Internacionales
Elecciones Presidenciales en Venezuela: Maduro busca su reelección pece a la crisis
Los venezolanos votaban este domingo en unos cuestionados comicios donde el presidente Nicolás Maduro busca reelegirse, pese la severa crisis que asfixia al país, el boicot de la oposición y el rechazo de gran parte de la comunidad internacional.
Tras votar en un colegio del oeste de Caracas, Maduro advirtió que hará «respetar aquí y en el mundo (…) la voluntad del pueblo», y exigió cesar la «feroz campaña» de Estados Unidos y varios gobiernos en su contra.
«Tu voto decide: votos o balas», añadió Maduro, vestido con una camisa roja distintiva del chavismo, al llamar a derrotar la abstención que promueve la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
A media mañana la afluencia era modesta. Unos 20,5 millones de electores están llamados a estos comicios adelantados y a una sola vuelta, que darán un mandato de seis años a partir de enero de 2019.
El jefe de campaña de Maduro, Jorge Rodríguez, aseguró que habían votado «más de 2,5 millones de personas» y auguró una buena participación. Pero había centros semivacíos, según recorridos de AFP en varias ciudades.
Apoyada por varios gobiernos, la MUD rechazó participar por considerar el proceso un «fraude» para perpetuar a Maduro. Pero el exchavista Henri Falcón se separó de sus filas y es el mayor rival del mandatario.
Con una oposición dividida y sus principales líderes inhabilitados o presos, y con un vasto poder institucional con los militares al frente, Maduro se encamina a un nuevo periodo, según expertos.
Casi todas las encuestas daban empate técnico entre Falcón y Maduro, pero una alta abstención favorecería al presidente, pues el chavismo tiene un voto duro de 25% del electorado.
«Yo no voy a participar en este fraude. Lo que vivimos es un desastre», dijo a María Barrantes, docente jubilada de 62 años.
Apagones; falta de comida, medicinas, transporte y agua; precios por las nubes con un ingreso mínimo que da para un kilo de leche en polvo, abruman al venezolano y cientos de miles emigraron en los últimos cuatro años.
«La economía no sirve»
Venezuela ha vivido en el gobierno de Maduro, exchofer de bus y sindicalista de 55 años en el poder desde 2013, una de las mayores crisis de la economía mundial en medio siglo, según el FMI, que estima la caída del PIB en 15% y la hiperinflación en 13.800% para 2018.
El país y la petrolera PDVSA fueron declaradas en default parcial en 2017, y la producción de crudo está en el peor nivel en tres décadas.
«La economía que tenemos hoy no nos sirve porque ha sido infectada de neoliberalismo, dijo Maduro al prometer cambios para traer «prosperidad».
Aunque 75% de los venezolanos rechaza su gestión, Maduro se beneficia de los leales al fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y de la dependencia que tienen sectores populares de programas sociales y clientelistas.
«La cosa está dura pero es culpa de la guerra económica», dice a AFP Rafael Manzanares, de 53 años, quien vive de la caja de alimentos subsidiados que vende el gobierno.
Falcón, exmilitar retirado de 56 años, propone dolarizar la economía, revertir expropiaciones y aceptar ayuda humanitaria.
«Mis cuatro hijos se fueron a Colombia para poder enviarme dinero», aseguró Maritza Palencia, de 58 años, quien votó por un «cambio».
En varias ciudades del mundo, migrantes venezolanos realizan pequeñas protestas para rechazar los comicios.
Muchos culpan al gobierno socialista de la debacle, y Maduro a una «guerra económica» de la derecha local aliada con Washington.
Ante miles de fieles concentrados en la Plaza San Pedro, el papa Francisco oró para que Venezuela tenga la «sabiduría» de «encontrar el camino de la paz y la unidad».
«Dizque elecciones»
Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE) y una docena de países latinoamericanos sostienen que la elección no es justa ni transparente y acusan a Maduro de socavar la democracia. El presidente reiteró que le «resbala» que le digan «dictador».
«Las dizque elecciones hoy en Venezuela no son legítimas», tuiteó este domingo Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado.
Casi todo el círculo del gobernante está sancionado por la UE y Washington, que sumó el viernes al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, a su lista de casi 70 autoridades venezolanas sancionadas -incluido Maduro-.
Estados Unidos, al que Venezuela vende un tercio de su producción de crudo, prohibió a sus ciudadanos negociar deuda venezolana y amenaza con un embargo petrolero.
«Donald Trump está decidido a aumentar la presión», cree el internacionalista Mariano de Alba.
Pero Maduro confía en que esos gobiernos finalmente lo reconocerán, en la ayuda de sus aliados China y Rusia, y en el apoyo, hasta ahora incondicional, de la cúpula militar.
«La crisis es tan severa que puede provocar o una fricción dentro de la alianza cívico-militar gobernante o una ruptura social de mayor escala», advirtió Crisis Group.
Más de 300.000 soldados custodian los 14.600 centros que cerrarán a las 18H00 locales (22H00 GMT).
Un hombre de 37 años procedente de la República Democrática del Congo (RDC), país que declaró una nueva epidemia de la enfermedad, «presentó síntomas como fiebre, cumpliendo la definición de caso sospechoso» de ébola, dijo en una nota el sábado la gobernación de Sao Paulo.
El paciente está «en aislamiento» por precaución en un instituto de infectología especializado pero los solicitudes no han confirmado la enfermedad, señalaron las autoridades.
Por otro lado, la secretaría de salud del estado de Río de Janeiro informó que activó medidas de seguridad por el caso de un hombre procedente de Uganda «con síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea».
La alcaldía de Rio dijo en un correo electrónico enviado a la AFP que el paciente dio positivo de malaria y «el caso sigue en investigación».
La RDC, uno de los países más pobres del mundo, declaró el 15 de mayo un nuevo brote de ébola que afecta a su vasto territorio de más de 100 millones de habitantes.
La OMS activó de inmediato una alerta sanitaria internacional.
En la RDC se han registrado 246 muertes entre más de 1.000 casos sospechosos, según el balance del jueves del África CDC, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).
El virus se ha detectado también en la vecina Uganda.
«La evaluación técnica indica que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil y en América del Sur permanece muy bajo», apuntaron las autoridades de Sao Paulo.
Los colombianos comenzaron a votar este domingo en las elecciones presidenciales que definirán si el país mantiene el respaldo a la izquierda en el poder o apuesta por un giro hacia la derecha, en un contexto marcado por la violencia y la polarización política.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abrió la jornada electoral acompañado de una de sus hijas e hizo un llamado a que el sufragio se ejerza de manera libre y sin presiones.
Sin posibilidad de reelección, Petro concluirá su mandato tras impulsar políticas enfocadas en la reducción de la pobreza monetaria, el hambre y el desempleo, además de la ampliación de programas sociales.
Según las encuestas citadas en el proceso electoral, el candidato oficialista Iván Cepeda encabeza la intención de voto. El senador propone dar continuidad a las políticas impulsadas por el actual gobierno en medio de una crisis fiscal y un recrudecimiento de la violencia.
Entre sus principales contendientes se encuentra Abelardo de la Espriella, quien mantiene un discurso crítico hacia la izquierda y ha centrado su propuesta en el combate al crimen organizado. También figura la senadora Paloma Valencia, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe.
Los sondeos anticipan que ningún candidato alcanzará los votos necesarios para obtener la victoria en primera vuelta, por lo que se prevé una segunda ronda electoral el 21 de junio.
La autoridad electoral informó que la jornada se extenderá hasta las 21:00 GMT y espera divulgar los resultados preliminares pocas horas después del cierre de las urnas. Asimismo, las autoridades desplegaron 408,000 miembros de la fuerza pública para garantizar la seguridad durante el proceso.
La campaña electoral se desarrolló en un ambiente de polarización política, marcado por atentados atribuidos a grupos armados, el asesinato de un aspirante presidencial y la ausencia de debates entre algunos de los principales candidatos.
En distintas regiones del país, ciudadanos expresaron su expectativa de que el próximo gobierno contribuya a mejorar las condiciones de seguridad y reducir los niveles de conflicto que afectan a varias comunidades.
El Congreso mexicano, dominado por el oficialismo, concluyó el viernes la aprobación de una reforma constitucional que busca anular elecciones en las que se compruebe que en el resultado influyó una intervención extranjera.
La iniciativa, lanzada por el partido Morena (izquierda), fue aprobada ayer en el Senado tras ser votada el jueves por los diputados, pero aún requiere de leyes secundarias para ser aplicada.
Por otro lado, el parlamento bicameral movió los comicios judiciales para 2028, una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Otra iniciativa presidencial que fue aprobada con el voto del oficialismo es la creación de una comisión dentro de la autoridad electoral que vete posibles vínculos de candidatos con el crimen organizado.
Tras la votación en el Sanado, el artículo 41 de la Constitución plantea ahora la nulidad de una elección cuando «se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados».
Esta reforma sobre injerencia despertó, no obstante, preocupación entre opositores y expertos, que alertan sobre la discrecionalidad de su aplicación.
Pero la propuesta complementaria que reformaba leyes secundarias relativas a las causales de nulidad de una elección fue retirada la tarde del jueves por Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena y autor del proyecto.
Esto deja a la reforma constitucional sin una normativa para aplicarse.
Monreal dijo que las leyes secundarias requieren de «un mayor periodo de reflexión» y de construir «consensos parlamentarios».
José Antonio Crespo, experto en materia electoral, dijo a la AFP que la propuesta original es «tan vaga» que puede ser utilizada como un «elemento de abuso», sobre todo por parte del oficialismo.
«Si se quiere incorporar un elemento de nulidad que tenga que ver con la intervención extranjera tendría que ser muy preciso», añadió.
De ser aprobadas las leyes secundarias, esta reforma sobre la intervención extrajera se aplicaría en las elecciones generales de 2030.
El próximo año México celebra comicios intermedios en las que se renovarán los 500 escaños de la Cámara de Diputados y numerosos cargos locales.
