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El Salvador cerró el primer trimestre con promedio de 0.4 homicidios por día
El Salvador sigue marcando huella, cerró el primer trimestre del 2023 con promedio diario de 0.4 homicidios; cifra nunca antes registrada en el país.
El Salvador, según datos de la Policía, cerró los primeros tres meses del año con 37 homicidios: enero sumó 11 asesinatos, el siguiente mes de febrero 14, y al cierre de marzo fueron 12 homicidios. Esta baja de violencia fue una de las más destacadas en Centromérica.
Caso contrario sucedió por ejemplo, en Costa Rica que acumuló más de 210 homicidios en el primer trimestre del 2023, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ); los registros del 2023 superan la tasa de homicidios en un 30%, y la mayoría de los asesinatos son entre bandas de narcotraficantes. Mientras que Panamá, tuvo desde el primer mes del año un incremento de 190 % en asesinatos, solo en enero sumaron 57 muertes violentas.
El criminólogo, Ricardo Sosa dice que su proyección es que «El Salvador cerrará 2023 con una tasa homicida de entre 1.9 y 2.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Lo fundamento en datos y evidencia de estadísticas oficiales del Gobierno, del trabajo del Gabinete de Seguridad y de la Fiscalía», añadió.
El Salvador se caracterizaba antes por ser uno de los países más violentos del mundo, sin embargo, desde que el gobierno de Nayib Bukele implementó el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, el país ha tomado otra perspectiva. La seguridad en el país ha permitido que el primer trimestre de este año acumulara 63 días sin homicidios: 22 corresponden a enero, 21 a febrero y 20 a marzo.
El año pasado, El Salvador logró posicionarse como uno de los más seguros de Centroamérica y de Latinoamérica, gracias a los efectivos resultados de las medidas de seguridad implementadas. Al finalizar el 2022, el país registró una tasa de 7.8 homicidios por cada 100,000 habitantes, la más baja de Centroamérica y el promedio diario de muertes a causa de la violencia fue de 1.4. Esto también lo llevó a ubicarse en el país más seguro de Latinoamérica.
Mientras que, para el año pasado, en Guatemala la tasa de los homicidios fue 17.3 por cada 100,000 habitantes, esta nación ha visto subir las cifras desde el 2020 cuando la tasa fue de 15.2 y en el 2021 ascendió a 16.4, esto equivale a un promedio diario de 12 asesinatos. Honduras cerró el 2022 con una tasa de 29.32 homicidios, en ese país se registraron 9.64 homicidios diarios.
Mientras que Panamá registró una tasa de 10.61 homicidios por cada 100,000 habitantes. En Nicaragua la tasa es de 18 homicidios por cada 100,000 habitantes.
En Costa Rica, el reporte de asesinatos del 2022 fue el más alto de la historia del país: una cifra 66,5% mayor que la del 2012, para una tasa récord de 12.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. El 2022 cerró como su año más violento para los ticos con más de 600 asesinatos.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
