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Elecciones Presidenciales en Venezuela: Maduro busca su reelección pece a la crisis
Los venezolanos votaban este domingo en unos cuestionados comicios donde el presidente Nicolás Maduro busca reelegirse, pese la severa crisis que asfixia al país, el boicot de la oposición y el rechazo de gran parte de la comunidad internacional.
Tras votar en un colegio del oeste de Caracas, Maduro advirtió que hará «respetar aquí y en el mundo (…) la voluntad del pueblo», y exigió cesar la «feroz campaña» de Estados Unidos y varios gobiernos en su contra.
«Tu voto decide: votos o balas», añadió Maduro, vestido con una camisa roja distintiva del chavismo, al llamar a derrotar la abstención que promueve la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
A media mañana la afluencia era modesta. Unos 20,5 millones de electores están llamados a estos comicios adelantados y a una sola vuelta, que darán un mandato de seis años a partir de enero de 2019.
El jefe de campaña de Maduro, Jorge Rodríguez, aseguró que habían votado «más de 2,5 millones de personas» y auguró una buena participación. Pero había centros semivacíos, según recorridos de AFP en varias ciudades.
Apoyada por varios gobiernos, la MUD rechazó participar por considerar el proceso un «fraude» para perpetuar a Maduro. Pero el exchavista Henri Falcón se separó de sus filas y es el mayor rival del mandatario.
Con una oposición dividida y sus principales líderes inhabilitados o presos, y con un vasto poder institucional con los militares al frente, Maduro se encamina a un nuevo periodo, según expertos.
Casi todas las encuestas daban empate técnico entre Falcón y Maduro, pero una alta abstención favorecería al presidente, pues el chavismo tiene un voto duro de 25% del electorado.
«Yo no voy a participar en este fraude. Lo que vivimos es un desastre», dijo a María Barrantes, docente jubilada de 62 años.
Apagones; falta de comida, medicinas, transporte y agua; precios por las nubes con un ingreso mínimo que da para un kilo de leche en polvo, abruman al venezolano y cientos de miles emigraron en los últimos cuatro años.
«La economía no sirve»
Venezuela ha vivido en el gobierno de Maduro, exchofer de bus y sindicalista de 55 años en el poder desde 2013, una de las mayores crisis de la economía mundial en medio siglo, según el FMI, que estima la caída del PIB en 15% y la hiperinflación en 13.800% para 2018.
El país y la petrolera PDVSA fueron declaradas en default parcial en 2017, y la producción de crudo está en el peor nivel en tres décadas.
«La economía que tenemos hoy no nos sirve porque ha sido infectada de neoliberalismo, dijo Maduro al prometer cambios para traer «prosperidad».
Aunque 75% de los venezolanos rechaza su gestión, Maduro se beneficia de los leales al fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y de la dependencia que tienen sectores populares de programas sociales y clientelistas.
«La cosa está dura pero es culpa de la guerra económica», dice a AFP Rafael Manzanares, de 53 años, quien vive de la caja de alimentos subsidiados que vende el gobierno.
Falcón, exmilitar retirado de 56 años, propone dolarizar la economía, revertir expropiaciones y aceptar ayuda humanitaria.
«Mis cuatro hijos se fueron a Colombia para poder enviarme dinero», aseguró Maritza Palencia, de 58 años, quien votó por un «cambio».
En varias ciudades del mundo, migrantes venezolanos realizan pequeñas protestas para rechazar los comicios.
Muchos culpan al gobierno socialista de la debacle, y Maduro a una «guerra económica» de la derecha local aliada con Washington.
Ante miles de fieles concentrados en la Plaza San Pedro, el papa Francisco oró para que Venezuela tenga la «sabiduría» de «encontrar el camino de la paz y la unidad».
«Dizque elecciones»
Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE) y una docena de países latinoamericanos sostienen que la elección no es justa ni transparente y acusan a Maduro de socavar la democracia. El presidente reiteró que le «resbala» que le digan «dictador».
«Las dizque elecciones hoy en Venezuela no son legítimas», tuiteó este domingo Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado.
Casi todo el círculo del gobernante está sancionado por la UE y Washington, que sumó el viernes al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, a su lista de casi 70 autoridades venezolanas sancionadas -incluido Maduro-.
Estados Unidos, al que Venezuela vende un tercio de su producción de crudo, prohibió a sus ciudadanos negociar deuda venezolana y amenaza con un embargo petrolero.
«Donald Trump está decidido a aumentar la presión», cree el internacionalista Mariano de Alba.
Pero Maduro confía en que esos gobiernos finalmente lo reconocerán, en la ayuda de sus aliados China y Rusia, y en el apoyo, hasta ahora incondicional, de la cúpula militar.
«La crisis es tan severa que puede provocar o una fricción dentro de la alianza cívico-militar gobernante o una ruptura social de mayor escala», advirtió Crisis Group.
Más de 300.000 soldados custodian los 14.600 centros que cerrarán a las 18H00 locales (22H00 GMT).
Los salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) mantendrán sus protecciones migratorias mientras el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) no tome una decisión sobre el futuro del programa, según una declaración oficial difundida ayer.
“Se hará un anuncio sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador en el momento oportuno. Hasta que se haga dicho anuncio, los salvadoreños presentes en Estados Unidos bajo el TPS conservan su protección”, señala la declaración enviada por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.
El mismo mensaje fue incorporado a la página oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
La protección migratoria para los salvadoreños estaba programada para expirar el 9 de septiembre de 2026. Sin embargo, mientras el DHS no anuncie una determinación, se mantiene vigente el mecanismo establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Esta disposición establece que, si no se determina que un país ha dejado de cumplir las condiciones necesarias para mantener el TPS, la designación se extiende por un período adicional de seis meses. La ley también permite una extensión de 12 o 18 meses, a discreción del secretario.
Este mecanismo ya tiene precedentes. Uno de ellos ocurrió con el TPS del Líbano, cuya designación vencía el 27 de mayo, pero, al no existir una decisión final del DHS, se extendió automáticamente por seis meses.
El TPS para El Salvador se encuentra vigente desde 2001, cuando fue otorgado después de los dos terremotos que afectaron al país. Desde entonces, la designación ha sido extendida en múltiples ocasiones.
La Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) recordó que, al no pronunciarse el DHS, se activa automáticamente la extensión de seis meses contemplada en la INA, por lo que considera que continúan vigentes las medidas de protección migratoria y los permisos de trabajo.
“Exigimos que el Gobierno cumpla con la extensión automática de seis meses para que los neoyorquinos salvadoreños puedan vivir y trabajar sin miedo”, señaló la organización.
La última vigencia del TPS para El Salvador deriva de una extensión de 18 meses aprobada por el DHS en enero de 2025. Esta estableció el período comprendido entre el 10 de marzo de 2025 y el 9 de septiembre de 2026.
La designación había sido previamente objeto de una larga disputa judicial. En junio de 2023, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, rescindió aquella decisión de terminación y posteriormente el DHS aprobó una nueva extensión de 18 meses para los salvadoreños.
Actualmente, el Pew Research Center estima que cerca de 170,100 salvadoreños permanecen bajo el TPS en Estados Unidos. Esta cifra no incluye a quienes ya obtuvieron la residencia permanente o se convirtieron en ciudadanos estadounidenses.
Después de 25 años, algunos grupos de beneficiarios del TPS pueden contar con otras vías para regularizar su situación migratoria, entre ellos quienes están casados con ciudadanos estadounidenses, padres de ciudadanos mayores de 21 años, hijos de ciudadanos o personas que mantienen algún otro proceso migratorio o una solicitud de asilo pendiente.
Según FWD.us, una organización estadounidense de defensa de políticas públicas, alrededor de 170,000 salvadoreños beneficiarios del TPS viven en Estados Unidos.
Los principales estados donde residen son California, con 36,000; Texas, con 28,000; Maryland, con 23,000; Nueva York, con 17,000; y Virginia, con 11,000.
FWD.us también estima que los salvadoreños bajo el TPS aportan $5,400 millones anuales a la economía estadounidense y pagan alrededor de $1,500 millones cada año en impuestos federales, estatales y locales.
En cuanto a los sectores laborales, alrededor de 36,000 salvadoreños con TPS trabajan en la construcción; 32,000, en edificios y mantenimiento de terrenos; 23,000, en transporte; 18,000, en manufactura; y 12,000, en servicios de alimentación.
La organización advierte que retirar a los beneficiarios del TPS de sus empleos podría elevar los costos para los estadounidenses. Además, estima que más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses dependen de las contribuciones de sus padres salvadoreños beneficiarios del TPS, lo que representa otro frente de debate sobre el futuro del programa.
El juicio por la muerte de Diego Maradona inició este martes una nueva etapa con los primeros testimonios presentados por las defensas. Dos especialistas en adicciones respaldaron un tratamiento similar al que recibió el astro argentino del fútbol, aunque aclararon que sus declaraciones se realizaron en términos generales y sin referirse directamente al caso.
La defensa del psicólogo Carlos Díaz buscó demostrar que la adicción de Maradona al alcohol y a los psicofármacos no era suficiente, por sí sola, para justificar una internación contra su voluntad.
Durante la audiencia, el sociólogo especializado en adicciones Ignacio O’Donnell sostuvo que una persona que no se encuentra consumiendo sustancias y logra mantenerse sin hacerlo no requiere necesariamente una internación.
El siguiente testigo, el psicólogo Damián Barreiro, coincidió con O’Donnell y afirmó que una persona que consume sustancias no está, por ese solo hecho, incapacitada. Según explicó, para disponer una internación contra su voluntad debe existir un riesgo inminente para la propia persona o para terceros.
Ambos especialistas señalaron que sus declaraciones eran de carácter general y que no conocían los pormenores del caso de Maradona.
El exfutbolista murió durante una internación domiciliaria cuya pertinencia y condiciones se encuentran en el centro del debate judicial. Semanas atrás, dos peritos convocados por la parte acusatoria declararon que Maradona habría tenido que ser internado de manera forzosa debido a que, según ellos, “no estaba en sus cabales”.
Maradona había sido trasladado a una casa ubicada en Tigre, al norte de Buenos Aires, después de ser operado de un hematoma subdural el 3 de noviembre de 2020.
El 25 de noviembre de ese mismo año fue encontrado muerto en su habitación. La causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.
Durante el proceso, peritos convocados por la fiscalía también señalaron que Maradona debió haber permanecido internado en un hospital y que, durante las semanas previas a su muerte, presentó signos de desmejoría que debieron alertar a los profesionales responsables de su atención.
El juicio se desarrolla en un tribunal de San Isidro, cerca de Tigre, y además de Carlos Díaz tiene como acusados a otros seis profesionales de la salud.
Todos enfrentan acusaciones por homicidio con dolo eventual, figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían ocasionar la muerte de Maradona. De ser declarados culpables, arriesgan hasta 25 años de prisión.
El juicio comenzó en abril y podría concluir en octubre, luego de que varias de las defensas desistieran de algunos testigos con el objetivo de agilizar el proceso.
Olga Carolina Esquité, de 43 años, y su hija Natali Nicole Esquité, de 23, fueron asesinadas mientras laboraban en su negocio de venta de ropa usada, ubicado en la colonia Santa Fe, zona 13 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información proporcionada, ambas mujeres perdieron la vida de forma instantánea tras ser atacadas al interior del establecimiento comercial.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) desplegaron un operativo de seguridad y acordonaron ampliamente la escena, a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes.
Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque. Sin embargo, las primeras hipótesis apuntan a que podría estar relacionado con una extorsión que las mujeres presuntamente se habrían negado a pagar.
En Guatemala, las estadísticas oficiales reflejan que el delito de la extorsión continúa afectando al sector comercial y al transporte en el territorio nacional.
