Judicial
Condenan a subteniente a seis años y un mes de cárcel por el delito de privación de libertad agravada en perjuicio de su pareja embarazada
Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes sobre la condena que recibió un miembro de la Fuerza Armada de El Salvador, por el delito de Privación de Libertad y Amenazas.
El imputado es Subteniente Erick Jonathan Hernández Silva, de 26 años de edad, destacado en la Brigada Especial de San Miguel, y originario de Sonsonate.
De acuerdo a la investigación, los hechos se dieron desde el mes de marzo hasta septiembre de 2017, en perjuicio de la soldado Z.C., la cual fue privada de su libertad por aproximadamente un mes, además de sufrir amenazas y expresiones de violencia durante el tiempo que duraron como pareja.
La víctima, en su declaración explicó que durante el periodo que estuvo prestando el servicio militar, conoció a través de las redes sociales a Erick Silva, de 26 años de edad, que de igual manera estaba prestando servicio militar con el grado de subteniente, en la tercera Brigada de San Miguel.
lla manifiesta que por tener amigos en común en Facebook, ellos entablaron amistad y luego de un mes intercambiaron número telefónico, para realizarse llamadas y enviarse mensajes de WhatsApp.
Fue el 23 de enero de 2018, que se conocieron en persona, e iniciaron una relación de noviazgo, ese día Erick se quedó a dormir en la casa de ella, y fue así que cada vez que el salía de licencia se quedaba con ella, un fin de semana si y el siguiente no. Y así empezaron a vivir juntos, pero al mes de estar viviendo juntos empezaron los problemas, porque él la celaba mucho, le decía que no le gustaba que sus compañeros la conocieran que ella era su pareja.
El mes que estuvo viviendo con él, ella recibía violencia psicológica ya que Erick la insultaba diciéndole que no servía para nada, también que él tenía amigas más bonitas que ella, entre otros insultos denigrantes.
Pero ella, por su experiencia en el área de inteligencia, se dio cuenta que Erick andaba en malos pasos y sentía temor que también a ella la involucraran en esos hechos delictivos. Supo que él mantenía relación con sujetos pandilleros de la 18 y la MS, de los sectores de Izalco y la colonia Sensunapán, en Sonsonate.
A finales de julio, ella le envió un mensaje de texto, para manifestarle que ella estaba embarazada, pero Erick le dijo que abortara, porque él no se haría cargo del bebe. Cuando él confirmó por una prueba de embarazo que era verdad, le llamó a un amigo que está estudiando medicina, para preguntarle qué le podía dar a ella para que abortara, y el amigo le dio varios nombres de medicamentos que podía tomar para abortar al bebe. Algo que ella se negaba a hacer.
Ante la situación la víctima volvió a la casa de su madre, quien la apoyo. Pero Erick llegó después totalmente cambiado y diciéndole que se iba a hacer cargo del bebé pero que regresara a vivir con él, ubicada en la colonia Montevideo del municipio de Sonzacate. Ella accedió.
Al llegar a la casa de él, ya no la dejó salir. La mantuvo encerrada, le quitó el teléfono personal y le quebró la tarjeta Sim, y la computadora que ella andaba en un bolso se la quebró para que no tuviera comunicación con nadie, y no la dejaba salir estaba.
Durante ese tiempo solo asistió dos veces al control por su embarazo. Luego, una noche que él llego ebrio la agredió físicamente, golpeándola en el vientre, lo que provoco que la llevaran al hospital y fue hasta el siguiente día donde con ayuda del médico logro quedarse ingresada, y al salir del hospital se fue a su casa, donde posteriormente lo denuncio.
El Juzgado Segundo de Sentencia de Sonsonate lo encontró culpable y lo condenó a una pena de seis años con un mes de prisión por el delito de Privación de Libertad Agravada, tres años de cárcel por el delito de Amenazas Agravadas y al pago de tres salarios mínimos, por el delito de Expresiones de Violencia contra las Mujeres.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
