Judicial
“Los policías saben cómo evitar investigaciones”, asegura el Fiscal General sobre caso Carla Ayala
El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, habló nuevamente sobre el caso de la agente Carla Ayala, desaparecida desde diciembre del 2017, luego de una fiesta del extinto grupo Grupo de Reacción Policial (GRP).
Meléndez, aseguró que hay complicaciones en la investigación debido a los involucrados en el hecho.
“Nos genera a nosotros alguna inquietud porque el entorno es complicado, porque los vinculados inicialmente son policías y a eso quiero ir. Los policías saben cómo abordar el tema de borrar pruebas, saben cómo evitar investigaciones y eso nos ha venido complicando”, dijo el titular del Ministerio Público en la entrevista Diálogo con Ernesto López.
El fiscal informó que hace unos días se reunió con el grupo que investiga el caso y con el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, a quien directamente le preguntó:
“Yo le pregunté directamente y lo estoy diciendo muy transparentemente, le tengo mucho respeto al director de la Policía, al Comisionado Cotto y le pregunté, Comisionado hay algo que ustedes sepan de este caso que la Fiscalía no sepa y el director de la PolicÍa me dijo, fiscal no, me dijo”, explicó.
Meléndez dijo que esta pregunta la hizo ante el “morbo” que hay en torno al tema. “Ha venido un tema de un morbo digamos o de pensar que algo está ocurriendo de protección a los sujetos que participaron en este hecho, o pensar que hay personas de otro nivel que podrían ser de Índole policial, que por eso el caso no se resuelve”.
El titular de la FGR reiteró los “esfuerzos”, que están haciendo para esclarecer el caso y dijo que lo importante es “buscar culpables”.
En el espacio televisivo también estuvo, Graciela Sagastume, coordinadora para los Casos de Feminicidios, quien dijo que uno de sus desafíos al tomar la riendas de la Dirección Nacional de la Mujer, niñez, adolescencia, población de Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI) y otros grupos en condición de vulnerabilidad, lanzada ayer, es “incorporarme al equipo de fiscales que llevan este caso, obviamente no he tenido contacto directo con la investigación. Si hemos tenido avances pero estaríamos revisando la investigación y apoyando a los compañeros fiscales para tener un resultado favorable para los familiares de las víctimas y en este caso la víctima Carla Ayala”.
Para el próximo 29 de mayo, a las 7:00 p.m, se ha reprogramado la segunda reconstrucción de los hechos relacionados a la desaparición de la agente policial.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
