Judicial
Investigación a fiscales ligados al caso Corruptela podría dejar sin efecto el proceso judicial, advierte Funde
Investigación a fiscales ligados al caso Corruptela podría dejar sin efecto dicho advierte Funde
El caso Corruptela podría quedar impune a raíz de la investigación interna de los fiscales que condujeron las indagaciones y que estaban asignados al referido proceso judicial, según La Fundación Nacional para el Desarrollo y Transparencia Internacional (FUNDE)., que ha mostrado su preocupación por tal suceso.
Existe la posibilidad de que los testigos criteriados (imputados con beneficios penales) ya no declaren en el proceso judicial porque ellos mismos le pidieron al fiscal Melara que les retire esa condición, según lo expresado por el director ejecutivo de esa entidad, Roberto Rubio, en una carta enviada al fiscal general, Raúl Melara.
“Representa un riesgo para el debido procesamiento judicial del caso Corruptela porque los testigos criteriados ya no ofrecerán su declaración y porque los fiscales a cargo del mismo, podrían ser separados”, advirtió Rubio.
Dicho caso tiene que ver con supuesta red de corrupción que se habría enquistado en la Fiscalía General en la gestión del exfiscal Luis Martínez, quien guarda prisión quien guarda prisión este y otros que están ligados.
Además de Martínez, son procesados varios de sus colaboradores cercanos, entre exfiscales y exfuncionarios, el expresidente prófugo, Mauricio Funes; y hasta empresarios.
Rubio también demanda en que se dé “las garantías del debido proceso, la estabilidad en el cargo de los fiscales investigados, la no interferencia indebida en su trabajo y la integridad física a cargo del referido proceso de investigación”.
las investigaciones de los fiscales del caso Corruptela fueron abiertas por orden del actual fiscal Melara con base a peticiones de fiscales y personal administrativo de la Fiscalía que tienen calidad de imputados, pero que se les ha concedido criterio de oportunidad.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
