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Luego de 40 años, Gobierno ratificará convenios de la OIT a favor de la clase trabajadora
Por primera vez en la historia de El Salvador, el Gobierno se unió a la lucha de los sindicatos salvadoreños en un evento conmemorativo por el Día Internacional de los Trabajadores.
Fueron cientos de representantes de sindicatos y de sus juntas directivas los que desde tempranas horas de ayer optaron por concentrarse en un hotel capitalino, atendiendo la convocatoria que hizo el gobierno del presidente Nayib Bukele en lugar de realizar las usuales marchas que durante los gobiernos anteriores se llevaban a cabo.
«En esta reunión se pretendió lograr una concentración completamente distinta a la que la política tradicional ha promovido en el pasado, con mucha crítica y discurso ideologizado y poca sustancia en materia de bases concretas para las y los trabajadores salvadoreños», fueron las palabras con las que inició su discurso el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro.
Junto a él, también presidió el evento el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y los diferentes representantes de los sindicatos salvadoreños.
«Vinimos a escuchar el compromiso del Gobierno con la clase trabajadora en general», expresaban varios sindicalistas en el lugar, mientras sostenían sus pancartas que denotaban un fuerte apoyo a la gestión del presidente Bukele.
Tal como lo demandaba la clase trabajadora, el secretario jurídico de la presidencia fue el encargado de anunciar cinco convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que serán presentados este día en la Asamblea Legislativa para que sean ratificados a favor de este sector «que durante años ha sido vulnerado».
El convenio 102 relativo a la norma mínima de seguridad social para las y los trabajadores, convenio 148 sobre los riesgos profesionales debido a la contaminación del aire y otros rubros en el lugar de trabajo, convenio 154 sobre la negociación colectiva, convenio 183 sobre la protección de maternidad, convenio 190 para la eliminación del acoso y violencia en el trabajo; son los cinco tratados que se llevarán hoy al Órgano Legislativo, «después de estar congelados durante 25, 30 y 40 años».
«Además anunciamos que, a petición del ministro de Trabajo, en concejo de ministros, se aprobó la creación de la unidad de procuración y defensoría de los y las trabajadores ante los tribunales de justicia», informó Conan Castro.
Del igual manera, el ministro Rolando Castro añadió que, durante el mes de mayo, se inaugurará la construcción de un centro médico de atención de salud general y especialidades para todos los afiliados a los sindicatos del país.
Asimismo, anunció que el gobierno no presentará una reforma de pensiones si no va discutida y analizada previamente por la clase trabajadora. «Por ello anunciamos que, a partir de hoy armaremos un cronograma de reuniones con todos los dirigentes sindicales para que analicemos y planteemos una reforma», manifestó.
Por su parte, Ricardo Meléndez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (STISSS) aseguró sentirse satisfecho con los anuncios que brindaron los funcionarios del gobierno del presidente Bukele.
«Es una gran efeméride que se nos den estos anuncios y celebrar así el 139 aniversario de los mártires de Chicago en una concentración por primera vez junto al Gobierno», expresó.
Del mismo modo, Julio Leiva, integrante de Sitracorreos, dijo que le parece «excelente» que el gobierno busque ratificar convenios de la OIT que la clase trabajadora espera desde hace 40 años.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, junto a la ministra de Vivienda Michelle Sol, verificaron los allanamientos que la Fiscalía General de la República (FGR) efectuaron este martes en las instalaciones de la Corporación Argoz S.A. de C.V. cuyos representantes fueron capturados.
Según la Fiscalía, esta corporación fue denunciada y ahora es investigada por vender inmuebles en la zona rural del país sin tener los permisos correspondientes o documentos que los acrediten como propietarios, lotificadores o para parcelar los terrenos.
Por estos señalamientos, la Fiscalía confirmó la captura de Rodrigo Javier Gómez Farfán y Leticia Farfán de Gómez; además, dio a conocer que hasta el momento son 116 lotificaciones las denunciadas por las irregularidades cometidas por Argoz S.A. de C.V. y otras sociedades vinculadas a esta corporación, entre las cuáles están: Fomento Rural Inmobiliario S.A. de C.V.; Protege S.A. de C.V.; Gómez Farfán S.A. de C.V.; Nido de Aguila SA. De C.V.; Katamarán S.A. de C.V.; Sociedad Fimento Inmobiliario S.A. de C.V.
La institución detalló que Argoz vendía los inmuebles a precios accesibles por montos de entre $1,000 y $5,000, para los cuales brindaba facilidades de pago a las víctimas.
«Realizaban contratos de promesa de venta a nombre de otras sociedades a quienes las víctimas cancelaban cuotas muy bajas», comunicó la FGR.
Fuentes fiscales agregaron que «Una vez terminados los pagos, los compradores intentaban registrar los terrenos en el Centro Nacional de Registros, pero no podían ya que los terrenos no estaban registrados como propiedad de la corporación Argoz».
DIPUTADOS PIDEN INVESTIGAR POR ESTAFA A ARGOZ
No es la primera ve que esta empresa lotiticadora aparece salpicada por estafas. En noviembre de 2021, diputados del partido Nuevas Ideas acudieron a la Fiscalía a interponer una denuncia para que investigara a Argoz por señalamientos de que no otorgaba escrituras por terrenos vendidos.
En esa ocasión fue denunciada por el delito de estafa agravada en perjuicio de por lo menos 360 familias que compraron propiedades en el departamento de La Paz.
Los legisladores afirmaron que las víctimas se quejaron de que Argoz no les había entregado documentos que los acreditara como dueños legítimos de los terrenos, a pesar de que contaban con los recibos de pago, la certificación de cancelación de crédito y el contrato de arrendamiento con promesa de venta.
La información obtenida por los diputados en el CNR reveló que el patrimonio de esa cuestionada empresa en ese momento era de $4.8 millones.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla admitió la demanda civil presentada en contra del exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas y su grupo familiar, señalados por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República de haberse enriquecido de forma ilícita.
La demanda civil es por incremento patrimonial no justificado que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le detectó en el ejercicio de su cargo entre el 1 de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2014, durante el mandato presidencial de Mauricio Funes, que fue el primer gobierno del FMLN.
En la investigación que hizo Probidad, el ex funcionario no pudo justificar 12 irregularidades por un monto de $308,252.08. A Rivas le cuestionan cinco irregularidades en concepto de depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito por $265,055.49, mientras que su grupo familiar tuvo un incremento patrimonial no justificado de $43,196.59.
Al iniciar el juicio civil el ministerio público pidió que se les aplique los artículos 20 y 21 de la Ley de Enriquecimiento ilícito que establece un régimen sancionatorio de condena a devolver el monto con el cual se enriquecieron ilícitamente y la inhabilitación para ejercer un cargo público por período de 10 años.
Luego de admitir la demanda, la Cámara debe notificar a Rivas y su familia para que presenten sus argumentos y después señalar la audiencia preparatoria que es la primera diligencia del juicio civil.
Al menos dos personas resultaron lesionadas tras sufrir un fuerte accidente de tránsito, esta mañana de martes, en San Miguel.
De acuerdo con la información, dos vehículos impactaron de frente en la zona del Carao, cantón El Delirio, en citado departamento.
En redes sociales circulan fotografías del aparatoso choque frontal que pudo ser causado por la invasión al carril contrario.
Hasta el momento se desconoce el estado de salud y nombres de las víctimas.
