Judicial
El estafador en serie engañó a más de 15 personas
Jorge Adán Moran Aguilar, de 27 años de edad, es originario del municipio de Comasagua, en La Libertad. Al ver su rostro nadie sospecharía de él, quienes lo conocieron en su momento sintieron confianza y no se imaginaron que esa imagen serena y tranquila les robaría no solo su dinero sino su tranquilidad.
Según el expediente judicial que se abrió por este caso, Jorge es estudiante y con tan solo 27 años se especializó en estafar y logró embaucar al menos a unas 15 personas a través de la plataforma de ventas en línea OLX. Durante varios meses, se dedicó a comprar vehículos con cheques falsos para luego venderlos por precios sumamente bajos y con la mayor rapidez.
Las ofertas eran tentadoras para los compradores que no dudaban en llamar para acordar un cita con él y realizar la compra. Dos de sus víctimas son habitantes de una populosa colonia en Soyapango y cayeron en la trampa de Jorge, según el documento jurídico.
Él creó en OLX un perfil donde se hacía pasar bajo el nombre de Genaro Álvarez Lozano, quien era residente de San Miguel y que ofertaba diversidad de vehículos. Lo montó de tal forma que nadie sospechara.
El expediente judicial detalla que fue el 7 de abril de 2016 cuando Stephanie Palacios le dijo a su papá, Nelson Palacios, que quería comprar un vehículo y al mismo tiempo le mostró un anuncio de la venta de un carro que le pareció atractivo. Era un Toyota blanco, modelo Corola, del año 2006 por una cantidad de $5,300 dólares. Ambos lo observaron y lo vieron muy bien.
Nelson le dijo a su hija que llamara al sujeto para poder acordar un día y ver el automóvil. Jorge le contestó de inmediato y le dijo que se vieran en 15 minutos. Un poco apresurado para una venta, pero era necesario hacer el negocio rápido. Ambos acordaron verse en la 4ª calle Poniente y 19ª avenida Sur, en esta capital.
Nelson le explicó a Stephanie que lo vería él primero y luego se verían en un lugar para pagar el vehículo si este les parecía bastante bueno para ellos.
Ya en el lugar, Nelson se presentó con Jorge, quien llegó con el vehículo que vendía. Lo primero que le dijo es que necesitaría que lo viera un mecánico para corroborar que todo estaba en orden, a lo que Jorge accedió. El mecánico luego de revisarlo le señaló que tenía ciertos desperfectos, pero que no eran graves.
Nelson en ese momento observó una actitud bastante amable y le provocó confianza, nunca sospecho de él. Ya convencido de que había encontrado el carro ideal para su hija cerraron el trato.
A los pocos minutos se dirigieron a Servicios de Tránsito Centroamericanos S.A. de C.V. (SERTRACEN), donde al mostrar los documentos le indicaron que el estado legal del vehículo está correcto y que puede realizarse el traspaso, ya que en el sistema no se presentó ninguna observación.
El hecho que los papeles estuvieran en regla le provocó tranquilidad, estaba a unos pasos para que el carro fuera suyo. Ambos se trasladaron a un centro comercial donde quedaron de verse con su hija para retirar el dinero del banco. Mientras ella sacaba el dinero, Jorge se quedó afuera esperando.
Caminaron hacia una oficina jurídica de Soyapango para realizar la compraventa del vehículo. Stephanie le pidió que el carro tenía que salir a nombre de él para que no existieran problemas y que luego lo pasaría a su nombre, Nelson aceptó.
En ese momento, Jorge y Nelson terminaron de cerrar el trato, cuando Jorge le dijo que podía bajarle el precio del vehículo. Según el expediente judicial, inicialmente el vendedor lo ofreció a $5,300 dólares pero al momento de cerrar el trató señaló que se le vendería a $4,500, un precio que sin pensarlo dos veces aceptó.
Ya era un trato. El vehículo que habían conseguido en cuestión de horas era suyo, la familia se mostró feliz de aquella gran ganga que acaban de cerrar.
Los meses pasaron y todo transcurría con normalidad, la familia Palacios disfrutaba de su vehículo y jamás volvieron a saber de Jorge, aquel joven amable y confiable.
Fue hasta el 28 de junio de 2016 cuando Stephanie quiso pasar el carro a su nombre que se llevaron una sorpresa. Se dirigieron a una oficina jurídica y llevaron la compraventa que habían realizado meses antes con Jorge. En el lugar les notificaron que no podía hacerle el cambio, ya que el vehículo presentaba restricciones legales giradas hacia el vehículo.
No había manera de explicar lo que había pasado, se preguntaron qué tipo errores habían cometido para que no pudieran hacer el traspaso. Tanto Nelson como Stephanie se mostraron muy molestos al respecto por lo que decidieron interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) bajo el delito de estafa en contra de Jorge.
¿De dónde salió el vehículo que Jorge vendió?
Días después de la denuncia, Stephanie se dedicó a buscar más información sobre aquel hombre que dijo llamarse Genaro Álvarez Lozano. Buscó y buscó en la página web de OLX hasta dar con un anunció de un vehículo. Para su sorpresa dio con el verdadero Genaro.
Ella sin pensarlo mucho lo contactó a través del número que salía en el perfil y le explicó que el documento con el que ellos habían hecho el trámite de la compraventa eran falsos. Stephanie le envió una fotografía del DUI con el que se había realizado el trámite, Genaro le dice que efectivamente el nombre que aparecía en el documento era el suyo, pero que el sujeto que aparecía en la fotografía no era él.
Genaro le explicó que el carro que se mostraba en el anuncio de OLX lo vendió meses atrás en municipio de San Miguel y que presume que fue desmantelado, ya que un sujeto se lo compró pero le pagó un con cheque sin fondos. Ese sujeto al que se refiere Genaro es nadie más que Jorge Adán Morán Aguilar.
Genaro y Jorge hicieron el trato como cualquier otro proceso de traspaso de vehículos. Sin embargo, el error de Genera fue confiar en su vendedor. Nunca sospechó que le pagaría con un cheque sin fondos y que vendería de manera exprés el carro.
Un estafador en serie
Según el expediente judicial, Jorge Adán Morán Aguilar estafó al menos a 15 personas en distintos puntos de El Salvador y de la misma forma. Él compraba los vehículos con documentos falsos, pagaba con cheques sin fondo para luego venderlos en OLX. Nadie sospechaba de él, ya que su carácter era bastante apacible y amable. Todas sus víctimas se sintieron cómodos con su forma de actuar y negociar, por lo que era más fácil caer en sus redes.
Un mes antes de estafar a la familia Palacios, Jorge publicó en su cuenta de OLX que vendía un camioneta marca Toyota del año 2005 por un precio de $10,500. Un hombre observó el anuncio y decidió llamarlo.
Al otro lado del teléfono, Jorge le dijo que en 15 minutos llegaría a buscarlo para cerrar el trato, ya en el lugar la víctima le entregó el dinero y Jorge los supuestos documentos del vehículo, quienes acordaron reunirse al día siguiente en la oficina jurídica para el traspaso junto con el vehículo. Jorge jamás apareció.
El 4 de diciembre de 2015, otra víctima cayó en el juego de Jorge, ya que le compró un carro Toyota a cambio de $6,700. El vehículo tenía reporte de robo.
Otro de los casos fue el 8 de enero de 2016: Jorge publicó un anunció donde vendía un Nissan Frontier, el cual era vendido por $7,800. La víctima fue identificada bajo la clave “46” que por cuestiones protección fue modificado. El expediente no da detalles de cómo se dieron los hechos, pero apuntan que es similar al de la familia Palacios.
Los documentos fiscales arrojan que Jorge enfrenta al menos 10 procesos judiciales en diferentes instancias por hechos similares. Por algunos hechos ya ha sido condenado, por otros continúa a la espera.
Por el caso de la familia Palacios, el Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador ventiló el caso y lo encontró culpable del delito de estafa y lo condenó a tres años de prisión y a pagar $4,500 en concepto de responsabilidad civil por perjudicar a Nelson Palacios y Stephanie Palacios.
Ahora Jorge está recluido en un centro penitenciario para cumplir su pena y en espera de saber la resolución en 10 casos más que podrían incrementar su estancia en prisión.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
