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“No decía para donde iba, sino que solo agarraba camino”, afirma familiar de uno de los jóvenes asesinados en Coatepeque
Familiares de dos adolescentes perfilados por las autoridades como simpatizantes de pandillas se hicieron presentes a la escena en la que fueron encontrados sin vida al interior de una finca en el municipio de Coatepeque en Santa Ana.
Un grupo de personas se ubicaron en la entrada de la calle que conducía hasta los cuerpos de los cuatro jóvenes asesinados esta mañana en Coatepeque. Entre los asistentes al lugar, estaba la madre de Wilmer Alexander López, de 14 años, quien se resguardaba del inclemente sol.
La mujer, quien daba la impresión de ser la hermana y no la madre del adolescente, manifestó que la última vez que vio a su hijo fue la noche del pasado domingo y que este se dedicaba a estudiar y trabajar en una ladrillera de la zona.
“Anoche lo vi, salió a trabajar ahora en la mañana, él por días trabajaba”, remarcó la mujer, quien dice no tener idea de quiénes podrían estar tras el asesinato del menor que residía en la zona conocida como Las Mercedes.
“Él no se quedaba en la casa, no se la hora en la que salió a trabajar”, agregó la madre, quien con un niño de meses insistió en que conocía poco la forma en la que actuaba su hijo. Sus respuestas eran reforzadas por otro familiar.
En otra esquina de la polvorosa entrada, se encontraban las tías de Jeferson José Ramirez López, de 16 años, quienes rechazaron la versión que era miembro de una estructura criminal.
“Estuvo estudiando, pero luego ya no y estaba en un ministerio de alabanza de una iglesia católica el año pasado”, remarcó la tía de Rámirez, quien agregó que la madre de este reside en Estados Unidos.
“No decía para donde iba, sino que solo agarraba camino”, sostuvo otro familiar de la víctima, quien señaló que Ramírez no vivía junto a sus tías y que se dieron cuenta por las noticias sobre la muerte de este.
Los reportes indican que las víctimas fueron atacadas por pandilleros del Barrio 18, en lo que sería una venganza por disputas territoriales.
Entre los fallecidos, se encuentra el hijo de uno de los máximos palabreros de la MS-13 en la zona occidental del país, identificado solamente con el alias de “Viejo killer de Liwuas”.
Familiares de los fallecidos afirman que estos fueron privados de libertad por sujetos vestidos de negro la noche de este domingo.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
