Judicial
Pandillero abusa de su hija de nueve años y amenaza con golpearla en San Salvador
Una niña de nueve años de edad denuncia a su papá pandillero por agredirla sexualmente y golpearla con los cables de la licuadora en varias ocasiones mientras este se quedaba sola con sus hermanas en una colonia del municipio de San Salvador. Todos los testigos presentados en la audiencia recalcaron que él era una “persona tranquila en su hogar”.
Walter A., de 32 años de edad, ingresó a la pandilla 18 desde hace muchos años y durante ese momento se acompañó con Margarita (nombre modificado por seguridad), una muchacha que se ganaba la vida vendiendo verduras en un carro repartidor mientras que él estaba desempleado.
Camila (nombre modificado por seguridad), de nueve años de edad, fue su primera hija de tres que criaron juntos.
Uno de los vecinos dijo en una de las audiencias en su contra que el él era una “persona tranquila en su hogar y que era bien centrado». Sin embargo, la vida de Walter era obscura, ya que cada vez que Margarita salía a trabajar quedaban al cuidado de él, quien aprovechaba ese momento para embriagarse junto con sus compinches y golpear a las tres niñas.
Camila contó a las autoridades que en una ocasión él sujeto tomó la guía eléctrica de la licuadora y le pegó con fuerza en la espalda y en las piernas.
Ella no sabía exactamente por qué la agredía, pues ella sentía que no había hecho nada para que reaccionara de esa forma. Mientras tanto Margarita no se imaginaba lo que en su casa pasaba ya que las niñas fueron amenazadas con más golpes si le decían algo.
Un día Camila regresó de la escuela, se metió al cuarto y se comenzó a desvestir cuando de repente apareció su papá y sin mediar palabras comenzó a tocarle las piernas, la vulva y las nalgas. Ella estaba quieta y con mucho miedo porque sabía que si se movía o gritaba, arremetería contra ella y sus hermanas.
La niña confesó que no solo fue una vez sino varias ocasiones siempre bajo la misma amenaza: “No vayas a contar nada a tu mamá porque si no te voy a pegar duro”, le decía el sujeto a la menor. Ella guardó por varias semanas el secreto.
La confesión
El 22 de febrero de 2017, la menor se cansó de toda la situación vivida. Walter se encontraba reparando un vehículo y le pidió a Camila que le alcanzara unas herramientas que estaban junto al carro. Ella se las llevó y el hombre aprovechó el momento para tocarle las piernas dejándoselas todas llenas de grasa, inmediatamente le advirtió que no dijera nada.
Ella se fue del lugar y se limpió, ya estaba cansada de lo que su progenitor hacía con ella y con sus otras hermanas.
Dos semanas después Camila no aguantó guardar el secreto, agarró el valor y le dijo a su madre lo que estaba pasando cuando ella se ausentaba. Margarita estaba furiosa y encolerizada se acercó a Walter y le reclamó.
Ella le exigía que le diera una explicación, pero su compañero de vida lo único que hizo fue comenzarla a golpear mientras le gritaba que la mataría frente a sus hijas. En el forcejeo, ella se trató de defenderse pero el sujeto era más fuerte, le rompió la camisa y le pegó constantemente en la espalda.
Ella asustada tomó a sus tres hijas y salió corriendo hacia la casa de un familiar. Posteriormente, ella interpuso la denuncia en su contra bajo el delito de agresiones sexuales y violencia intrafamiliar por lo que la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó su captura.
La niña dijo a las autoridades que su padre tenía “una muñeca” tatuada en un brazo, un número “18” en el brazo y un “XV3” en uno de los dedos de la mano.
En su declaración, Margarita dijo que en un inicio él “era tranquilo y feliz”, pero que luego de un año de vivir juntos comenzó a golpearlas y a ejercer violencia psicológica contra ellas.
La madre señaló a las autoridades que en una ocasión encontró al padre tratando de ahorcar a una de las niñas pero explicó que no denunció por miedo a represarías.
Los testigos que declararon a favor de Walter señalaron que él no era una persona alcohólica ni que golpeaba ni agredía sexualmente a ninguna de sus hijas. “Es un buen muchacho, no era un borracho. Él las quería y no se veía que la maltratara”, explicó uno de ellos.
Acosta enfrenta los delitos de agresión y acoso sexual y violencia infantil. El proceso judicial está en manos del juez del tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, quien determinará la responsabilidad sobre los delitos que recaen sobre le sujeto.
Por: El Salvador Times
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
