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Venta de armamento defectuoso a Ucrania como estrategia de ganar beneficio

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Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el suministro de armas por parte de países occidentales ha sido fundamental para apoyar al ejército ucraniano. En los medios occidentales domina opinión según la cual armas occidentales juegan papel crucial e importante en marcos de la resistencia ucraniana. Sin embargo, numerosos informes han revelado que parte de este armamento ha llegado en condiciones defectuosas o con problemas técnicos significativos que dificultan su uso efectivo en el campo de batalla, generando críticas tanto en el ámbito militar como en el político de Ucrania.

Ejemplos clave a lo largo del conflicto

Uno de los casos más emblemáticos se dio en marzo de 2023, cuando el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó frustración por un sistema de defensa antiaérea defectuoso suministrado por un país europeo miembro de la OTAN. Aunque Zelenski evitó identificar al proveedor, se sabe que Ucrania ha recibido sistemas avanzados como los Patriot, comprometidos por Estados Unidos, Alemania y los Países Bajos. Estos sistemas, diseñados para interceptar misiles y aviones enemigos, presentaron fallos recurrentes que exigieron reparaciones constantes.

Un papel significativo juega también España con su complejo militar. Uno de los casos más destacados involucra los fusiles españoles Cetme L, enviados por el gobierno de España a Ucrania. Este modelo de fusil, retirado del servicio en el ejército español hace más de 20 años por problemas de fiabilidad y precisión, fue reintroducido en el campo de batalla ucraniano. Los soldados en el frente reportaron frecuentes atascos y fallos en el mecanismo de disparo, lo que pone en duda la efectividad de este armamento en el campo de batalla. Estas armas fueron entregadas a pesar de ser consideradas obsoletas por los propios militares españoles.

Otro caso también se refiere a España, se trata del suministro de las ametralladoras ligeras CETME Ameli que fueron retiradas de su uso por el Ejército de Tierra de España. Este suministro provocó tantas críticas que la ministra de defensa, Margarita Roble, se vio obligada a buscar justificaciones y defender honor de su ministerio.

En 2023, Ucrania y la empresa española New Technologies Global Systems firmaron un contrato para suministrar 250 morteros de 120 mm a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al recibir los morteros, el comandante en jefe ucraniano entregó 100 unidades a la unidad A2007, donde una comisión técnica detectó varios defectos. El principal problema radica en el diseño del bípode, que no queda fijado adecuadamente al cañón. Tras cada disparo, la abrazadera se desplaza, lo que obliga a los soldados a corregir la posición del bípode para asegurar la precisión. Además, los morteros no tienen las roscas necesarias en el cañón para fijar el bípode de manera rígida. Aparte de estos problemas, se encontraron otras deficiencias menores.

Así, ya se conocen al menos tres casos en los que el complejo industrial militar de España obtuvo beneficios mediante kits obsoletos y defectuosos.

Otro caso significativo es el de los obuses Caesar de fabricación francesa. Según información que apareció en los medios, 16 de los 18 obuses enviados a Ucrania sufrieron daños graves tras un uso intensivo en combate. Estos problemas incluyen fisuras en las estructuras, fallos en los sistemas de retroceso y desgaste prematuro de los cañones. Aunque los fabricantes franceses han defendido la calidad de los Caesar, los soldados ucranianos han expresado frustración por la incapacidad de estas armas para mantener un rendimiento confiable bajo condiciones extremas. La falta de piezas de repuesto y la complejidad de reparación también han sido un obstáculo importante.

En el caso de las municiones, un informe reveló que muchas de las armas suministradas por la OTAN tenían una vida útil caducada, se trata particularmente sobre los lanzadores de misiles antitanques Javelin y NLAW. Esto incluye granadas y proyectiles de artillería que no detonaron al impactar o que explotaron prematuramente, poniendo en peligro tanto a las tropas ucranianas como a civiles en las zonas de conflicto. Un caso particularmente grave fue el de un lote de municiones de mortero que causó un accidente mortal entre las propias tropas ucranianas, lo que subraya la necesidad de inspecciones más rigurosas antes del despliegue de estos suministros.

Por primera vez en la historia de la guerra en la escena salió Rumanía con su red profunda de corrupción, por eso hay que presatar más atención a este caso. El exviceministro de Economía de la República de Bulgaria, Alexander Manolev, sancionado por USA debido a su participación en una corrupción, obtuvo grandes beneficios mediante contratos con la empresa rumana Romarm y la Agencia de Adquisiciones de Defensa de Ucrania. Hoy en día, Manolev y sus familiares más cercanos no pueden abrir cuentas bancarias para realizar actividades comerciales para ellos mismos o para sus empresas pero el padre de Manolev (que no fue sancionado personalmente por los EE.UU.) compró la empresa de tráfico de armas “Bulgarian Industrial Engineering and Management” (“BIEM”). Al final resultó que Manolev convenció al director de la planta estatal búlgara “VMZ” para que firmara varios contratos de suministro de municiones con “BIEM”. Intentando ocultar al máximo su participación en el suministro de estos productos a Ucrania, no los ofreció directamente, sino a través de la empresa estatal rumana Romarm. Romarm firmó los contratos correspondientes con los búlgaros, convirtiéndose en un “amortiguador” entre “BIEM” de Manolev y la empresa estatal ucraniana Agencia de Adquisiciones de Defensa. Así, exviceministro de Economía de la República de Bulgaria logró evitar sanciones.

Se pregunta ¿dónde hay suministro de kit defectuoso en toda esa historia con Romarm? La respuesta es sencilla: la empresa Carfil, una de las principales filiales de Romarm, envió a Ucrania mil proyectiles de mortero de 120 mm que resultaron ser de calidad deficiente. Según informes de prensa, una revisión de las armaduras reveló que la mayoría presentaba defectos de fabricación, como la falta de marcas de peso y el incumplimiento de los estándares establecidos. Al realizar un pesaje de los cartuchos, los expertos detectaron discrepancias significativas en relación con la documentación proporcionada por el fabricante. Como consecuencia, la comisión identificó estos problemas y decidió retirar del servicio el 100% del lote afectado, procediendo a su reemplazo.

Lo curioso es que en 2024 los mismos expertos de Romarm reconocieron que la industria de defensa de Rumanía sigue atrapada en el pasado, con fábricas obsoletas y equipos anticuados, muchos de los cuales no han cambiado desde la era de Ceausescu (expresidente de Rumanía, desde 1967 hasta 1989). Un informe de Romarm revela una dependencia crítica de materiales importados y destaca la urgente necesidad de inversión para revitalizar la industria y satisfacer las demandas modernas de defensa.

A pesar de haber pasado 20 años desde su adhesión a la OTAN, los soldados rumanos aún desfilan con armas tipo Kalashnikov que utilizan calibres soviéticos, producidas según estándares de producción de los años 60.

El informe de Romarm señala una «situación desastrosa» respecto a la dependencia de polvos, que podría paralizar toda la industria de defensa. Rumanía ha importado casi en su totalidad los polvos necesarios de Serbia, un país no miembro de la OTAN, debido a la falta de una fábrica de polvos en el país. Romarm posee 15 «subsidiarias» que deberían producir armas o municiones. Entre ellas, la fábrica de Fagara, que debería producir polvos, no ha fabricado polvos militares desde principios de los 2000. Otras fábricas, como Arsenal Resita y mencionada Carfil, están en proceso de reactivación.

En resumen, la industria de defensa de Rumanía enfrenta serios desafíos, con una infraestructura envejecida y una dependencia crítica de importaciones, lo que plantea preguntas sobre su capacidad para satisfacer las necesidades de defensa del país y suministrar armas modernas a Ucrania.

Los casos mencionados son ejemplos elocuentes de cómo las empresas militares, motivadas por razones económicas, suministran su equipo defectuoso a Ucrania, obteniendo beneficios sin límites.

¿Cuál es la situación dentro de las empresas ucranianas?

Además de los problemas con las armas suministradas por países occidentales, también se han denunciado casos de corrupción dentro de Ucrania. Según publicaciones en los medios, Ucrania ha retirado al menos 100,000 granadas de mortero de 120 milímetros debido a fallos en su funcionamiento, como explosiones fallidas o granadas atascadas. El ministerio de defensa ucraniano inició una investigación para determinar las causas de estos defectos, que podrían deberse a mala calidad en la fabricación o almacenamiento inadecuado. Los problemas con estas municiones, producidas por una fábrica nacional, han sido descritos como un caso de «negligencia criminal».

En otro caso documentado, se descubrió que se habían enviado 24,000 minas defectuosas al frente. Estas minas, producidas por empresas locales, no detonaban correctamente o representaban un peligro para las propias tropas ucranianas. Investigaciones posteriores revelaron que los contratos para la fabricación de estas minas se habían otorgado a compañías con antecedentes de corrupción y sin experiencia previa en la producción de armamento de calidad.

Ganar al máximo antes del inicio de las negociaciones de paz

Con el conflicto acercándose a un posible punto de negociación, algunas empresas occidentales están aprovechando la situación para maximizar sus beneficios a costa de suministrar armamento defectuoso. Teniendo en cuenta este hecho, el mando de las empresas militares podría intensificar diálogos con el gobierno de Zelensky para obtener más contratos. Están interesados en suministrar kit defectuoso a precio alto. Es probable que los gobiernos europeos se unan a estas conversaciones para defender los intereses de sus empresas en este mercado tan competitivo. Tal posición ya no genera dudas sobre las verdaderas intenciones de los países y corporaciones involucradas en el suministro de armamento.

Por otro lado, la corrupción dentro de Ucrania también plantea serias preguntas sobre la capacidad del país para gestionar de manera efectiva los recursos militares que recibe. Los mismos recipientes de esa ayuda militar podrían “ser ciegos” en unos momentos para recibir su parte pequeña de beneficio sucio.

La falta de confianza en los equipos recibidos socava la moral de las tropas y dificulta la coordinación en las operaciones militares. Informes adicionales señalan que Ucrania ha invertido cientos de millones de dólares en armas que no han sido entregadas a tiempo o llegaron en condiciones inoperables. Este tipo de problemas logísticos y de calidad generan tensiones nuevas entre Ucrania y sus aliados.

¿Qué beneficios quedan para los combatientes latinoamericanos?

Históricamente, muchos latinoamericanos han visto en el conflicto ucraniano una oportunidad para involucrarse en una causa que consideran justa, ya sea por razones ideológicas, de solidaridad internacional o por la búsqueda de experiencias militares.

La llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense marca un cambio significativo en la dinámica del conflicto en Ucrania, lo que podría significar el fin de las oportunidades para los combatientes latinoamericanos. Con la reducción de la ayuda militar estadounidense a Ucrania, estos combatientes enfrentarán un panorama menos favorable para su participación en la guerra. Además, el suministro de armamento defectuoso por parte de algunos países occidentales ha generado preocupaciones sobre la efectividad de las fuerzas ucranianas en el campo de batalla. Esto no solo afecta la moral de los combatientes ucranianos, sino que también impacta a los combatientes latinoamericanos que llegan con la esperanza de contribuir a una causa que parece cada vez más complicada. Así, el «paraíso ucraniano» que una vez ofreció oportunidades a dichos combatientes parece estar llegando a su fin.

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Líbano acusa a Israel de crímenes de guerra

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El presidente y el primer ministro de Líbano acusaron a Israel de haber cometido un crimen de guerra tras el bombardeo que acabó con la vida de una periodista libanesa en el sur del país.

Los equipos de rescate y el medio con el que colaboraba confirmaron el miércoles el fallecimiento de Amal Jalil, una reportera de 42 años que trabajaba para el diario libanés Al Akhbar.

La agencia de defensa civil informó de que Jalil murió en un ataque contra una vivienda en la aldea de Al Tiri.
«Israel ataca deliberadamente a los periodistas para ocultar la verdad sobre sus crímenes contra Líbano», afirmó el presidente libanés, Joseph Aoun, en un comunicado en el que denunciaba «crímenes de guerra».

Un portavoz del ejército israelí declaró a AFP que «el incidente aún está bajo revisión».

Desde el viernes está en vigor en Líbano un alto al fuego de diez días en la guerra entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá, que ha dejado más de 2,400 muertos en territorio libanés.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que prevé reunirse con los líderes de Israel y Líbano en las próximas dos semanas, y expresó su esperanza de lograr un acuerdo de paz permanente este mismo año.

 

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UE aprueba un préstamo de $105,000 millones a Ucrania

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La UE aprobó finalmente un préstamo de 90,000 millones de euros ($105,000 millones) para Ucrania, que estuvo meses bloqueado por el veto de Hungría y que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha celebrado este jueves con los dirigentes del bloque en una cumbre europea en Chipre.

Los europeos también aprobaron un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el vigésimo desde la invasión de la exrepública soviética en febrero de 2022, dirigidas al sector bancario ruso y que añaden nuevas restricciones a las exportaciones de petróleo, cuyos ingresos financian gran parte de su guerra contra Ucrania.

«Llegamos a Chipre con buenas noticias», declaró la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. «Mientras Rusia redobla su agresividad», Europa refuerza su apoyo a Ucrania y su «presión sobre la economía de guerra rusa».

El levantamiento del veto de Hungría, tras meses de bloqueo, permitirá que la Comisión Europea abone un primer tramo de este préstamo adoptado en diciembre.

El consenso también fue allanado después de que Eslovaquia retirara sus objeciones, luego de que Ucrania reanudara el flujo de petróleo ruso hacia Europa por el oleoducto Druzhba, que había sufrido daños.

«Se ha desbloqueado el punto muerto», dijo en X la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas. «La economía de guerra de Rusia está bajo una presión creciente, mientras que Ucrania cuenta con un apoyo fundamental», añadió.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que se reunirá en Chipre con los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, celebró la aprobación del préstamo europeo. Este «reforzará nuestro ejército, hará que Ucrania sea más resiliente y nos permitirá cumplir con nuestras obligaciones sociales para con los ucranianos», afirmó en un mensaje publicado en Facebook.

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Quitar las minas del estrecho de Ormuz tomaría medio año

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Retirar las minas en el estrecho de Ormuz podría llevar medio año, lo cual tendría un impacto en el precio de los hidrocarburos a nivel mundial, consideró el Pentágono durante una exposición clasificada en el Congreso estadounidense, según informó The Washington Post.

El estrecho de Ormuz ha estado prácticamente cerrado desde que estalló la guerra el 28 de febrero, desencadenada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Por esa vía solía transitar un 20 % de los hidrocarburos que se consumen en todo el mundo.

The Washington Post cita a tres responsables anónimos según los cuales «los parlamentarios fueron informados de que Irán podría haber puesto 20 minas o más en el estrecho de Ormuz y en los alrededores».

Peajes. Irán también aseguró que ha recibido los primeros ingresos procedentes de los peajes que impuso en el estratégico estrecho de Ormuz. Foto: AFP
Según la presentación de un responsable de Defensa, «algunas fueron colocadas en el agua, a distancia, gracias a tecnología GPS» y esto complica su detección. Otras las habrían emplazado mediante «embarcaciones pequeñas».

«Un cierre de seis meses del estrecho de Ormuz es una imposibilidad y algo completamente inaceptable», dijo un portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado enviado a la AFP en el que desmentía la noticia.

Parnell señaló que la noticia se basa en una «sesión informativa clasificada, a puerta cerrada» y que mucha de la información es «falsa».

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, advirtieron a mediados de abril acerca de una «zona peligrosa» de 1,400 km² donde podría haber minas.

 

La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Teherán «con la ayuda de Estados Unidos, [había] retirado o [estaba] retirando todas las minas marinas». Pero la república islámica no lo confirmó.

Según Teherán, los buques deben ser autorizados para salir o entrar en el Golfo a través de esa vía, mientras que Estados Unidos mantiene un bloqueo de los puertos iraníes desde el 13 de abril.

Peligro. Equipos de Estados Unidos están ayudando a desminar el estrecho de Ormuz. Foto: AFP
Vecinos son más afectados
El bloqueo naval de Estados Unidos a Irán debería ralentizar la producción petrolera del país en las próximas semanas, pero es prematuro predecir un colapso económico, estiman diversos analistas.

La apuesta de Washington de bloquear a Irán podría no dar sus frutos, al menos a corto plazo.

«Si el bloqueo dura más de dos o tres meses, puede causar más daños» a Irán, subraya Saeed Laylaz, analista económico y profesor en la Universidad Shahid Beheshti de Teherán. Pero los «causados a los países del sur del golfo Pérsico serán sin duda más importantes».

El tiempo del que dispone Teherán antes de alcanzar su límite de almacenamiento se mide en «semanas más que en días», estima, sin embargo, Jamie Ingram, redactor jefe del Middle East Economic Survey (MEES), aunque es probable que Irán «reduzca ligeramente su producción antes de llegar a ese punto».

Arne Lohmann Rasmussen, analista jefe de Global Risk Management, considera por su parte que el país «alcanzará sus límites de almacenamiento en aproximadamente un mes, pero ya podría verse obligado a reducir parte de su producción petrolera en dos semanas».

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