Judicial
Gánsteres, políticos y una Fiscalía sumida en corrupción y proteccionismo, de espaldas al pueblo
«El hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice» Sigmund Freud.
Con el anterior adagio, hacemos referencia a las promesas del Fiscal General de la República, Raúl Melara, quien recién tomó posesión de su cargo y aseguró que pondría fin a las arbitrariedades de la institución a la que «honorablemente» representa (FGR) y que pondría fin a las injusticias e ilegalidades cometidas por su antecesor, el nefasto exfiscal Douglas Meléndez , y un grupo de “manzanas podridas” a las que ofreció expulsar de la Fiscalía, de eso, hace ya un año, y todavía no vemos que eso ocurra.
Prueba de lo anterior, son los dos fallos judiciales en las últimas semanas, cada caso con sus particularidades, que han producido alarma y, por qué no decirlo, gran trascendencia para el sistema judicial de nuestro país.
El primero es el caso de los empleados de la Fiscalía General de la República (FGR) bautizado por Douglas Meléndez como “Caso Corruptela”, una vulgar patraña construida por éste, en compañía de auxiliares que han sido denunciados desde hace más de tres años por “fabricar pruebas” y “montar” procesos, sin que hasta la fecha se les haga pagar por sus delitos dada la autoprotección que existe en la FGR.
Dicho caso se ventiló en el Juzgado Séptimo de Paz, después que los testigos criteriados renunciaron a esa calidad y de haber denunciado al ex fiscal Douglas Meléndez, junto al exdirector Anticorrupción, Jorge Orlando Cortez Díaz, y los fiscales auxiliares que llevaban el caso, Neftatlí Roberto Ábrego Rosales, Mario Antonio Huezo Cortez, Harold Iván Córdoba Solís, David Alfonso Ramírez Guevara, Héctor Nahúm Martínez García, Sergio Manrique Paredes Blanco, Noris Iván Quintanilla Navidad, Santos Inocente Segura Mendoza y Carolina Beatriz Torres Hernández por haber obligado a firmar declaraciones falsas para armar el caso en mención, contra el empresario Enrique Rais y más de una veintena de personas en el mismo caso.
La jueza 7º. de Paz impartió justicia al decretar un sobreseimieno definitivo a favor de los empleados de la Fiscalía General de la República (FGR), que han sido víctimas de persecución desde los tiempos de Douglas Meléndez y que continuó el actual fiscal Raúl Melara, tratatando de incriminarlos con pruebas fabricadas y sometiéndolos con métodos tortuosos.
El segundo fallo se dio el día viernes 13 de diciembre del presente año. El juez Especializado de Sentencia A de San Salvador, Godofredo Salazar, señaló, como parte de su lectura del fallo contra los 426 pandilleros, acusados de homicidios, extorsiones, lavado de dinero y tráfico de drogas, que políticos y exfuncionarios cometieron delitos vinculados con el caso conocido como “Operación Cuscatlán”, pero que no fueron acusados por la Fiscalía.
El juez le dijo a la FGR que debe incluir en las investigaciones al exministro de Defensa, David Munguía Payés; al exdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto; al alcalde de San Salvador, a Ernesto Muyshondt; a Arístides Valencia, exministro de Gobernación, a Ernesto Angulo, exdiputado de ARENA, y a Norman Quijano, expresidente de la Asamblea Legislativa; entre otros.
«En este país entonces tenemos dos tipos de gánster: los gánsteres pandilleros y los gánsteres políticos», expresó el juez Salazar. A estas declaraciones, podemos añadir que existe un “Concentidor”, que en este caso es la Fiscalía General de la República, ya que parcializó la investigación para favorecer claramente a los políticos. Todo esto ocurrió con la venia del exfiscal Meléndez y la actual administración de Raúl Melara.
Hoy sabemos que el exfiscal Douglas Meléndez tuvo pleno conocimiento de las reuniones de los políticos con pandilleros para verse favorecido en distintos eventos electorales, tal como se reveló en el caso “Operación Cusctlán”, por medio del testimonio del criteriado “Noe”, videos y audios que desde el inicio de dichas investigaciones que estaban en poder de la Fiscalía General de la República ordenó judicializar la investigación, con claras omisiones, incumplimiento de deberes, fraude procesal, falsedades por parte del mismo Meléndez, Guadalupe Quintanilla, Exjefe Unidad Antipandillas, Will Walter Ruiz, exjefe Unidad de Crimen Organizado, entre otros.
¿Qué tienen en común estos dos trancendentales fallos que han puesto a prueba el Sistema de Justicia salvadoreño?
Primero, ambos son casos manipulados al antojo y voluntad de Douglas Meléndez y su equipo de colaboradores más cercanos para favorecer a unos y arremeter, dañar y destruir, utilizando la institución encargada de velar por la seguridad jurídica y aplicaciónd e la Ley de todo un país, de esta forma cometiendo una serie de delitos.
Segundo, a pesar de que han sido señaladas tantas arbitrariedades, manipulación de investigaciones dentro la Fiscalía General de la República encabezada por Douglas Meléndez, aún existiendo denuncias formales en contra del mismo y su equipo, Raúl Melara, actual, Fiscal de la República, sigue indiferente ante todos los hechos señalados renueste a abrir una investigación y sentar en el banquillo de los acusados a Douglas Meléndez y su equipo. No hacerlo podría traer implicaciones graves, sería cometer de nuevo las mismas arbitrariedades y omisiones que sus antecesores.
CICIES
“Ya se firmó un acuerdo de colaboración técnica, no se saben los alcances con la CICIES, la OEA y Fiscalía General de la República.
Ahora bien, la pregunta es: ¿la CICIES va a retomar estos casos?, porque tal como lo dijo el abogado defensor del caso, qué aun sabiendo del caso de los exfiscales que han sido sometidos a torturas por parte del mismo Fiscal Raúl Melara y que éste los ha procesado sabiendo que habían sido víctimas del anterior fiscal (Douglas Meléndez) por protegerse a sí mismos, y conociendo todos estos atropellos los ha sometido a un vejamen mayor.
Esto ya es un tema de CICIES porque la fiscalía no está actuando.
La CICIES estaría procesando a Raúl Melera por no actuar, cayendo en los delitos de omisión de la investigación, por incumplimiento de sus deberes como Fiscal General, al no procesar a los políticos señalados (Douglas Meléndez y sus más cercanos colaboradores), por los casos que él montó fraudulentamente, todo por buscar la reelección al frente de la Fiscalía, dañando la imagen de los funcionarios de la misma institución que nunca intervinieron en actos de ninguna naturaleza.
Inclusive, al señor Enrique Rais, nunca se le encontró de haber dado dádivas a nadie de ninguna naturaleza.
Información brindada por Diario Latrino.
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Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
