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Nueva prórroga del régimen de excepción para garantizar la paz en El Salvador
El combate a las pandillas continuará gracias a que la Asamblea Legislativa aprobó anoche por 30 días más, a petición del Ejecutivo, la decimotercera prórroga del régimen de excepción, medida con amparo constitucional vigente desde el 27 de marzo del año pasado.
Según el Gabinete de Seguridad (Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de la Defensa Nacional y Policía Nacional Civil), dicha medida ha permitido, hasta la fecha, la captura de 67,203 pandilleros a escala nacional.
También han sido decomisados 3,443 vehículos, 2,629 armas de fuego y 16,217 teléfonos celulares que estaban en poder de pandilleros y que habían sido adquiridos con dinero de actividades ilícitas, como el robo y la extorsión, señaló el Gabinete de Seguridad al presentar la solicitud, que fue recibida por Ernesto Castro, presidente de la Asamblea.
Además, desde que está vigente la medida especial se registran 234 días sin asesinatos, los cuales se han reducido al 50 % al comparar los meses de abril de 2022 y 2023, explicó el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy.
«Esta herramienta jurídica le ha proporcionado al pueblo salvadoreño todas las capacidades legales para neutralizar y eliminar las maras y pandillas. A un año desde el inicio del régimen de excepción, los salvadoreños han experimentado una verdadera paz», expresó el funcionario.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, argumentó que esa medida de seguridad garantizó que los salvadoreños, así como los turistas extranjeros, disfrutaran plenamente del período vacacional de Semana Santa sin el temor de ser víctimas de hechos delictivos de parte de los grupos terroristas.
Agregó que el trabajo que hace el Gobierno del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad no será debilitado por las constantes críticas de ONG y medios de comunicación argumentando que atenta contra los derechos humanos. Una agenda de ataque en contra de la estrategia de seguridad implementada en El Salvador es sostenida por los partidos de oposición, medios de comunicación, organizaciones y organismos afines a estos, a pesar de los resultados inéditos que favorecen a los salvadoreños.
«Este pequeño país de 21,000 kilómetros cuadrados le está generando un gran estorbo a las mentes perversas. Sepan que lo que digan y lo que gasten para seguir promoviendo los ataques nos tiene sin cuidado, nosotros nos debemos a los salvadoreños», afirmó Villatoro.
Luego indicó: «Lo que estamos haciendo le está generando una gran esperanza a millones de latinoamericanos y a millones de ciudadanos alrededor del mundo. Estamos demostrando que hacer algo a favor de las mayorías es posible». Funcionarios de otras naciones, como senadores, expresidentes, ministros y alcaldes de Costa Rica, Ecuador y Colombia, han aplaudido los avances en seguridad pública logrados por el presidente Nayib Bukele, así como la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en Tecoluca, San Vicente, para encarcelar a los criminales.
Por su parte, el presidente de la Asamblea ofreció el apoyo incondicional de ese órgano del Estado para que el régimen de excepción siga vigente el tiempo que sea necesario, con la finalidad de erradicar a las pandillas, fenómeno social que creció en el país durante la posguerra.
«Gracias a esta medida del presidente Nayib Bukele, nuestro país se ha convertido en la prueba irrefutable de que podemos superar herencias oscuras, que podemos terminar con el ciclo de muerte y dolor», señaló Castro, legislador de Nuevas Ideas. La iniciativa de ley del Ejecutivo ingresó a la agenda de la sesión plenaria legislativa 102 y fue aprobada con votos de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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