Judicial
Condenan a subteniente a seis años y un mes de cárcel por el delito de privación de libertad agravada en perjuicio de su pareja embarazada
Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes sobre la condena que recibió un miembro de la Fuerza Armada de El Salvador, por el delito de Privación de Libertad y Amenazas.
El imputado es Subteniente Erick Jonathan Hernández Silva, de 26 años de edad, destacado en la Brigada Especial de San Miguel, y originario de Sonsonate.
De acuerdo a la investigación, los hechos se dieron desde el mes de marzo hasta septiembre de 2017, en perjuicio de la soldado Z.C., la cual fue privada de su libertad por aproximadamente un mes, además de sufrir amenazas y expresiones de violencia durante el tiempo que duraron como pareja.
La víctima, en su declaración explicó que durante el periodo que estuvo prestando el servicio militar, conoció a través de las redes sociales a Erick Silva, de 26 años de edad, que de igual manera estaba prestando servicio militar con el grado de subteniente, en la tercera Brigada de San Miguel.
lla manifiesta que por tener amigos en común en Facebook, ellos entablaron amistad y luego de un mes intercambiaron número telefónico, para realizarse llamadas y enviarse mensajes de WhatsApp.
Fue el 23 de enero de 2018, que se conocieron en persona, e iniciaron una relación de noviazgo, ese día Erick se quedó a dormir en la casa de ella, y fue así que cada vez que el salía de licencia se quedaba con ella, un fin de semana si y el siguiente no. Y así empezaron a vivir juntos, pero al mes de estar viviendo juntos empezaron los problemas, porque él la celaba mucho, le decía que no le gustaba que sus compañeros la conocieran que ella era su pareja.
El mes que estuvo viviendo con él, ella recibía violencia psicológica ya que Erick la insultaba diciéndole que no servía para nada, también que él tenía amigas más bonitas que ella, entre otros insultos denigrantes.
Pero ella, por su experiencia en el área de inteligencia, se dio cuenta que Erick andaba en malos pasos y sentía temor que también a ella la involucraran en esos hechos delictivos. Supo que él mantenía relación con sujetos pandilleros de la 18 y la MS, de los sectores de Izalco y la colonia Sensunapán, en Sonsonate.
A finales de julio, ella le envió un mensaje de texto, para manifestarle que ella estaba embarazada, pero Erick le dijo que abortara, porque él no se haría cargo del bebe. Cuando él confirmó por una prueba de embarazo que era verdad, le llamó a un amigo que está estudiando medicina, para preguntarle qué le podía dar a ella para que abortara, y el amigo le dio varios nombres de medicamentos que podía tomar para abortar al bebe. Algo que ella se negaba a hacer.
Ante la situación la víctima volvió a la casa de su madre, quien la apoyo. Pero Erick llegó después totalmente cambiado y diciéndole que se iba a hacer cargo del bebé pero que regresara a vivir con él, ubicada en la colonia Montevideo del municipio de Sonzacate. Ella accedió.
Al llegar a la casa de él, ya no la dejó salir. La mantuvo encerrada, le quitó el teléfono personal y le quebró la tarjeta Sim, y la computadora que ella andaba en un bolso se la quebró para que no tuviera comunicación con nadie, y no la dejaba salir estaba.
Durante ese tiempo solo asistió dos veces al control por su embarazo. Luego, una noche que él llego ebrio la agredió físicamente, golpeándola en el vientre, lo que provoco que la llevaran al hospital y fue hasta el siguiente día donde con ayuda del médico logro quedarse ingresada, y al salir del hospital se fue a su casa, donde posteriormente lo denuncio.
El Juzgado Segundo de Sentencia de Sonsonate lo encontró culpable y lo condenó a una pena de seis años con un mes de prisión por el delito de Privación de Libertad Agravada, tres años de cárcel por el delito de Amenazas Agravadas y al pago de tres salarios mínimos, por el delito de Expresiones de Violencia contra las Mujeres.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
Judicial
Motorista que condujo en sentido contrario y amenazó con un corvo es condenado a trabajo comunitario
Hugo Antonio Flores Rivas, motorista de la ruta 106, fue condenado a un año de prisión por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de ser captado en video manejando en sentido contrario sobre una carretera en el departamento de La Libertad Oeste.
El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en la vía que conduce hacia Quezaltepeque. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Flores Rivas conduciendo de forma temeraria. Al notar que estaba siendo grabado, el imputado sacó un arma blanca tipo corvo y amenazó al ciudadano que lo filmaba.
Tras la difusión del video, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal ante el tribunal correspondiente. Durante la audiencia preliminar, el procesado aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez imponer una pena alternativa.
En lugar de cumplir el año de cárcel, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública, medida contemplada en la legislación salvadoreña para ciertos delitos y bajo condiciones específicas. Las autoridades no precisaron en qué consistirán las labores comunitarias que deberá realizar el condenado.
