Judicial
“POR SATURACIÓN LABORAL”: Estancado el caso de mujer que fue asfixiada con una almohada mientras dormía
La saturación laboral del Juzgado Especializado de Instrucción para una vida Libre de violencia para las Mujeres, de Santa Ana, es la razón por la que el caso de Katherine Cárcamo, una joven de 27 años que fue asesinada presuntamente por su esposo Bryan Alexis Arévalo Flores no se ha resuelto.
Periodistas de El Salvador Times consultaron sobre la situación del caso y les comunicaron que aún no se ha trasladado el documento al Tribunal de Sentencia que se encargaría de desarrollar la vista pública contra Arévalo Flores, quien lleva preso más de un año.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), institución que acusa al hombre de feminicidio agravado, el pasado 22 de octubre de 2018 el juez decidió mandar a juicio al imputado. Sin embargo, seis meses después, no se ha determinado la fecha en la que se realizaría el mismo.
El día del crimen, la joven se encontraba durmiendo en su habitación, cuando Arévalo Flores la habría asfixiado con una almohada.
El caso tiene reserva total, pero se conoce que los hechos ocurrieron al mediodía del 22 de abril de 2018, en el interior de casa que Katherine compartía junto a su supuesto verdugo y la hija menor de edad de ella.
La residencia se encuentra en Ciudad Real, en San Sebastián Salitrillo, del departamento de Santa Ana. En ella hubo una discusión entre la pareja y, pese a que la niña se encontraba en una de las habitaciones de la casa, el hombre decidió terminar con la vida de la mujer.
La joven fue hallada muerta hasta dos días después del hecho en su vivienda. El cadáver estaba en una cama las autoridades determinaron que fue asfixiada.
El principal sospechoso fue su esposo, quien fue capturado la tarde del 30 de abril, cerca de la frontera San Cristóbal, en Santa Ana, cuando intentaba ingresar a Guatemala. Desde esa fecha, se encuentra bajo prisión, mientras el proceso en su contra continúa.
Inconformidad en la familia
Durante la audiencia preliminar se determinó que Arévalo Flores pasaría a la siguiente etapa del proceso en su contra: un juicio en un Tribunal de Sentencia, pero hasta el momento no se tiene una fecha.
En redes sociales se ha evidenciado el malestar que ha causado el atraso del proceso por parte de familiares de la víctima.
“Donde quiera que estés te digo que estamos luchando por hacer justicia, disculpa que el sistema judicial en este país es ineficiente, tu agresor aún no ha sido procesado y tememos que la Fiscalía termine sin presentar las pruebas necesarias para colocar una condena justa”, fueron las palabras hechas por Angélica, una prima de Katherine, quien a través de su cuenta de Facebook expresó su malestar.
El caso de esta víctima pasó a formar parte del listado de mujeres asesinadas en El Salvador. Desde que inició el 2018 hasta el mes en el que Katherine murió las autoridades tenían un registro de 143 sucesos de feminicidios.
Al finalizar el año pasado, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, señaló que entre enero y el 9 de diciembre se registraron 365 asesinatos de mujeres, pese a la cifra este indicó que los hechos de este tipo habrían disminuido.
Cotto señaló que hubo 81 acontecimientos menos que en 2017, pues de acuerdo a los registros en ese año hubo 446 crímenes registrados.
Nota tomada de El Salvador Times. Lea la nota original acá.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
