido al magistrado señalado.
No obstante, con el desafuero ahora será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de investigar los hechos.
Por ahora, tendrá la FGR que emitir una orden administrativa de detención y la Policía hacerla efectiva para que sea llevado ante los tribunales, donde se le comprobará si es culpable o inocente.
Por: El Salvador Times.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
