Nacionales
Dirección General de Centros Penales confirma que hay 840 reos con tuberculosis
La Dirección General de Centros Penales (DGCP) confirmó que hay 840 reos enfermos de tuberculosis, cifra que según las autoridades representa una reducción en comparación con otros años.
El director de Penales, Osiris Luna, dijo que el 1 de junio de 2019 había 2,800 casos y que se han intensificado las estrategias para controlar y reducir la enfermedad.
“La logramos detener (la propagación de la tuberculosis) con un buen tratamiento, con aislamiento y una verdadera separación (entre reos)”, dijo Luna.
En octubre y noviembre de 2019, las autoridades de los ministerios de Salud y Seguridad habían confirmado repuntes de la enfermedad, por lo que desde esa fecha se intensificaron los programas de prevención.
De hecho, el repunte de los casos de esos meses cobró la vida de un reo en la prisión de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocida como “Zacatraz”
La reducción de los contagios, explicó el titular de la DGCP, “nos está dando un gran margen para darle mayor tiempo de atención a otro tipo de enfermedades” y enfatizó que “las medidas que hemos tomado de orden, control y disciplina nos han ayudado a tener este control”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho énfasis en que el combate a la tuberculosis se debe mantener en todos los centros penales a fin de evitar una propagación.
“Las cárceles funcionan como reservorios de la tuberculosis que bombean la enfermedad hacia la comunidad civil a través del personal, los visitantes y los antiguos presos inadecuadamente tratados. La tuberculosis no respeta los muros de las cárceles”, estableció la OMS en su sitio web.
141 casos de coronavirus
Otra situación que obligó a los penales a intensificar los controles sanitarios fue la pandemia del coronavirus, donde ya se han confirmado 141 casos.
Los contagios se han concentrado en tres centros: Quezaltepeque, San Vicente, La Esperanza (conocido como Mariona) y el ala de resguardo de reos del hospital Siquiátrico.
En otras cárceles como la de Ciudad Barrios se han hecho las pruebas por sospechas, pero han dado un resultado negativo.
Osiris Luna valoró que al inicio del brote de la Covid-19 en los centros penales se logró aislar a los reos a tiempo, junto con los nexos epidemiológicos y eso ha hecho que la cifra no siga creciendo.
“Sacamos los nexos y toda aquella persona sospechosa que pudiera llegar a tener esta enfermedad y son 1231 personas las que están aisladas hasta el día de ayer (domingo)”, indicó.
Los 141 que dieron positivo “prácticamente ya están recuperados” y han sido enviados a otro sector aparte en cada uno de los penales.
Solo nueve de los confirmados desarrollaron complicaciones graves, por lo que fueron tratados en los hospitales, pero ya se les ha dado el alta y han vuelto a la cárcel.
Nota de: El Salvador Times
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
