Judicial
Sala de lo Civil condena a Lina Pohl en caso cerro El Águila
El caso de tala del cerro El Águila no ha concluido en los tribunales; pues la Sala de lo Civil condenó a Lina Pohl, exministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), por “omisión de sus funciones”, en la protección del bosque nebuloso ubicado en el cerro El Águila, en Juayúa, Sonsonate.
El daño ocurrió en 2010, 2013, 2016 y 2018 según el peritaje del mismo ministerio de Medio Ambiente.
La Sala revocó parcialmente el fallo de la Cámara Ambiental emitido en abril de 2021. En ese momento, la Cámara condenó a Orestes Ortez, exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), por “omisión de sus funciones”, pues no controló la explotación del bosque nebuloso; y al Estado-representado por la Fiscalía- como garante subsidiario, es decir, si los exministros no paguen por el resarcimiento de daños, el Estado pagará los costos económicos que implican el reparo ambiental de la finca El Águila, donde se originó la tala. En el mismo fallo, la Cámara Ambiental absolvió a la exministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, argumentando que el cumplimiento de la Ley Forestal es exclusivo del MAG.
Sin embargo, el 22 de diciembre de 2021, la Sala de lo Civil confirmó la condena de Ortez. Además, condenó a la exministra Pohl por “omisión de sus deberes legales de coordinación, control, supervisión y de adopción de medidas cautelares en las actividades forestales, que derivaron en daños ambientales”, plantea la Sala en su fallo.
“¿Cómo es posible que sos ministro, y tu mismo ministerio te dice aquí hay daños ambientales y vos no hagas nada. Eso es una omisión clara”, explica Gerardo Landaverde, representante de la firma de abogados ambientales Asociación Ecológica Para la Protección y Acción del Medio Ambiente Tierra Verde (AEPROTERRA), que mantuvo el caso durante dos años en tribunales.
La sentencia será firme en cuanto la Corte Suprema de Justicia resuelva si acepta o rechaza el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía General de la República. Lo que prolongará el caso por lo menos dos años más. Si la casación es aceptada, el caso pasaría a discusión de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia. Pero, “actualmente está condenada (Pohl)”, dice Landaverde. Esta es la primera vez que en este país centroamericano se condena a exfuncionarios por “los daños ambientales que propició su negligencia”, añade.
Actualmente, Lina Pohl es la representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Desde sus redes sociales promueve la protección de los bosques. Mientras que, la Fiscalía ha girado orden de captura contra Pohl por el lavado de 177 mil dólares en la gestión del expresidente Salvador Sánchez Cerén.
La MalaYerba solicitó entrevista con Lina Pohl, a través de su representante legal, el abogado Luis Nieto, pero la exfuncionaria rechazó la entrevista. Además, el abogado dijo que no ha sido “notificado sobre ninguna resolución emitida por la Sala de lo Civil”, señaló Nieto.
La impunidad detrás de la tala
Según la Ley Forestal en El Salvador, creada en 1973 y modificada en 2002, el aprovechamiento forestal “es la cosecha de los productos forestales maderables y los no maderables hasta la cosecha final, todo de conformidad con normas de manejo que garanticen su sostenibilidad”. La definición establece un mecanismo “sostenible” para la extracción de los árboles, algo que no ocurrió en el aprovechamiento de la Finca Forestal El Águila, como lo determinaron los fallos de la Cámara Ambiental y la Sala de lo Civil.
Sin embargo, el propietario de la finca, el agrónomo Wilbert Figueroa Sándoval, quedó libre de cargos gracias al blindaje que le dio la Ley Forestal, que permite que fincas privadas, ubicadas en zonas de recarga hídrica, se utilicen para la explotación de madera.
El exmagistrado de la Cámara Ambiental, Samuel Lizama, explica que “la ley prácticamente no les exige nada” a las plantaciones forestales privadas. Él describe lo que vio en la inspección en el cerro “cuando uno va subiendo en las faldas son cafetales, en la parte intermedia es el bosque originario y cuando llega a la cima plantaciones forestales, esa es una locura total. Esa era y es, en algunos puntos, una zona de gran biodiversidad que nunca debió ser alterada en esos términos”, narra.
Pero el Estado no solo ha dejado en impunidad las actividades “sin control” del agrónomo Figueroa Sandoval en el cerro El Águila, sino que lo ha beneficiado con contratos en diversas entidades del gobierno.
Según datos del Centro Nacional de Registro, el agrónomo es representante legal de la inmobiliaria Proyectos Múltiples de Occidente, S.A. de C.V., con la que ha sido contratista del Estado: en la alcaldía de El Congo, en la CEL, y del Ministerio de Agricultura. En 2017, construyó para el Ministerio de Medio Ambiente -dirigido por Lina Pohl- dos kioscos en el Parque Nacional Los Volcanes, sector San Blas, zona que integra la Reserva de Biósfera Apaneca-Ilamatepec.
El agrónomo Figueroa Sandoval, también, es presidente y representante legal de la Fundación Enrique Figueroa Lemus; que se auto promueve como una organización para la educación y protección ambiental del área boscosa Montecristo que une a Honduras, Guatemala y El Salvador, ubicada en el municipio de Metapán, Santa Ana.
La MalaYerba buscó al agrónomo Figueroa Sandoval a través de su empresa Productos Forestales, S.A. de C.V., pero la secretaria explicó que está “muy enfermo” y “no podrá” responder la solicitud de entrevista. Quien aceptó hablar en representación de la Fundación Enrique Figueroa Lemus, fue su hermana, Silvia Figueroa. Ella explica que la fundación fue creada por tres hermanos para conservar tres áreas protegidas que tienen a su cargo.
Al hablar sobre la finca El Águila, Silvia Figueroa aclara que es un inmueble que no conoce y que su hermano compró siendo una plantación forestal. Y resume que una plantación forestal “es un cultivo, no es un bosque” que tiene la función “de producir madera, no es la de tener biodiversidad, no es de producir agua”, argumenta.
Sobre la falta de criterio de sostenibilidad en la Finca El Águila, Silvia Figueroa reclama que: “Cualquiera puede decir mire, pero ahí vivía un sapito, pero estamos ocupando diez manzanas de 200, y ¿qué más quiere? Si no estamos ocupando ni siquiera un 10% del terreno y lo demás lo estamos dejando de bosque ¿y ese no es un sacrificio personal? ¿A cuenta de qué tenemos nosotros que hacer eso?”
La ambientalista apela a la labor que han realizado desde la Fundación Enrique Figueroa Lemus en comparación a las actividades de extracción de madera. “Tienen que hacer un balance del trabajo que nosotros hemos estado haciendo, tienen que ver que el aporte que hemos estado haciendo, el sacrificio, el trabajo y el amor con el que lo hacemos, no lo hace nadie, quizás, ni en Centroamérica”, sostiene.
La exmagistrada de la Cámara Ambienta, Cesia Romero, considera que en El Salvador no hay una legislación acorde a lo que requiere la protección ambiental. Y “se necesita actualizar la legislación, específicamente en el tema forestal. El enfoque que actualmente se tiene es más de aprovechamiento, que de protección y creo que a estas alturas decir proteger el medioambiente no es estar en contra del desarrollo”, añade Romero.
Pese a la importante generación de agua y a la rica biodiversidad que alberga, el municipio de Juayúa, a donde se ubica el cerro El Águila, perdió 684 hectáreas de cobertura boscosa, entre 2001 y 2020. Lo que es equivalentes a la producción de 365 millones de toneladas de CO2, revela la aplicación de monitoreo de bosques Global Forest Watch.
La misma página detalla que tan sólo en el año 2020 Juayúa perdió 30.7 hectáreas de bosque, iguales a la liberación de 17.4 millones de toneladas de emisiones de CO2. La pérdida no se compara con la ganancia, pues Global Forest Watch ha registrado entre 2001 y 2012 una cobertura boscosa ganada de 14 hectáreas en Juayúa.
- Con reportes de: Julia Gavarrete.
- Este reportaje fue realizado gracias al apoyo de: International Women’s Media Foundation
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.
El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.
#CombateALaCorrupción I Este día, el exdiputado Jorge Shafick Handal Vega y su grupo familiar enfrentan juicio ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por enriquecerse ilícitamente con $182,374.61.
En la jornada de hoy, la @FGR_SV presentará testigos… pic.twitter.com/ySIQRWYyT0
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 24, 2024
En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.
A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.
En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.
A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.
«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.
Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
