Judicial
Sala de lo Civil condena a Lina Pohl en caso cerro El Águila
El caso de tala del cerro El Águila no ha concluido en los tribunales; pues la Sala de lo Civil condenó a Lina Pohl, exministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), por “omisión de sus funciones”, en la protección del bosque nebuloso ubicado en el cerro El Águila, en Juayúa, Sonsonate.
El daño ocurrió en 2010, 2013, 2016 y 2018 según el peritaje del mismo ministerio de Medio Ambiente.
La Sala revocó parcialmente el fallo de la Cámara Ambiental emitido en abril de 2021. En ese momento, la Cámara condenó a Orestes Ortez, exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), por “omisión de sus funciones”, pues no controló la explotación del bosque nebuloso; y al Estado-representado por la Fiscalía- como garante subsidiario, es decir, si los exministros no paguen por el resarcimiento de daños, el Estado pagará los costos económicos que implican el reparo ambiental de la finca El Águila, donde se originó la tala. En el mismo fallo, la Cámara Ambiental absolvió a la exministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, argumentando que el cumplimiento de la Ley Forestal es exclusivo del MAG.
Sin embargo, el 22 de diciembre de 2021, la Sala de lo Civil confirmó la condena de Ortez. Además, condenó a la exministra Pohl por “omisión de sus deberes legales de coordinación, control, supervisión y de adopción de medidas cautelares en las actividades forestales, que derivaron en daños ambientales”, plantea la Sala en su fallo.
“¿Cómo es posible que sos ministro, y tu mismo ministerio te dice aquí hay daños ambientales y vos no hagas nada. Eso es una omisión clara”, explica Gerardo Landaverde, representante de la firma de abogados ambientales Asociación Ecológica Para la Protección y Acción del Medio Ambiente Tierra Verde (AEPROTERRA), que mantuvo el caso durante dos años en tribunales.
La sentencia será firme en cuanto la Corte Suprema de Justicia resuelva si acepta o rechaza el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía General de la República. Lo que prolongará el caso por lo menos dos años más. Si la casación es aceptada, el caso pasaría a discusión de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia. Pero, “actualmente está condenada (Pohl)”, dice Landaverde. Esta es la primera vez que en este país centroamericano se condena a exfuncionarios por “los daños ambientales que propició su negligencia”, añade.
Actualmente, Lina Pohl es la representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Desde sus redes sociales promueve la protección de los bosques. Mientras que, la Fiscalía ha girado orden de captura contra Pohl por el lavado de 177 mil dólares en la gestión del expresidente Salvador Sánchez Cerén.
La MalaYerba solicitó entrevista con Lina Pohl, a través de su representante legal, el abogado Luis Nieto, pero la exfuncionaria rechazó la entrevista. Además, el abogado dijo que no ha sido “notificado sobre ninguna resolución emitida por la Sala de lo Civil”, señaló Nieto.
La impunidad detrás de la tala
Según la Ley Forestal en El Salvador, creada en 1973 y modificada en 2002, el aprovechamiento forestal “es la cosecha de los productos forestales maderables y los no maderables hasta la cosecha final, todo de conformidad con normas de manejo que garanticen su sostenibilidad”. La definición establece un mecanismo “sostenible” para la extracción de los árboles, algo que no ocurrió en el aprovechamiento de la Finca Forestal El Águila, como lo determinaron los fallos de la Cámara Ambiental y la Sala de lo Civil.
Sin embargo, el propietario de la finca, el agrónomo Wilbert Figueroa Sándoval, quedó libre de cargos gracias al blindaje que le dio la Ley Forestal, que permite que fincas privadas, ubicadas en zonas de recarga hídrica, se utilicen para la explotación de madera.
El exmagistrado de la Cámara Ambiental, Samuel Lizama, explica que “la ley prácticamente no les exige nada” a las plantaciones forestales privadas. Él describe lo que vio en la inspección en el cerro “cuando uno va subiendo en las faldas son cafetales, en la parte intermedia es el bosque originario y cuando llega a la cima plantaciones forestales, esa es una locura total. Esa era y es, en algunos puntos, una zona de gran biodiversidad que nunca debió ser alterada en esos términos”, narra.
Pero el Estado no solo ha dejado en impunidad las actividades “sin control” del agrónomo Figueroa Sandoval en el cerro El Águila, sino que lo ha beneficiado con contratos en diversas entidades del gobierno.
Según datos del Centro Nacional de Registro, el agrónomo es representante legal de la inmobiliaria Proyectos Múltiples de Occidente, S.A. de C.V., con la que ha sido contratista del Estado: en la alcaldía de El Congo, en la CEL, y del Ministerio de Agricultura. En 2017, construyó para el Ministerio de Medio Ambiente -dirigido por Lina Pohl- dos kioscos en el Parque Nacional Los Volcanes, sector San Blas, zona que integra la Reserva de Biósfera Apaneca-Ilamatepec.
El agrónomo Figueroa Sandoval, también, es presidente y representante legal de la Fundación Enrique Figueroa Lemus; que se auto promueve como una organización para la educación y protección ambiental del área boscosa Montecristo que une a Honduras, Guatemala y El Salvador, ubicada en el municipio de Metapán, Santa Ana.
La MalaYerba buscó al agrónomo Figueroa Sandoval a través de su empresa Productos Forestales, S.A. de C.V., pero la secretaria explicó que está “muy enfermo” y “no podrá” responder la solicitud de entrevista. Quien aceptó hablar en representación de la Fundación Enrique Figueroa Lemus, fue su hermana, Silvia Figueroa. Ella explica que la fundación fue creada por tres hermanos para conservar tres áreas protegidas que tienen a su cargo.
Al hablar sobre la finca El Águila, Silvia Figueroa aclara que es un inmueble que no conoce y que su hermano compró siendo una plantación forestal. Y resume que una plantación forestal “es un cultivo, no es un bosque” que tiene la función “de producir madera, no es la de tener biodiversidad, no es de producir agua”, argumenta.
Sobre la falta de criterio de sostenibilidad en la Finca El Águila, Silvia Figueroa reclama que: “Cualquiera puede decir mire, pero ahí vivía un sapito, pero estamos ocupando diez manzanas de 200, y ¿qué más quiere? Si no estamos ocupando ni siquiera un 10% del terreno y lo demás lo estamos dejando de bosque ¿y ese no es un sacrificio personal? ¿A cuenta de qué tenemos nosotros que hacer eso?”
La ambientalista apela a la labor que han realizado desde la Fundación Enrique Figueroa Lemus en comparación a las actividades de extracción de madera. “Tienen que hacer un balance del trabajo que nosotros hemos estado haciendo, tienen que ver que el aporte que hemos estado haciendo, el sacrificio, el trabajo y el amor con el que lo hacemos, no lo hace nadie, quizás, ni en Centroamérica”, sostiene.
La exmagistrada de la Cámara Ambienta, Cesia Romero, considera que en El Salvador no hay una legislación acorde a lo que requiere la protección ambiental. Y “se necesita actualizar la legislación, específicamente en el tema forestal. El enfoque que actualmente se tiene es más de aprovechamiento, que de protección y creo que a estas alturas decir proteger el medioambiente no es estar en contra del desarrollo”, añade Romero.
Pese a la importante generación de agua y a la rica biodiversidad que alberga, el municipio de Juayúa, a donde se ubica el cerro El Águila, perdió 684 hectáreas de cobertura boscosa, entre 2001 y 2020. Lo que es equivalentes a la producción de 365 millones de toneladas de CO2, revela la aplicación de monitoreo de bosques Global Forest Watch.
La misma página detalla que tan sólo en el año 2020 Juayúa perdió 30.7 hectáreas de bosque, iguales a la liberación de 17.4 millones de toneladas de emisiones de CO2. La pérdida no se compara con la ganancia, pues Global Forest Watch ha registrado entre 2001 y 2012 una cobertura boscosa ganada de 14 hectáreas en Juayúa.
- Con reportes de: Julia Gavarrete.
- Este reportaje fue realizado gracias al apoyo de: International Women’s Media Foundation
Judicial
Detenida mujer acusada de estafar a 11 parejas con servicios de organización de bodas en El Salvador
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó la detención provisional de Tránsito Guadalupe Marroquín, de 48 años, acusada del delito de estafa agravada en perjuicio de 11 personas que habrían contratado sus servicios para la organización de bodas.
De acuerdo con la investigación, la imputada promocionaba sus servicios como planificadora de eventos a través de redes sociales y solicitaba anticipos mediante transferencias bancarias para organizar celebraciones programadas entre 2025 y 2026.
La Fiscalía sostiene que, en algunos casos, los locales nunca fueron reservados, mientras que en los eventos que sí se realizaron, los servicios brindados no coincidieron con lo acordado.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran la falta de decoración, banquete, cristalería, bebidas, ramo de novia y otros servicios adicionales que habían sido ofrecidos a los clientes.
Según el requerimiento fiscal, el perjuicio económico causado a las 11 víctimas asciende a $19,651.
Tras la audiencia inicial, la jueza determinó que existen suficientes indicios para que el proceso continúe en la etapa de instrucción y ordenó que Marroquín permanezca en detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
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Exempleado de banco enfrenta cargos por hurto informático: sustrajo más de $1,000 de cuenta de clienta en Santa Ana
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Bryan Ariel Méndez Flores, de 26 años, acusado del delito de hurto por medios informáticos en perjuicio de una clienta identificada como Gladis P., y de forma subsidiaria contra la institución bancaria donde laboraba.
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado se valió de su posición como asesor comercial del banco para obtener datos de la víctima y realizar transacciones no autorizadas, logrando sustraer más de $1,000 en total.
Cómo ocurrieron los hechos
La investigación inició el 27 de mayo de 2024, cuando la Gerencia de Seguridad de la entidad financiera reportó irregularidades en la cuenta de la clienta: cambio de contraseña de banca en línea, registro de nuevos dispositivos y activación de clave dinámica, gestiones que la afectada negó haber solicitado o autorizado.
Las pesquisas internas revelaron que el número telefónico vinculado a los dispositivos pertenecía a Méndez Flores, quien había atendido personalmente a la clienta en al menos cuatro ocasiones.
Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que, el 22 de abril de 2024, la víctima entregó su tarjeta de débito al imputado para una gestión. En las imágenes se observa cómo este anotó datos de la tarjeta en un papel antes de devolvérsela.
Minutos después se registró un nuevo dispositivo para acceder a la banca en línea. Desde ese dispositivo se realizó una transferencia electrónica por $417.
Posteriormente, el 13 de mayo se registró otro dispositivo y se efectuaron dos retiros sin tarjeta de $250 cada uno en un cajero automático. La persona que realizó las operaciones utilizaba casco de motocicleta y mascarilla para evitar su identificación. Un tercer retiro por $200 se registró el 25 de mayo.
Al ser consultada, la clienta manifestó desconocer todas estas transacciones, por lo que el banco procedió a bloquear de forma definitiva la tarjeta, el usuario de banca en línea y los dispositivos vinculados.
Medidas judiciales
Tras las pruebas presentadas, el Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional de Méndez Flores mientras se desarrolla la etapa de instrucción.
Judicial
¡Condena insuficiente en Ciudad Delgado! 25 años de prisión por abusar de una mujer ebria y prenderle fuego en sus genitales
Un juez condenó a 25 años de prisión a Carlos Geovanni Castillo Clavel por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras abusar sexualmente de una mujer en estado de ebriedad y luego rociarla con gasolina para prenderle fuego en Ciudad Delgado, San Salvador.
De acuerdo con la investigación de Centros Judiciales El Salvador (CJES), la víctima y el agresor se conocían desde hacía varios años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de septiembre de 2025, en una vivienda de la colonia San Fernando, donde departían junto a una acompañante.
“Castillo Clavel, aprovechando que la víctima permanecía dormida, abusó de ella. Cuando esta recuperó el conocimiento e intentó retirarse, el agresor la detuvo por la fuerza, la amenazó con quemarla y luego roció gasolina sobre sus piernas y área genital, prendiéndole fuego con un encendedor”, detalló CJES.
La acompañante de la víctima despertó por los gritos, salió de la casa en llamas, pero regresó valientemente para rescatarla. La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en el 25% de su cuerpo, lesiones compatibles con abuso sexual y permaneció hospitalizada más de un mes, con su vida en riesgo, según informes del Instituto de Medicina Legal (IML).
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres de San Salvador consideró en su sentencia que el agresor ejerció violencia previa y violencia simbólica al atacar específicamente el área genital de la víctima. Sin embargo, la intervención oportuna de la tercera persona fue clave para evitar una tragedia fatal.
Esta condena ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas en casos de extrema violencia contra las mujeres en El Salvador.
