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“Los policías saben cómo evitar investigaciones”, asegura el Fiscal General sobre caso Carla Ayala

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El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, habló nuevamente sobre el caso de la agente Carla Ayala, desaparecida desde diciembre del 2017, luego de una fiesta del extinto grupo Grupo de Reacción Policial (GRP).

Meléndez, aseguró que hay complicaciones en la investigación debido a los involucrados en el hecho.

“Nos genera a nosotros alguna inquietud porque el entorno es complicado, porque los vinculados inicialmente son policías y a eso quiero ir. Los policías saben cómo abordar el tema de borrar pruebas, saben cómo evitar investigaciones y eso nos ha venido complicando”, dijo el titular del Ministerio Público en la entrevista Diálogo con Ernesto López.

El fiscal informó que hace unos días se reunió con el grupo que investiga el caso y con el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, a quien directamente le preguntó:

“Yo le pregunté directamente y lo estoy diciendo muy transparentemente, le tengo mucho respeto al director de la Policía, al Comisionado Cotto y le pregunté, Comisionado hay algo que ustedes sepan de este caso que la Fiscalía no sepa y el director de la PolicÍa me dijo, fiscal no, me dijo”, explicó.

Meléndez dijo que esta pregunta la hizo ante el “morbo” que hay en torno al tema. “Ha venido un tema de un morbo digamos o de pensar que algo está ocurriendo de protección a los sujetos que participaron en este hecho, o pensar que hay personas de otro nivel que podrían ser de Índole policial, que por eso el caso no se resuelve”.

El titular de la FGR reiteró los “esfuerzos”, que están haciendo para esclarecer el caso y dijo que lo importante es “buscar culpables”.

En el espacio televisivo también estuvo, Graciela Sagastume, coordinadora para los Casos de Feminicidios, quien dijo que uno de sus desafíos al tomar la riendas de la Dirección Nacional de la Mujer, niñez, adolescencia, población de Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI) y otros grupos en condición de vulnerabilidad, lanzada ayer, es “incorporarme al equipo de fiscales que llevan este caso, obviamente no he tenido contacto directo con la investigación. Si hemos tenido avances pero estaríamos revisando la investigación y apoyando a los compañeros fiscales para tener un resultado favorable para los familiares de las víctimas y en este caso la víctima Carla Ayala”.

Para el próximo 29 de mayo, a las 7:00 p.m, se ha reprogramado la segunda reconstrucción de los hechos relacionados a la desaparición de la agente policial.

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Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.

El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.

Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.

Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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