Judicial
Condenan a subteniente a seis años y un mes de cárcel por el delito de privación de libertad agravada en perjuicio de su pareja embarazada
Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes sobre la condena que recibió un miembro de la Fuerza Armada de El Salvador, por el delito de Privación de Libertad y Amenazas.
El imputado es Subteniente Erick Jonathan Hernández Silva, de 26 años de edad, destacado en la Brigada Especial de San Miguel, y originario de Sonsonate.
De acuerdo a la investigación, los hechos se dieron desde el mes de marzo hasta septiembre de 2017, en perjuicio de la soldado Z.C., la cual fue privada de su libertad por aproximadamente un mes, además de sufrir amenazas y expresiones de violencia durante el tiempo que duraron como pareja.
La víctima, en su declaración explicó que durante el periodo que estuvo prestando el servicio militar, conoció a través de las redes sociales a Erick Silva, de 26 años de edad, que de igual manera estaba prestando servicio militar con el grado de subteniente, en la tercera Brigada de San Miguel.
lla manifiesta que por tener amigos en común en Facebook, ellos entablaron amistad y luego de un mes intercambiaron número telefónico, para realizarse llamadas y enviarse mensajes de WhatsApp.
Fue el 23 de enero de 2018, que se conocieron en persona, e iniciaron una relación de noviazgo, ese día Erick se quedó a dormir en la casa de ella, y fue así que cada vez que el salía de licencia se quedaba con ella, un fin de semana si y el siguiente no. Y así empezaron a vivir juntos, pero al mes de estar viviendo juntos empezaron los problemas, porque él la celaba mucho, le decía que no le gustaba que sus compañeros la conocieran que ella era su pareja.
El mes que estuvo viviendo con él, ella recibía violencia psicológica ya que Erick la insultaba diciéndole que no servía para nada, también que él tenía amigas más bonitas que ella, entre otros insultos denigrantes.
Pero ella, por su experiencia en el área de inteligencia, se dio cuenta que Erick andaba en malos pasos y sentía temor que también a ella la involucraran en esos hechos delictivos. Supo que él mantenía relación con sujetos pandilleros de la 18 y la MS, de los sectores de Izalco y la colonia Sensunapán, en Sonsonate.
A finales de julio, ella le envió un mensaje de texto, para manifestarle que ella estaba embarazada, pero Erick le dijo que abortara, porque él no se haría cargo del bebe. Cuando él confirmó por una prueba de embarazo que era verdad, le llamó a un amigo que está estudiando medicina, para preguntarle qué le podía dar a ella para que abortara, y el amigo le dio varios nombres de medicamentos que podía tomar para abortar al bebe. Algo que ella se negaba a hacer.
Ante la situación la víctima volvió a la casa de su madre, quien la apoyo. Pero Erick llegó después totalmente cambiado y diciéndole que se iba a hacer cargo del bebé pero que regresara a vivir con él, ubicada en la colonia Montevideo del municipio de Sonzacate. Ella accedió.
Al llegar a la casa de él, ya no la dejó salir. La mantuvo encerrada, le quitó el teléfono personal y le quebró la tarjeta Sim, y la computadora que ella andaba en un bolso se la quebró para que no tuviera comunicación con nadie, y no la dejaba salir estaba.
Durante ese tiempo solo asistió dos veces al control por su embarazo. Luego, una noche que él llego ebrio la agredió físicamente, golpeándola en el vientre, lo que provoco que la llevaran al hospital y fue hasta el siguiente día donde con ayuda del médico logro quedarse ingresada, y al salir del hospital se fue a su casa, donde posteriormente lo denuncio.
El Juzgado Segundo de Sentencia de Sonsonate lo encontró culpable y lo condenó a una pena de seis años con un mes de prisión por el delito de Privación de Libertad Agravada, tres años de cárcel por el delito de Amenazas Agravadas y al pago de tres salarios mínimos, por el delito de Expresiones de Violencia contra las Mujeres.
Judicial
Fiscalía destruye 1,362 kilos de cocaína valorados en más de $34 millones decomisados a ecuatorianos
La Fiscalía General de la República (FGR) supervisó este miércoles la destrucción de 1,362 kilos de cocaína valorados en más de 34 millones de dólares en el mercado ilícito. La quema se realizó en Shangallo, distrito de Ilopango, San Salvador, luego de completar los procedimientos legales correspondientes sobre el cargamento decomisado.
La droga fue incautada el 17 de julio por miembros de la Fuerza Naval a 947 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en aguas del Pacífico. En el operativo fueron detenidos dos hombres de nacionalidad ecuatoriana, quienes ya enfrentan proceso judicial por el delito de tráfico ilícito de drogas.
#Antinarcóticos | Este día, la @FGR_SV, en coordinación con la @PNCSV, realiza prueba de campo, registro y clasificación de más de 1,300 kilos de cocaína incautada a dos ecuatorianos el pasado 17 de julio.
Esta droga, valorada en aproximadamente $34 millones, será destruida en… pic.twitter.com/raZ9cvDVCA
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) August 18, 2026
Con esta acción, las autoridades confirman el avance de las diligencias penales y refuerzan las operaciones antinarcóticos en el país, donde los decomisos de grandes cargamentos de cocaína en alta mar continúan siendo una prioridad en la lucha contra el narcotráfico.
Judicial
Juzgado decreta detención provisional a conductor de Corvette por muerte de repartidor en San Salvador
El pasado 6 de agosto de 2026, Francisco Javier García Hernández departió y consumió bebidas alcohólicas en un restaurante ubicado en el bulevar El Hipódromo, en San Salvador. Posteriormente abordó su vehículo deportivo, un Chevrolet Corvette negro con placas P53-8EB.
Bajo los efectos del alcohol, según la Fiscalía, circuló en sentido contrario y a excesiva velocidad. Impactó de frente al motociclista Manuel de Jesús Murcia Arístides, quien se desempeñaba como repartidor de PedidosYa y también vendía productos lácteos para complementar sus ingresos.
Tras el golpe, la víctima fue arrastrada aproximadamente 16 metros sobre la vía. García Hernández abandonó la escena sin prestar auxilio, dejó el Corvette a unos 800 metros del lugar y se retiró en otro vehículo.
La Policía Nacional Civil inició la búsqueda del conductor. El 8 de agosto, García Hernández se presentó voluntariamente en una delegación policial y fue remitido por el delito de homicidio culposo. En redes sociales circularon rumores que lo vinculaban erróneamente con el entorno familiar del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien desmintió cualquier relación.
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó este martes 18 de agosto de 2026 la instrucción formal con detención provisional contra Francisco Javier García Hernández, acusado de homicidio culposo y conducción peligrosa por la muerte del motociclista repartidor Manuel de Jesús Murcia Arístides. El hecho ocurrió la noche del 6 de agosto en el bulevar El Hipódromo, cuando el imputado, tras consumir alcohol, impactó con su Chevrolet Corvette al trabajador de una aplicación de comida, lo arrastró 16 metros y huyó del lugar.
Durante la audiencia inicial celebrada este martes, el juez consideró suficientes los indicios presentados por la Fiscalía. Entre las pruebas destacan un peritaje que confirma la velocidad excesiva del vehículo y videos que muestran al imputado consumiendo alcohol antes del accidente, así como el momento del impacto.
El juzgador determinó que existe riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación, por lo que decretó la detención provisional mientras continúa el proceso penal. Además, ordenó la inmovilización de dos cuentas bancarias a nombre de García Hernández por un monto superior a los 80 mil dólares y aplicó medidas patrimoniales sobre otros bienes.
Manuel de Jesús Murcia Arístides era descrito por sus cercanos como un hombre trabajador y responsable, que se esforzaba por sostener a su familia con su labor de repartidor y la venta de productos lácteos. El caso ha generado amplio seguimiento en redes y medios locales desde el día del accidente.
El proceso penal sigue su curso con el imputado bajo detención provisional. Las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer plenamente los hechos.
Judicial
Condenan a 20 años de prisión a maestro de Usulután por agredir y acosar sexualmente a dos alumnas de 9 y 12 años
Melvin Javier Osegueda Claros, docente de un centro escolar del distrito de Santiago de María, en Usulután Norte, fue condenado a 20 años de cárcel por el Tribunal de Sentencia de Usulután. La pena se divide en 16 años por agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada y 4 años por acoso sexual.
Los hechos ocurrieron entre febrero y octubre de 2025 dentro de las instalaciones escolares. Las víctimas eran dos estudiantes de 9 y 12 años. El maestro se aprovechó de su cargo para cometer los delitos durante casi todo el año lectivo.
Fue detenido el 22 de octubre de 2025 luego de que familiares de las menores interpusieran la denuncia correspondiente. La Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que el tribunal valoró para determinar su responsabilidad penal.
El proceso se desarrolló bajo reserva para proteger la identidad y la intimidad de las víctimas. La sentencia busca enviar un mensaje claro contra quienes abusan de su posición de confianza en el sistema educativo.
Las autoridades judiciales y fiscales reiteraron su compromiso de perseguir con rigor este tipo de delitos que afectan a la niñez y adolescencia.
