Entre enero y marzo de 2026, al menos 26 cabecillas de pandillas fueron condenados en audiencia únicas abiertas, en juicios iniciados para los próximos dos años a estructuras con más de 500 terroristas.

Las sentencias son el resultado de las detenciones efectuadas por las fuerzas de seguridad en el marco del régimen de excepción instaurado en El Salvador el 27 de marzo de 2022 y que la Asamblea Legislativa ha prorrogado en 49 ocasiones.

Los tribunales contra el crimen organizado que funcionan en San Miguel, Santa Ana y San Salvador han impuesto condenas de 60 años de prisión a los cabecillas de clicas de la pandilla 18 y Mara Salvatrucha.

Los jueces han aplicado una enmienda que la Asamblea Legislativa aprobó en julio de 2023, a la Ley Contra el Crimen Organizado la cual ordena imponer condenas de 45 a 60 años de prisión a los cabecillas.

En las audiencias únicas, fiscales de varias unidades especializadas acusaron a los jefes de las células criminales por agrupaciones ilícitas un delito común aplicado por ser miembros de pandillas.

Pero a varios de esos cabecillas además de los 60 años de cárcel impuestos por su rango en las estructuras, los jueces los sentenciaron a penas que sobrepasan los 300 y 400 años por consumar extorsiones, homicidios, cometer delitos de posesión y tenencia de drogas, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, tráfico ilícito, limitación a la libre circulación, feminicidios, lavado de dinero y otros hechos de crimen organizado y realización compleja.

Los 26 cabecillas condenados forman parte de los más de 30 expedientes iniciados a estructuras de pandillas en el primer trimestre de 2026, al abrir las audiencias únicas esos procesos quedan activos en los próximos 24 meses la Fiscalía General de la República puede solicitar en cualquier momento a los jueces enjuiciar a los demás integrantes de las más de 30 estructuras.

Para lograr las condenas, el ministerio público acreditó con un perfil criminológico las características, función y rango que tenían, ya que a raíz de ese comportamiento criminal llegaron a ser jefes de pandilla y tener el control de una zona geográfica específica en la giraban órdenes, así como avalaron cometer delitos con su respectivo modus operandi.

Como encargados de grupos territoriales emitían instrucciones y sin su autorización ningún miembro de pandilla podía consumar un hecho delictivo, quienes violaban los códigos eran reprendidos y hasta fueron asesinados.

De las condenas de cabecillas, solo en San Salvador fueron sentenciados ocho jefes mareros. Uno de ellos es Mauricio Ernesto Anaya Cárcamo, cabecilla de la estructura Hollywood Ganster Revolucionarios, de la colonia Amatepec, Soyapango, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado le impuso 40 años por agrupaciones ilícitas.

También el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, impuso 45 años de prisión a Vladimir Antonio Guzmán Olmedo, alias «Drogo» y Edwin Giovanni Benítez Orellana, alias «Little Spi», cabecillas de la estructura Hollywood que delinquía en varios distritos de Chalatenango, por los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia o conducción ilegal de arma de fuego, así como posesión y tenencia de drogas.

El mismo tribunal condenó a 60 años de prisión a Carlos Javier Vásquez Amaya, por tener el rango de corredor de clica [mando operativo] de la estructura Saicos Locos Salvatruchos que estuvo delinquiendo en diferentes sectores del departamento de Cuscatlán.

El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a otros tres cabecillas de la estructura Peajes Locos Salvatruchos, que delinquieron en diversos distritos del departamento de La Paz y contaba con seis bases nacionales y una en el estado de Maryland, Estados Unidos.

A Juan Antonio Ulloa Torres, alias «Little Bad» quien era corredor de la clica; el juez le impuso 45 años, Edenilson Enrique Méndez Martínez, alias «El Soberbio»; y Rafael Anival Guatemala Arteaga, alias «Pride» encargados de la base uno y cuatro de la estructura, respectivamente, recibieron la misma p

La justicia francesa convocó al multimillonario Elon Musk para una declaración voluntaria este lunes en París, en el marco de una investigación sobre su red social X, aunque no está claro si comparecerá.

X es objeto de una investigación desde inicios de 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el sesgo en sus algoritmos, que podría haber alterado su funcionamiento e interferido en la política francesa.

Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de pornografía infantil, y al rol de Grok, su asistente de IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.

A inicios de febrero, investigadores allanaron las oficinas de X en París. La plataforma, que ha negado cualquier irregularidad, calificó los registros de actos «políticos» y «abusivos».

En ese momento, la fiscalía de París anunció que convocaba a Musk para una declaración voluntaria, así como a la ex directora general Linda Yaccarino, como «gestores» de X en el momento de los hechos.

La fiscal de París, Laure Beccuau, señaló que también se citó a empleados de X a comparecer entre el 20 y el 24 de abril «como testigos».

La eventual ausencia de Musk y de Yaccarino no supone un obstáculo para la continuación de las investigaciones, precisó el sábado la fiscalía.

Las autoridades no han ofrecido ningún detalle sobre el lugar ni la hora de sus comparecencias.

Musk recibió este lunes el apoyo del cofundador de Telegram, Pavel Durov, a quien también investiga la justicia francesa por actividades ilegales en su plataforma.

«La Francia de [Emmanuel] Macron está perdiendo legitimidad al utilizar las investigaciones penales como arma para reprimir la libertad de expresión y la privacidad», escribió Durov en Telegram y X.

La investigación sobre X en Francia se inscribe en una reacción internacional más amplia contra Grok, ante las críticas de que los usuarios podían sexualizar imágenes de mujeres y niños mediante simples instrucciones escritas.

Este asistente de IA generó alrededor de tres millones de imágenes sexualizadas en 11 días, señaló a finales de enero el Center for Countering Digital Hate (CCDH), una oenegé de lucha contra la desinformación.

A finales de enero, la Unión Europea también abrió una investigación contra X por las imágenes de menores y mujeres desnudas generadas por Grok.

El cantante D4vd será acusado este lunes de asesinato y otros cargos en relación con la muerte de una adolescente de origen hispano, cuyo cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado el año pasado en el maletero de un vehículo Tesla registrado a nombre del artista.

D4vd, de 21 años, enfrenta cargos con agravantes por el homicidio de Celeste Rivas Hernández, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyo cuerpo fue hallado el 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, detalló en una conferencia que los cargos contra el artista incluyen “las imputaciones más graves que se pueda presentar” en este tipo de casos, es decir, asesinato en primer grado con circunstancias especiales.

“Dichas circunstancias especiales son: actuar con alevosía (acecho), cometer el crimen con fines de lucro o asesinar a un testigo en el marco de una investigación”, detalló el fiscal.

El artista, cuyo nombre real es David Burke, permanece detenido sin derecho a fianza y su caso será presentado ante un juez este lunes.

D4vd fue detenido por la policía de Los Ángeles el pasado jueves en su domicilio ubicado en West Hollywood.

El caso ha generado gran atención pública desde que en septiembre se encontraran restos humanos en un Tesla vinculado al músico, que había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles, sin haber sido reportado como robado.

El cantante ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage y varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard.