Internacionales
“Yo me metí a esta profesión para proteger, no para ser abusivo”: policía colombiano que se negó a realizar un desalojo
“Yo me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos”.
Palabras de Ángel Zúñiga, patrullero de la policía de Cali, Colombia, en un video que lo muestra negándose a cumplir órdenes superiores: desalojar a un grupo de campesinos que ocuparon un terreno a las afueras de la tercera ciudad más grande del país.
El camarógrafo, al parecer uno de los campesinos, lo felicita entre llantos. “Usted es un héroe”, le dice. “Esto es histórico en Colombia”, añade.
Acto seguido, Zúñiga hace un gesto de renuncia: entrega el arma a su superior. Y se atiene a las consecuencias: “Si quieren, me echan”.
El video fue viral en las redes sociales en Colombia, un grupo de congresistas de izquierda solicitó formalmente que Zúñiga sea condecorado y su familia dijo temer por su vida y pidió “que no lo castiguen por haber seguido su corazón y ayudar a una familia pobre”.
El patrullero —como se conocen acá a los policías de menor rango— está ahora detenido y espera ser sometido a un proceso disciplinario en la justicia militar.
Los desalojos son comunes en Colombia, el país con más desplazamiento interno del mundo, según Naciones Unidas.
Pero lo que ha generado indignación pública es que los procedimientos continúen durante la pandemia por el coronavirus.
Poco más de la mitad de la población en Colombia depende de la economía informal, ahora congelada por la cuarentana. Las cifras de desempleo se dispararon hasta llegar a un histórico 20%, según cifras oficiales.
El brote de miseria desatado por la pandemia, sin embargo, no ha detenido los desahucios en las principales ciudades del país, que han sido trasmitidos casi en vivo por las redes sociales y generado cada tanto una ola de ira colectiva.
En pandemia todos los desalojos parecen iguales
El operativo que se hizo famoso por el video de Zúñiga, según explicó la alcaldía de Cali, buscaba recuperar zonas de protección natural aledañas al río Pance, en el sur de la capital del Valle del Cauca.
El proceso judicial por el terreno comenzó hace dos años y el grupo campesino ha promovido 20 acciones judiciales —conocidas como tutelas— para quedarse en él. Todas fueron declaradas “improcedentes” por la justicia.
El acalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, dijo: “No deben posibilitarse invasiones aprovechándose de la crisis del covid-19, no debe permitirse ninguna invasión de gran constructor, ni de ninguna comunidad de las riberas del Rio Pance, no debe existir desalojo que no respete dignidad y derechos humanos”.
Así como este desalojo buscaba proteger una reserva natural, ha habido otros que pretenden evitar una tragedia.
El mes pasado, por ejemplo, 50 familias fueron desalojadas en uno de los barrios más pobres de Bogotá, Altos de la Estancia.
Los colombianos vieron cómo una mujer encapuchada gestionaba el desalojo en una imagen que para muchos recordó los tiempos de tomas paramilitares en barrios populares persiguiendo guerrilleros subversivos.
La alcaldía de Bogotá, sin embargo, explicó que la mujer encapuchada era una contratista y que el desalojo era necesario porque el inclinado terreno donde estaban las viviendas informales era particularmente propenso a un derrumbe, sobre todo ahora, que estamos en época de lluvia.
Una tercera causa de desalojos es, por supuesto, la falta de pago.
El presidente, Iván Duque, prohibió los desalojos por esta razón mientras dure la cuarentena y avaló prórrogas en el pago de arriendos, una medida común en muchos países durante la crisis del covid-19.
Esto, sin embargo, no impidió que cientos de personas, sobre todo migrantes venezolanos, hayan sido expulsados de las residencias informales donde se alojaban y muchos hayan tenido que devolverse a su país en crisis.
Internacionales
VIDEO | Tiroteo entre policías y pandilleros deja heridos y varios capturados en Guatemala
Seis presuntos integrantes del Barrio 18 fueron capturados por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un operativo desplegado tras un ataque armado contra un camión repartidor en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala.
De acuerdo con las autoridades, entre los detenidos figura un menor de edad, quien fue remitido a las autoridades competentes para el procedimiento correspondiente.
Durante las diligencias, las fuerzas de seguridad también localizaron un arsenal, el cual será sometido a peritajes para determinar si las armas fueron utilizadas en otros hechos criminales.
Asimismo, las investigaciones continúan con el objetivo de establecer la posible participación de los capturados en este y otros hechos delictivos. El caso permanecerá bajo conocimiento de las autoridades judiciales para el desarrollo del proceso legal correspondiente.
Momento en que elementos de la PNC capturan a 6 integrantes del barrio 18, tras ataque contra camión repartidor en Puerto Barrios, Izabal. pic.twitter.com/1gPgSyZRcK
— Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) July 7, 2026
Internacionales
Alemania condena a cadena perpetua a un médico de cuidados paliativos por matar a 15 pacientes
Un médico alemán especializado en cuidados paliativos fue condenado este miércoles a cadena perpetua por un tribunal de Berlín tras ser declarado culpable de asesinar a 15 pacientes durante visitas domiciliarias, en un caso que la jueza calificó como el de un «asesino en serie».
El tribunal determinó que el médico, identificado como Johannes M., de 41 años, mató a 12 mujeres y tres hombres entre septiembre de 2021 y julio de 2024 mediante la administración de combinaciones letales de sedantes.
De acuerdo con la acusación, el condenado suministraba primero un sedante y posteriormente un relajante muscular que, al combinarse, provocaban la parálisis de los músculos respiratorios, seguida de un paro respiratorio y la muerte «en cuestión de minutos».
Las víctimas, cuyas edades oscilaban entre 25 y 94 años, se encontraban bajo la atención médica de Johannes M. al momento de los hechos.
El tribunal impuso la pena máxima de prisión perpetua, acompañada de dos disposiciones especiales destinadas a impedir una eventual excarcelación anticipada. Además, el médico fue inhabilitado de por vida para ejercer la medicina.
La jueza Sylvia Busch describió al condenado como un «asesino en serie» y calificó el caso de «inconcebible» y «extraordinario». Asimismo, el tribunal acogió en su totalidad las solicitudes presentadas por la fiscalía.
Según la investigación, en al menos cinco ocasiones Johannes M. habría incendiado los apartamentos de las víctimas con el propósito de ocultar los homicidios.
El semanario alemán Die Zeit informó que fue a finales de julio de 2024 cuando la jefa del médico alertó a la policía al considerar sospechoso que varios de los pacientes atendidos por Johannes M. fallecieran de forma repentina y que, al mismo tiempo, se registraran incendios en sus viviendas.
Aunque fue condenado por la muerte de 15 personas, el médico continúa siendo investigado por un número mayor de homicidios. Paralelamente al juicio, las autoridades mantienen abiertas investigaciones sobre decenas de otras muertes por las que también podría ser considerado responsable.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó un llamado urgente para recaudar 296 millones de dólares destinados a atender las necesidades humanitarias derivadas de los terremotos ocurridos el 24 de junio en Venezuela, considerados uno de los peores desastres sísmicos registrados en América Latina.
El desastre ha dejado más de 3.600 fallecidos y miles de personas sin hogar, especialmente en el estado de La Guaira, ubicado cerca de Caracas.
El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de la ayuda de emergencia, Tom Fletcher, se encuentra en Venezuela, donde ha sostenido reuniones con las autoridades del país.
Durante una reunión virtual de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) con ministros, Fletcher presentó un llamado para recaudar los fondos necesarios con el objetivo de apoyar las operaciones de asistencia.
«Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento, durante un período de seis meses. Es un plan con plazos concretos», afirmó.
Asimismo, agradeció el respaldo de la comunidad internacional. «Los donantes ya están actuando, y les rindo homenaje y les doy las gracias», expresó.
El nuevo llamamiento se suma al plan humanitario de 632 millones de dólares anunciado a comienzos de año para Venezuela, donde casi ocho millones de personas ya requerían asistencia humanitaria.
Antes de los terremotos, dicho plan solo había recibido 115 millones de dólares. Sin embargo, tras nuevas contribuciones, la cifra aumentó a 300 millones de dólares.
Fletcher señaló que aún hacen falta 627 millones de dólares para responder a las «necesidades urgentes» del país.
Durante la misma reunión virtual, el canciller venezolano, Yván Gil, solicitó la liberación de los fondos del Estado venezolano que permanecen congelados en el extranjero.
«Queremos hacer una llamada a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela a que iniciemos un plan de liberación de estos fondos y que podamos utilizar en la recuperación», manifestó.
Gil agregó que Venezuela mantiene cuentas estatales congeladas en distintos países como resultado de lo que calificó como «sanciones ilegales».
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