Judicial
Pandillero abusa de su hija de nueve años y amenaza con golpearla en San Salvador
Una niña de nueve años de edad denuncia a su papá pandillero por agredirla sexualmente y golpearla con los cables de la licuadora en varias ocasiones mientras este se quedaba sola con sus hermanas en una colonia del municipio de San Salvador. Todos los testigos presentados en la audiencia recalcaron que él era una “persona tranquila en su hogar”.
Walter A., de 32 años de edad, ingresó a la pandilla 18 desde hace muchos años y durante ese momento se acompañó con Margarita (nombre modificado por seguridad), una muchacha que se ganaba la vida vendiendo verduras en un carro repartidor mientras que él estaba desempleado.
Camila (nombre modificado por seguridad), de nueve años de edad, fue su primera hija de tres que criaron juntos.
Uno de los vecinos dijo en una de las audiencias en su contra que el él era una “persona tranquila en su hogar y que era bien centrado». Sin embargo, la vida de Walter era obscura, ya que cada vez que Margarita salía a trabajar quedaban al cuidado de él, quien aprovechaba ese momento para embriagarse junto con sus compinches y golpear a las tres niñas.
Camila contó a las autoridades que en una ocasión él sujeto tomó la guía eléctrica de la licuadora y le pegó con fuerza en la espalda y en las piernas.
Ella no sabía exactamente por qué la agredía, pues ella sentía que no había hecho nada para que reaccionara de esa forma. Mientras tanto Margarita no se imaginaba lo que en su casa pasaba ya que las niñas fueron amenazadas con más golpes si le decían algo.
Un día Camila regresó de la escuela, se metió al cuarto y se comenzó a desvestir cuando de repente apareció su papá y sin mediar palabras comenzó a tocarle las piernas, la vulva y las nalgas. Ella estaba quieta y con mucho miedo porque sabía que si se movía o gritaba, arremetería contra ella y sus hermanas.
La niña confesó que no solo fue una vez sino varias ocasiones siempre bajo la misma amenaza: “No vayas a contar nada a tu mamá porque si no te voy a pegar duro”, le decía el sujeto a la menor. Ella guardó por varias semanas el secreto.
La confesión
El 22 de febrero de 2017, la menor se cansó de toda la situación vivida. Walter se encontraba reparando un vehículo y le pidió a Camila que le alcanzara unas herramientas que estaban junto al carro. Ella se las llevó y el hombre aprovechó el momento para tocarle las piernas dejándoselas todas llenas de grasa, inmediatamente le advirtió que no dijera nada.
Ella se fue del lugar y se limpió, ya estaba cansada de lo que su progenitor hacía con ella y con sus otras hermanas.
Dos semanas después Camila no aguantó guardar el secreto, agarró el valor y le dijo a su madre lo que estaba pasando cuando ella se ausentaba. Margarita estaba furiosa y encolerizada se acercó a Walter y le reclamó.
Ella le exigía que le diera una explicación, pero su compañero de vida lo único que hizo fue comenzarla a golpear mientras le gritaba que la mataría frente a sus hijas. En el forcejeo, ella se trató de defenderse pero el sujeto era más fuerte, le rompió la camisa y le pegó constantemente en la espalda.
Ella asustada tomó a sus tres hijas y salió corriendo hacia la casa de un familiar. Posteriormente, ella interpuso la denuncia en su contra bajo el delito de agresiones sexuales y violencia intrafamiliar por lo que la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó su captura.
La niña dijo a las autoridades que su padre tenía “una muñeca” tatuada en un brazo, un número “18” en el brazo y un “XV3” en uno de los dedos de la mano.
En su declaración, Margarita dijo que en un inicio él “era tranquilo y feliz”, pero que luego de un año de vivir juntos comenzó a golpearlas y a ejercer violencia psicológica contra ellas.
La madre señaló a las autoridades que en una ocasión encontró al padre tratando de ahorcar a una de las niñas pero explicó que no denunció por miedo a represarías.
Los testigos que declararon a favor de Walter señalaron que él no era una persona alcohólica ni que golpeaba ni agredía sexualmente a ninguna de sus hijas. “Es un buen muchacho, no era un borracho. Él las quería y no se veía que la maltratara”, explicó uno de ellos.
Acosta enfrenta los delitos de agresión y acoso sexual y violencia infantil. El proceso judicial está en manos del juez del tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, quien determinará la responsabilidad sobre los delitos que recaen sobre le sujeto.
Por: El Salvador Times
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
