Judicial
“POR SATURACIÓN LABORAL”: Estancado el caso de mujer que fue asfixiada con una almohada mientras dormía
La saturación laboral del Juzgado Especializado de Instrucción para una vida Libre de violencia para las Mujeres, de Santa Ana, es la razón por la que el caso de Katherine Cárcamo, una joven de 27 años que fue asesinada presuntamente por su esposo Bryan Alexis Arévalo Flores no se ha resuelto.
Periodistas de El Salvador Times consultaron sobre la situación del caso y les comunicaron que aún no se ha trasladado el documento al Tribunal de Sentencia que se encargaría de desarrollar la vista pública contra Arévalo Flores, quien lleva preso más de un año.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), institución que acusa al hombre de feminicidio agravado, el pasado 22 de octubre de 2018 el juez decidió mandar a juicio al imputado. Sin embargo, seis meses después, no se ha determinado la fecha en la que se realizaría el mismo.
El día del crimen, la joven se encontraba durmiendo en su habitación, cuando Arévalo Flores la habría asfixiado con una almohada.
El caso tiene reserva total, pero se conoce que los hechos ocurrieron al mediodía del 22 de abril de 2018, en el interior de casa que Katherine compartía junto a su supuesto verdugo y la hija menor de edad de ella.
La residencia se encuentra en Ciudad Real, en San Sebastián Salitrillo, del departamento de Santa Ana. En ella hubo una discusión entre la pareja y, pese a que la niña se encontraba en una de las habitaciones de la casa, el hombre decidió terminar con la vida de la mujer.
La joven fue hallada muerta hasta dos días después del hecho en su vivienda. El cadáver estaba en una cama las autoridades determinaron que fue asfixiada.
El principal sospechoso fue su esposo, quien fue capturado la tarde del 30 de abril, cerca de la frontera San Cristóbal, en Santa Ana, cuando intentaba ingresar a Guatemala. Desde esa fecha, se encuentra bajo prisión, mientras el proceso en su contra continúa.
Inconformidad en la familia
Durante la audiencia preliminar se determinó que Arévalo Flores pasaría a la siguiente etapa del proceso en su contra: un juicio en un Tribunal de Sentencia, pero hasta el momento no se tiene una fecha.
En redes sociales se ha evidenciado el malestar que ha causado el atraso del proceso por parte de familiares de la víctima.
“Donde quiera que estés te digo que estamos luchando por hacer justicia, disculpa que el sistema judicial en este país es ineficiente, tu agresor aún no ha sido procesado y tememos que la Fiscalía termine sin presentar las pruebas necesarias para colocar una condena justa”, fueron las palabras hechas por Angélica, una prima de Katherine, quien a través de su cuenta de Facebook expresó su malestar.
El caso de esta víctima pasó a formar parte del listado de mujeres asesinadas en El Salvador. Desde que inició el 2018 hasta el mes en el que Katherine murió las autoridades tenían un registro de 143 sucesos de feminicidios.
Al finalizar el año pasado, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, señaló que entre enero y el 9 de diciembre se registraron 365 asesinatos de mujeres, pese a la cifra este indicó que los hechos de este tipo habrían disminuido.
Cotto señaló que hubo 81 acontecimientos menos que en 2017, pues de acuerdo a los registros en ese año hubo 446 crímenes registrados.
Nota tomada de El Salvador Times. Lea la nota original acá.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
