Judicial
Condenan a subteniente a seis años y un mes de cárcel por el delito de privación de libertad agravada en perjuicio de su pareja embarazada
Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes sobre la condena que recibió un miembro de la Fuerza Armada de El Salvador, por el delito de Privación de Libertad y Amenazas.
El imputado es Subteniente Erick Jonathan Hernández Silva, de 26 años de edad, destacado en la Brigada Especial de San Miguel, y originario de Sonsonate.
De acuerdo a la investigación, los hechos se dieron desde el mes de marzo hasta septiembre de 2017, en perjuicio de la soldado Z.C., la cual fue privada de su libertad por aproximadamente un mes, además de sufrir amenazas y expresiones de violencia durante el tiempo que duraron como pareja.
La víctima, en su declaración explicó que durante el periodo que estuvo prestando el servicio militar, conoció a través de las redes sociales a Erick Silva, de 26 años de edad, que de igual manera estaba prestando servicio militar con el grado de subteniente, en la tercera Brigada de San Miguel.
lla manifiesta que por tener amigos en común en Facebook, ellos entablaron amistad y luego de un mes intercambiaron número telefónico, para realizarse llamadas y enviarse mensajes de WhatsApp.
Fue el 23 de enero de 2018, que se conocieron en persona, e iniciaron una relación de noviazgo, ese día Erick se quedó a dormir en la casa de ella, y fue así que cada vez que el salía de licencia se quedaba con ella, un fin de semana si y el siguiente no. Y así empezaron a vivir juntos, pero al mes de estar viviendo juntos empezaron los problemas, porque él la celaba mucho, le decía que no le gustaba que sus compañeros la conocieran que ella era su pareja.
El mes que estuvo viviendo con él, ella recibía violencia psicológica ya que Erick la insultaba diciéndole que no servía para nada, también que él tenía amigas más bonitas que ella, entre otros insultos denigrantes.
Pero ella, por su experiencia en el área de inteligencia, se dio cuenta que Erick andaba en malos pasos y sentía temor que también a ella la involucraran en esos hechos delictivos. Supo que él mantenía relación con sujetos pandilleros de la 18 y la MS, de los sectores de Izalco y la colonia Sensunapán, en Sonsonate.
A finales de julio, ella le envió un mensaje de texto, para manifestarle que ella estaba embarazada, pero Erick le dijo que abortara, porque él no se haría cargo del bebe. Cuando él confirmó por una prueba de embarazo que era verdad, le llamó a un amigo que está estudiando medicina, para preguntarle qué le podía dar a ella para que abortara, y el amigo le dio varios nombres de medicamentos que podía tomar para abortar al bebe. Algo que ella se negaba a hacer.
Ante la situación la víctima volvió a la casa de su madre, quien la apoyo. Pero Erick llegó después totalmente cambiado y diciéndole que se iba a hacer cargo del bebé pero que regresara a vivir con él, ubicada en la colonia Montevideo del municipio de Sonzacate. Ella accedió.
Al llegar a la casa de él, ya no la dejó salir. La mantuvo encerrada, le quitó el teléfono personal y le quebró la tarjeta Sim, y la computadora que ella andaba en un bolso se la quebró para que no tuviera comunicación con nadie, y no la dejaba salir estaba.
Durante ese tiempo solo asistió dos veces al control por su embarazo. Luego, una noche que él llego ebrio la agredió físicamente, golpeándola en el vientre, lo que provoco que la llevaran al hospital y fue hasta el siguiente día donde con ayuda del médico logro quedarse ingresada, y al salir del hospital se fue a su casa, donde posteriormente lo denuncio.
El Juzgado Segundo de Sentencia de Sonsonate lo encontró culpable y lo condenó a una pena de seis años con un mes de prisión por el delito de Privación de Libertad Agravada, tres años de cárcel por el delito de Amenazas Agravadas y al pago de tres salarios mínimos, por el delito de Expresiones de Violencia contra las Mujeres.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
