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Juzgado Segundo de Paz de San Salvador decretó detención provisional para cinco exfuncionarios del FMLN por actos de corrupción
Esta mañana de miércoles el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador decretó detención provisional para cinco exfuncionarios del FMLN durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes, quienes son acusados de lavado de dinero y actos de corrupción. El caso pasará a etapa de instrucción.
Los exfuncionarios del FMLN son Violeta Menjívar, la exviceministra de Ciencia y Tecnología Erlinda Hándal e hija del fundador del partido de izquierda, Schafik Hándal; Calixto Mejía exdiputado y exviceministro de Trabajo, el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres y Hugo Flores, exviceministro de Agricultura.
Todos ellos fueron detenidos el pasado 22 de julio por la Policía Nacional Civil (PNC), con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte del operativo denominado «Operación Desfalco».
La FGR acusa a los exfuncionarios del delito de lavado de dinero para lo cual tienen como prueba los peritajes financieros, información de las instituciones del estado que dirigieron, entre otras pericias.
Según la Fiscalía, estas cantidades de dinero recibieron estos exfuncionarios como «bonos» o «bonos de retiro» a parte de su salario: Carlos Cáceres $210,000; Calixto Mejía $208,000; Violeta Menjívar $167,000; Erlinda Hándal $162,000 y Hugo Flores $174,000
Las autoridades también solicitaron a Interpol que se emitiera difusión roja contra e l expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén y el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, así como también contra Lina Pohl, exministra del Medio Ambiente y Guillermo López, exministro de Agricultura. Estos últimos también fueron parte del gabinete del expresidente Funes, por actos de corrupción.
Según la Fiscalía, Sánchez Cerén recibió hasta $530,000 en concepto de bonificaciones extra a su salario como vicepresidente de la República, durante la gestión de Funes. En el caso de Gerson Martínez, se le acusa de recibir $290,000 aparte de su salario como titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Lina Pohl, según la Fiscalía, recibió $177,000 aparte de su salario como funcionaria pública encargada de la cartera de Medio Ambiente, mientras que Guillermo López recibió $565,000 además de su salario como funcionario público.
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
