Judicial
Twitter de FGR sobre caso de Adán Salazar previo a conocer la sentencia, «violenta independencia judicial», dice dr. Nelson García
Unas horas previo a la lectura de la Sentencia en el Caso “GUMARSAL” por el Juez Segundo de Sentencia de San Salvador, la Fiscalía divulgó información para crear un condena mediática.
POR PAUL ZELADA.
SAN SALVADOR.- El reconocido penalista Dr. Nelson García criticó fuertemente la actitud de la Fiscalía General de la República, que apenas unas horas antes a la que estaba programada por el Juez Segundo de Sentencia de San Salvador, la lectura de la Sentencia Definitiva que absolvería o condenaría al empresario José Adán Salazar Umaña, conocido como “Chepe Diablo” publicó en la red social Twitter un video sobre presuntos vínculos del imputado con una red de tráfico de droga donde participaban Pablo Escobar y “El Señor de los Cielos”, donde además mencionaban que Fiscalía había presentado en el juicio, las pruebas que respaldan cada uno de los señalamientos efectuados contra Salazar Umaña.
A criterio del jurista, la acción de la Fiscalía General de la República, además de debidamente premeditada es constitutiva de una violación a la independencia judicial; pues está tratando de generar presión social contra el Juez de la causa, como quien dice “si Salazar Umaña resulta absuelto, lo es por un acto ajeno al proceso, porque nosotros demostramos su culpabilidad”; se trata de una jugada perversa, porque no se trata de una publicación informando que se realizaría la lectura del fallo, sino que contiene un video que de por sí ya constituyó una juicio mediático de culpa en contra del procesado y una carga externa de la sociedad que ahora voltea todos sus ojos al Tribunal a cargo, es como mínimo irresponsable por parte del Ministerio Público y el Titular de la institución, Raúl Melara, no puede permitir que se haga “changoneta” de la Fiscalía.
“La fiscalía ha puesto a circular un video para presionar a los jueces. Lástima que no probaron lo mismo en juicio, TORVO MÉTODO TRADICIONAL DE LA INCAPACIDAD Y PERVERSIÓN DE LA JUSTICIA” lamentó el abogado.
El Doctor García además insiste en que la FGR trata de buscar que la ciudadanía intimide al Órgano Judicial. “Este es el video a que me refiero como ejemplo del instrumento del procedimiento tradicional para intimidar sentenciadores desatando la jauría de una opinión pública manipulada” agregó.
También recordó que el artículo 3 del Estatuto del Juez Iberoamericano, hace referencia a la “Independencia Jucial y los medios de comunicación” en los que se manifiesta la prohibición en “la utilización de los medios de comunicación social con el objeto de suplantar funciones jurisdiccionales, imponer o influir en el contenido de las resoluciones judiciales, en condiciones que excedan el legítimo derecho a la libertad de expresión e información, se considera lesiva para la independencia judicial”. Pero ¿Quién nos protege si esta aberración la hace la Fiscalía? Es decir la institución a quien se le demanda más imparcialidad, objetividad y legalidad en sus actuaciones. Acá más han parecido los asesores de una “campaña” de competencias desleales de las que se andan mencionando en las noticas y hoy también en los estrados judiciales que están detrás de casos “mediatizados” pero judicialmente débiles y no la institución a la que se ha depositado la confianza de llevar adelante el ejercicio de la acción penal. Cerró diciendo.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
