Judicial
Condenan a subteniente a seis años y un mes de cárcel por el delito de privación de libertad agravada en perjuicio de su pareja embarazada
Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes sobre la condena que recibió un miembro de la Fuerza Armada de El Salvador, por el delito de Privación de Libertad y Amenazas.
El imputado es Subteniente Erick Jonathan Hernández Silva, de 26 años de edad, destacado en la Brigada Especial de San Miguel, y originario de Sonsonate.
De acuerdo a la investigación, los hechos se dieron desde el mes de marzo hasta septiembre de 2017, en perjuicio de la soldado Z.C., la cual fue privada de su libertad por aproximadamente un mes, además de sufrir amenazas y expresiones de violencia durante el tiempo que duraron como pareja.
La víctima, en su declaración explicó que durante el periodo que estuvo prestando el servicio militar, conoció a través de las redes sociales a Erick Silva, de 26 años de edad, que de igual manera estaba prestando servicio militar con el grado de subteniente, en la tercera Brigada de San Miguel.
lla manifiesta que por tener amigos en común en Facebook, ellos entablaron amistad y luego de un mes intercambiaron número telefónico, para realizarse llamadas y enviarse mensajes de WhatsApp.
Fue el 23 de enero de 2018, que se conocieron en persona, e iniciaron una relación de noviazgo, ese día Erick se quedó a dormir en la casa de ella, y fue así que cada vez que el salía de licencia se quedaba con ella, un fin de semana si y el siguiente no. Y así empezaron a vivir juntos, pero al mes de estar viviendo juntos empezaron los problemas, porque él la celaba mucho, le decía que no le gustaba que sus compañeros la conocieran que ella era su pareja.
El mes que estuvo viviendo con él, ella recibía violencia psicológica ya que Erick la insultaba diciéndole que no servía para nada, también que él tenía amigas más bonitas que ella, entre otros insultos denigrantes.
Pero ella, por su experiencia en el área de inteligencia, se dio cuenta que Erick andaba en malos pasos y sentía temor que también a ella la involucraran en esos hechos delictivos. Supo que él mantenía relación con sujetos pandilleros de la 18 y la MS, de los sectores de Izalco y la colonia Sensunapán, en Sonsonate.
A finales de julio, ella le envió un mensaje de texto, para manifestarle que ella estaba embarazada, pero Erick le dijo que abortara, porque él no se haría cargo del bebe. Cuando él confirmó por una prueba de embarazo que era verdad, le llamó a un amigo que está estudiando medicina, para preguntarle qué le podía dar a ella para que abortara, y el amigo le dio varios nombres de medicamentos que podía tomar para abortar al bebe. Algo que ella se negaba a hacer.
Ante la situación la víctima volvió a la casa de su madre, quien la apoyo. Pero Erick llegó después totalmente cambiado y diciéndole que se iba a hacer cargo del bebé pero que regresara a vivir con él, ubicada en la colonia Montevideo del municipio de Sonzacate. Ella accedió.
Al llegar a la casa de él, ya no la dejó salir. La mantuvo encerrada, le quitó el teléfono personal y le quebró la tarjeta Sim, y la computadora que ella andaba en un bolso se la quebró para que no tuviera comunicación con nadie, y no la dejaba salir estaba.
Durante ese tiempo solo asistió dos veces al control por su embarazo. Luego, una noche que él llego ebrio la agredió físicamente, golpeándola en el vientre, lo que provoco que la llevaran al hospital y fue hasta el siguiente día donde con ayuda del médico logro quedarse ingresada, y al salir del hospital se fue a su casa, donde posteriormente lo denuncio.
El Juzgado Segundo de Sentencia de Sonsonate lo encontró culpable y lo condenó a una pena de seis años con un mes de prisión por el delito de Privación de Libertad Agravada, tres años de cárcel por el delito de Amenazas Agravadas y al pago de tres salarios mínimos, por el delito de Expresiones de Violencia contra las Mujeres.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
