Judicial
Interpol captura a esposa de Paolo Lüers en aeropuerto cuando regresaba de Costa Rica
Daisy Elizabeth Heredia, de 61 años de edad, esposa de Paolo Lüers, fue capturada por Interpol el pasado 9 de abril en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuando ingresaba al país, acusada por el delito de retención de cuotas laborales.
Fuentes judiciales confirmaron a El Salvador Times que la mujer provenía de Costa Rica y llegó después del mediodía al país el pasado lunes. Fue hasta que se registró a su llegada en migración que las autoridades se dieron cuenta que era requerida por el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador.
En agosto de 2017, el juez Carlos Calderón declaró “rebelde” a la imputada y le giró orden de captura porque no se presentó a las audiencias a las que era convocada, en el caso que se llevaba en su contra por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales en perjuicio de varios empleados del bar La Ventana, por ser la representante legal de la empresa.
La mujer, que es conocida por Daniela Elizabeth Heredia, fue capturada de inmediato por la Interpol en el aeropuerto y fue llevada por apremio hacia el Centro Judicial “Isidro Menéndez” de San Salvador para ponerla a la orden del juez primero de Instrucción.
Al llegar al lugar, fue trasladada a las bartolinas de la sede judicial, donde guarda prisión desde la tarde del lunes, según fuentes judiciales.
La mujer guardará prisión hasta que la deuda que se tiene tanto con las AFP se haga efectiva, puesto que debido al tipo de delito la acción penal se extingue cuando se hace efectivo el pago.
Evalúan hacer el pago
El esposo de la imputada, Lüers, confirmó que deben el pago de AFP a varios empleados del bar La Ventana y que están verificando los montos para cancelar lo adeudado. “Estamos terminando depuración de datos y montos para mañana (martes) cancelar el monto establecido».
Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que el pago no se había hecho el martes y Heredia aún guardaba prisión en las bartolinas.
La deuda de la empresaria asciende a $1,969 y $2,729 en concepto de cuotas previsionales para dos de los empleados y se prevé que la suma puede aumentar con una tercera víctima y otros empleados, según informes fiscales.
Se espera que en los próximos días se programe una audiencia preliminar en su contra, sino se hace el pago efectivo previamente.
Por: El Salvador Times
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
