La frase “la justicia salvadoreña solo pica al descalzo” dicha por el Santo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, no ha perdido vigencia a décadas de finalizado el conflicto armado salvadoreño. Muestra de ello son las recientes resoluciones registradas esta semana donde el expresidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Jaime «La Chelona» Rodríguez, tuvo una condena “blandengue” mientras todo el peso de la ley cayó contra un exempleado de bajo rango del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Una condena «risible» para un alto funcionario del Estado contra una condena «pesada» contra un empleado estatal. ¿Se hizo realmente justicia? Sin duda, ambos son delitos, no hay justificación, pero en la balanza, pareciera que alguien tuvo mucha suerte por un delito mayor, y como siempre, al descalzo lo picó la serpiente de nuevo.

Ante esta situación, las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) se han mostrado satisfechas de ambos resultados registrados en los tribunales, ya que aseguran que se ha dado una “pronta y cumplida justicia”.

Sin embargo, Rodríguez quien fue procesado por malversación de fondos públicos y actos arbitrarios por desviar $125 mil del INDES, fue condenado a dos años de cárcel que fueron sustituidos a trabajos de utilidad pública y el pago de $500 por daños civiles.

El caso se remonta al año 2011 tomó $125,000 de los fondos otorgados por el Ministerio de Hacienda a la institución para entregarlos a la comuna tecleña, dirigida en ese entonces por Óscar Ortiz, sin que se siguiera el debido proceso, para la remodelación de las instalaciones del estadio Las Delicias.

Mientras tanto, el exempleado del MOP, Reynaldo Lara Chávez, fue enviado a 10 años de cárcel por el delito de peculado al apropiarse indebidamente de 4 mil 73 vales de combustible que eran propiedad del Estado salvadoreño.

Dichos actos ilegales fueron cometidos entre los años de 2016 y 2017 cuando era encargado de administrar dichos vales en el Gobierno del FMLN.

En el proceso judicial, la Fiscalía demostró que el imputado había fingido la pérdida de los vales, cuyo valor total era de 40 mil 730 dólares, con el fin de apropiárselos. Además de la condena, la jueza ordenó al imputado regresar el valor total del dinero al Estado.

Según los informes fiscales, los cupones que se apropió Lara eran parte de un lote de 7 mil 515, los cuales serían para un proyecto en el volcán Chaparrastique, San Miguel.

Sin embargo, la institución solo utilizó 3 mil 442. El resto estaba en custodia del imputado, el cual dijo que los había extraviado. Tras una auditoría se supo que solo 6 de estos no habían sido cobrados.

Por lo tanto, en los juzgados quedó plasmado el favoritismo de funcionarios de alto nivel contra los de bajo rango, quien el primero gozaba de libertad condicional viajaba a Estados Unidos a ver sus negocios, mientras el segundo quedó encarcelado.

Con esto se abre nuevamente la opinión pública sobre el trabajo realizado por la FGR, donde la actual administración estaría haciendo lo mismo que su antecesor, Douglas Meléndez.

También vuelven a la memoria los casos como el de la joven Evelyn, que tuvo que estar bajo detención provisional por tres años y el Ministerio Público quería una condena de 40 años, cuando la mujer era inocente de la acusación de homicidio debido a que se trató de un aborto espontaneo del bebé, que surgió producto a una violación.

Estamos claros que ambos delitos deben ser castigados con todo el peso de la Ley. Sin embargo, al ver las sentencias nos preguntamos: ¿Esto es una burla? Es que acaso nuestro sistema judicial tiene preferencias para unos y para otros no? Por qué la FGR pidió el menor castigo para un delito de malversar más de $125 mil y para el otro una pena mayor? De nuevo surge la pregunta: por qué la justicia se ve tan desigual desde esta perspectiva?

Asimismo, Meléndez finalizó su gestión de casos inconclusos, entre ellos, Corruptela y Quimagro. En cuanto a otros solo sirvieron de persecución política. Hay que recordar cuántas denuncias tiene el exfiscal Douglas Meléndez y no judicializan ninguna denuncia o avisó en su contra. Qué espera la FGR para tomar cartas en el asunto? Por qué si hay evidencias tan contundentes de graves delitos y fraudes procesales en varios casos sonados de la FGR anterior, aún no tenemos a los responsables pagando por esos crímenes?