Judicial
El estafador en serie engañó a más de 15 personas
Jorge Adán Moran Aguilar, de 27 años de edad, es originario del municipio de Comasagua, en La Libertad. Al ver su rostro nadie sospecharía de él, quienes lo conocieron en su momento sintieron confianza y no se imaginaron que esa imagen serena y tranquila les robaría no solo su dinero sino su tranquilidad.
Según el expediente judicial que se abrió por este caso, Jorge es estudiante y con tan solo 27 años se especializó en estafar y logró embaucar al menos a unas 15 personas a través de la plataforma de ventas en línea OLX. Durante varios meses, se dedicó a comprar vehículos con cheques falsos para luego venderlos por precios sumamente bajos y con la mayor rapidez.
Las ofertas eran tentadoras para los compradores que no dudaban en llamar para acordar un cita con él y realizar la compra. Dos de sus víctimas son habitantes de una populosa colonia en Soyapango y cayeron en la trampa de Jorge, según el documento jurídico.
Él creó en OLX un perfil donde se hacía pasar bajo el nombre de Genaro Álvarez Lozano, quien era residente de San Miguel y que ofertaba diversidad de vehículos. Lo montó de tal forma que nadie sospechara.
El expediente judicial detalla que fue el 7 de abril de 2016 cuando Stephanie Palacios le dijo a su papá, Nelson Palacios, que quería comprar un vehículo y al mismo tiempo le mostró un anuncio de la venta de un carro que le pareció atractivo. Era un Toyota blanco, modelo Corola, del año 2006 por una cantidad de $5,300 dólares. Ambos lo observaron y lo vieron muy bien.
Nelson le dijo a su hija que llamara al sujeto para poder acordar un día y ver el automóvil. Jorge le contestó de inmediato y le dijo que se vieran en 15 minutos. Un poco apresurado para una venta, pero era necesario hacer el negocio rápido. Ambos acordaron verse en la 4ª calle Poniente y 19ª avenida Sur, en esta capital.
Nelson le explicó a Stephanie que lo vería él primero y luego se verían en un lugar para pagar el vehículo si este les parecía bastante bueno para ellos.
Ya en el lugar, Nelson se presentó con Jorge, quien llegó con el vehículo que vendía. Lo primero que le dijo es que necesitaría que lo viera un mecánico para corroborar que todo estaba en orden, a lo que Jorge accedió. El mecánico luego de revisarlo le señaló que tenía ciertos desperfectos, pero que no eran graves.
Nelson en ese momento observó una actitud bastante amable y le provocó confianza, nunca sospecho de él. Ya convencido de que había encontrado el carro ideal para su hija cerraron el trato.
A los pocos minutos se dirigieron a Servicios de Tránsito Centroamericanos S.A. de C.V. (SERTRACEN), donde al mostrar los documentos le indicaron que el estado legal del vehículo está correcto y que puede realizarse el traspaso, ya que en el sistema no se presentó ninguna observación.
El hecho que los papeles estuvieran en regla le provocó tranquilidad, estaba a unos pasos para que el carro fuera suyo. Ambos se trasladaron a un centro comercial donde quedaron de verse con su hija para retirar el dinero del banco. Mientras ella sacaba el dinero, Jorge se quedó afuera esperando.
Caminaron hacia una oficina jurídica de Soyapango para realizar la compraventa del vehículo. Stephanie le pidió que el carro tenía que salir a nombre de él para que no existieran problemas y que luego lo pasaría a su nombre, Nelson aceptó.
En ese momento, Jorge y Nelson terminaron de cerrar el trato, cuando Jorge le dijo que podía bajarle el precio del vehículo. Según el expediente judicial, inicialmente el vendedor lo ofreció a $5,300 dólares pero al momento de cerrar el trató señaló que se le vendería a $4,500, un precio que sin pensarlo dos veces aceptó.
Ya era un trato. El vehículo que habían conseguido en cuestión de horas era suyo, la familia se mostró feliz de aquella gran ganga que acaban de cerrar.
Los meses pasaron y todo transcurría con normalidad, la familia Palacios disfrutaba de su vehículo y jamás volvieron a saber de Jorge, aquel joven amable y confiable.
Fue hasta el 28 de junio de 2016 cuando Stephanie quiso pasar el carro a su nombre que se llevaron una sorpresa. Se dirigieron a una oficina jurídica y llevaron la compraventa que habían realizado meses antes con Jorge. En el lugar les notificaron que no podía hacerle el cambio, ya que el vehículo presentaba restricciones legales giradas hacia el vehículo.
No había manera de explicar lo que había pasado, se preguntaron qué tipo errores habían cometido para que no pudieran hacer el traspaso. Tanto Nelson como Stephanie se mostraron muy molestos al respecto por lo que decidieron interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) bajo el delito de estafa en contra de Jorge.
¿De dónde salió el vehículo que Jorge vendió?
Días después de la denuncia, Stephanie se dedicó a buscar más información sobre aquel hombre que dijo llamarse Genaro Álvarez Lozano. Buscó y buscó en la página web de OLX hasta dar con un anunció de un vehículo. Para su sorpresa dio con el verdadero Genaro.
Ella sin pensarlo mucho lo contactó a través del número que salía en el perfil y le explicó que el documento con el que ellos habían hecho el trámite de la compraventa eran falsos. Stephanie le envió una fotografía del DUI con el que se había realizado el trámite, Genaro le dice que efectivamente el nombre que aparecía en el documento era el suyo, pero que el sujeto que aparecía en la fotografía no era él.
Genaro le explicó que el carro que se mostraba en el anuncio de OLX lo vendió meses atrás en municipio de San Miguel y que presume que fue desmantelado, ya que un sujeto se lo compró pero le pagó un con cheque sin fondos. Ese sujeto al que se refiere Genaro es nadie más que Jorge Adán Morán Aguilar.
Genaro y Jorge hicieron el trato como cualquier otro proceso de traspaso de vehículos. Sin embargo, el error de Genera fue confiar en su vendedor. Nunca sospechó que le pagaría con un cheque sin fondos y que vendería de manera exprés el carro.
Un estafador en serie
Según el expediente judicial, Jorge Adán Morán Aguilar estafó al menos a 15 personas en distintos puntos de El Salvador y de la misma forma. Él compraba los vehículos con documentos falsos, pagaba con cheques sin fondo para luego venderlos en OLX. Nadie sospechaba de él, ya que su carácter era bastante apacible y amable. Todas sus víctimas se sintieron cómodos con su forma de actuar y negociar, por lo que era más fácil caer en sus redes.
Un mes antes de estafar a la familia Palacios, Jorge publicó en su cuenta de OLX que vendía un camioneta marca Toyota del año 2005 por un precio de $10,500. Un hombre observó el anuncio y decidió llamarlo.
Al otro lado del teléfono, Jorge le dijo que en 15 minutos llegaría a buscarlo para cerrar el trato, ya en el lugar la víctima le entregó el dinero y Jorge los supuestos documentos del vehículo, quienes acordaron reunirse al día siguiente en la oficina jurídica para el traspaso junto con el vehículo. Jorge jamás apareció.
El 4 de diciembre de 2015, otra víctima cayó en el juego de Jorge, ya que le compró un carro Toyota a cambio de $6,700. El vehículo tenía reporte de robo.
Otro de los casos fue el 8 de enero de 2016: Jorge publicó un anunció donde vendía un Nissan Frontier, el cual era vendido por $7,800. La víctima fue identificada bajo la clave “46” que por cuestiones protección fue modificado. El expediente no da detalles de cómo se dieron los hechos, pero apuntan que es similar al de la familia Palacios.
Los documentos fiscales arrojan que Jorge enfrenta al menos 10 procesos judiciales en diferentes instancias por hechos similares. Por algunos hechos ya ha sido condenado, por otros continúa a la espera.
Por el caso de la familia Palacios, el Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador ventiló el caso y lo encontró culpable del delito de estafa y lo condenó a tres años de prisión y a pagar $4,500 en concepto de responsabilidad civil por perjudicar a Nelson Palacios y Stephanie Palacios.
Ahora Jorge está recluido en un centro penitenciario para cumplir su pena y en espera de saber la resolución en 10 casos más que podrían incrementar su estancia en prisión.
Por: El Salvador Times.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
