Nacionales
Luego de 40 años, Gobierno ratificará convenios de la OIT a favor de la clase trabajadora
Por primera vez en la historia de El Salvador, el Gobierno se unió a la lucha de los sindicatos salvadoreños en un evento conmemorativo por el Día Internacional de los Trabajadores.
Fueron cientos de representantes de sindicatos y de sus juntas directivas los que desde tempranas horas de ayer optaron por concentrarse en un hotel capitalino, atendiendo la convocatoria que hizo el gobierno del presidente Nayib Bukele en lugar de realizar las usuales marchas que durante los gobiernos anteriores se llevaban a cabo.
«En esta reunión se pretendió lograr una concentración completamente distinta a la que la política tradicional ha promovido en el pasado, con mucha crítica y discurso ideologizado y poca sustancia en materia de bases concretas para las y los trabajadores salvadoreños», fueron las palabras con las que inició su discurso el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro.
Junto a él, también presidió el evento el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y los diferentes representantes de los sindicatos salvadoreños.
«Vinimos a escuchar el compromiso del Gobierno con la clase trabajadora en general», expresaban varios sindicalistas en el lugar, mientras sostenían sus pancartas que denotaban un fuerte apoyo a la gestión del presidente Bukele.
Tal como lo demandaba la clase trabajadora, el secretario jurídico de la presidencia fue el encargado de anunciar cinco convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que serán presentados este día en la Asamblea Legislativa para que sean ratificados a favor de este sector «que durante años ha sido vulnerado».
El convenio 102 relativo a la norma mínima de seguridad social para las y los trabajadores, convenio 148 sobre los riesgos profesionales debido a la contaminación del aire y otros rubros en el lugar de trabajo, convenio 154 sobre la negociación colectiva, convenio 183 sobre la protección de maternidad, convenio 190 para la eliminación del acoso y violencia en el trabajo; son los cinco tratados que se llevarán hoy al Órgano Legislativo, «después de estar congelados durante 25, 30 y 40 años».
«Además anunciamos que, a petición del ministro de Trabajo, en concejo de ministros, se aprobó la creación de la unidad de procuración y defensoría de los y las trabajadores ante los tribunales de justicia», informó Conan Castro.
Del igual manera, el ministro Rolando Castro añadió que, durante el mes de mayo, se inaugurará la construcción de un centro médico de atención de salud general y especialidades para todos los afiliados a los sindicatos del país.
Asimismo, anunció que el gobierno no presentará una reforma de pensiones si no va discutida y analizada previamente por la clase trabajadora. «Por ello anunciamos que, a partir de hoy armaremos un cronograma de reuniones con todos los dirigentes sindicales para que analicemos y planteemos una reforma», manifestó.
Por su parte, Ricardo Meléndez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (STISSS) aseguró sentirse satisfecho con los anuncios que brindaron los funcionarios del gobierno del presidente Bukele.
«Es una gran efeméride que se nos den estos anuncios y celebrar así el 139 aniversario de los mártires de Chicago en una concentración por primera vez junto al Gobierno», expresó.
Del mismo modo, Julio Leiva, integrante de Sitracorreos, dijo que le parece «excelente» que el gobierno busque ratificar convenios de la OIT que la clase trabajadora espera desde hace 40 años.
Principal
Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
Principal
Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
Principal
Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
