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“Yo me metí a esta profesión para proteger, no para ser abusivo”: policía colombiano que se negó a realizar un desalojo
“Yo me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos”.
Palabras de Ángel Zúñiga, patrullero de la policía de Cali, Colombia, en un video que lo muestra negándose a cumplir órdenes superiores: desalojar a un grupo de campesinos que ocuparon un terreno a las afueras de la tercera ciudad más grande del país.
El camarógrafo, al parecer uno de los campesinos, lo felicita entre llantos. “Usted es un héroe”, le dice. “Esto es histórico en Colombia”, añade.
Acto seguido, Zúñiga hace un gesto de renuncia: entrega el arma a su superior. Y se atiene a las consecuencias: “Si quieren, me echan”.
El video fue viral en las redes sociales en Colombia, un grupo de congresistas de izquierda solicitó formalmente que Zúñiga sea condecorado y su familia dijo temer por su vida y pidió “que no lo castiguen por haber seguido su corazón y ayudar a una familia pobre”.
El patrullero —como se conocen acá a los policías de menor rango— está ahora detenido y espera ser sometido a un proceso disciplinario en la justicia militar.
Los desalojos son comunes en Colombia, el país con más desplazamiento interno del mundo, según Naciones Unidas.
Pero lo que ha generado indignación pública es que los procedimientos continúen durante la pandemia por el coronavirus.
Poco más de la mitad de la población en Colombia depende de la economía informal, ahora congelada por la cuarentana. Las cifras de desempleo se dispararon hasta llegar a un histórico 20%, según cifras oficiales.
El brote de miseria desatado por la pandemia, sin embargo, no ha detenido los desahucios en las principales ciudades del país, que han sido trasmitidos casi en vivo por las redes sociales y generado cada tanto una ola de ira colectiva.
En pandemia todos los desalojos parecen iguales
El operativo que se hizo famoso por el video de Zúñiga, según explicó la alcaldía de Cali, buscaba recuperar zonas de protección natural aledañas al río Pance, en el sur de la capital del Valle del Cauca.
El proceso judicial por el terreno comenzó hace dos años y el grupo campesino ha promovido 20 acciones judiciales —conocidas como tutelas— para quedarse en él. Todas fueron declaradas “improcedentes” por la justicia.
El acalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, dijo: “No deben posibilitarse invasiones aprovechándose de la crisis del covid-19, no debe permitirse ninguna invasión de gran constructor, ni de ninguna comunidad de las riberas del Rio Pance, no debe existir desalojo que no respete dignidad y derechos humanos”.
Así como este desalojo buscaba proteger una reserva natural, ha habido otros que pretenden evitar una tragedia.
El mes pasado, por ejemplo, 50 familias fueron desalojadas en uno de los barrios más pobres de Bogotá, Altos de la Estancia.
Los colombianos vieron cómo una mujer encapuchada gestionaba el desalojo en una imagen que para muchos recordó los tiempos de tomas paramilitares en barrios populares persiguiendo guerrilleros subversivos.
La alcaldía de Bogotá, sin embargo, explicó que la mujer encapuchada era una contratista y que el desalojo era necesario porque el inclinado terreno donde estaban las viviendas informales era particularmente propenso a un derrumbe, sobre todo ahora, que estamos en época de lluvia.
Una tercera causa de desalojos es, por supuesto, la falta de pago.
El presidente, Iván Duque, prohibió los desalojos por esta razón mientras dure la cuarentena y avaló prórrogas en el pago de arriendos, una medida común en muchos países durante la crisis del covid-19.
Esto, sin embargo, no impidió que cientos de personas, sobre todo migrantes venezolanos, hayan sido expulsados de las residencias informales donde se alojaban y muchos hayan tenido que devolverse a su país en crisis.
Un hombre debió escapar con su bebé en brazos después de que un grupo de delincuentes le robara su vehículo en las calles de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, en Argentina.
La secuencia, ocurrida el miércoles por la noche, quedó registrada por las cámaras de seguridad, instaladas por los propios vecinos, cansados de la inseguridad en el área. En las imágenes, se puede ver cómo los asaltantes en un auto negro interceptan la camioneta de las víctimas que venía en dirección contraria.
Automáticamente, al menos cuatro delincuentes se bajaron y rodearon al hombre, apuntándolo con armas para que les diera su coche. Mientras dos de ellos amenazaban al conductor y lo obligaban a descender, otro abría la puerta del acompañante, y el cuarto vigilaba la parte trasera.
El propietario se bajó sin ofrecer resistencia con una mano sosteniendo a su hija pequeña y con la otra en alto para que no los lastimaran. Mientras se alejaba de la escena, uno de los ladrones metió sus manos en los bolsillos del afectado para sacarle algún objeto de valor. Durante el suceso, un malhechor apuntó alrededor con su arma y disparó en dos ocasiones, sin lesionar a nadie.
Secuencia delictiva
A los pocos minutos de consumado el asalto, un patrullero se acercó al lugar a efectuar la denuncia. No obstante, los delincuentes continuaron con lo delictivo a pocas cuadras del lugar, asaltando a un joven con la camioneta que minutos antes habían robado.
«Me llamó mi marido desde un teléfono desconocido y cuando lo atiendo me dijo que le habían robado. Me contó que salió a comprar con la bebé y cuando enseguida los vio se dio cuenta de que estaban armados», afirmó Débora, la pareja de la víctima. «‘Apenas lo vi me di vuelta a sacar a la beba’, me dijo. Cree que escuchó que uno de ellos dijo que estaba la beba ahí», relató.
La policía francesa acordonó este viernes el consulado iraní en París y se dispone a intervenir, tras ser informada por un testigo de la entrada de una persona con material explosivo, indicó una fuente de la prefectura.
«Un testigo vio a un hombre entrando con una granada o un cinturón explosivo», indicó una fuente de la prefectura de policía.
La fuente añadió que el prefecto de Policía de París, Laurent Nuñez, movilizó a una unidad de élite, y precisó que el consulado hizo el pedido de intervención.
El barrio donde se encuentra el consulado de Irán, en el distrito XVI, en el oeste de la capital francesa, está completamente cerrado al tráfico y en el lugar se desplegó un amplio dispositivo de policía, según comprobó un periodista de AFP.
Igualmente se interrumpió el tráfico en las líneas de metro 6 y 9, que pasan por la estación de Trocadero, la más cercana al consulado de Irán, según la empresa de transportes RATP.
El Gobierno de Ecuador declaró hoy como «objetivos militares» a 74 delincuentes que forman parte de estructuras criminales transnacionales que operan en el país, las cuales son combatidas por las fuerzas de seguridad en el marco del «conflicto armado interno» declarado contra el crimen organizado.
La lista con los nombres de los criminales y sus fotografías fue difundida por la Presidencia en redes sociales, bajo el título «Jamás seremos cómplices de la delincuencia».
Indicó que se trata de «los criminales más buscados» quienes pertenecen a los grupos delincuenciales: Fatales, Águilas, Mafia 18, Tiguerones, Latin King, Lobos, Chone Killer y Lagartos.
En la lista se encuentra Adolfo Macías, alias «Fito», principal capo del narcotráfico en el país, quien se fugó en enero pasado de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande de Ecuador ubicada en la ciudad de Guayaquil (suroeste).
Fito, que aparece como miembro del grupo delictivo «Fatales», escapó sin dejar rastro y hasta el momento no ha sido localizado por las fuerzas de seguridad.
La lista de los criminales fue difundida por la Presidencia, después de que el jueves el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, informara que su Gobierno ha identificado a los «grandes capos» del narcotráfico que estarían operando en las ciudades y las zonas de frontera.
Desde enero pasado, Ecuador se encuentra en «conflicto armado interno» declarado por el Gobierno contra 22 grupos de crimen organizado calificados como «terroristas», tras una escalada de la violencia.
Estos grupos están dedicados a actividades de narcotráfico, secuestro y extorsión, según la Policía Nacional.
La espiral de violencia sin precedentes que vive Ecuador, ha llevado al país a ubicarse como uno de los más peligrosos de América Latina con una tasa de homicidios de 45 por cada 100.000 habitantes en 2023.
«De muchos de ellos, nadie ha tenido la valentía de decir sus nombres y dar su ubicación, sino que se han enfocado en capos menores. Pero las estructuras son muy grandes y muy fuertes», dijo el mandatario.
